Agentes de los Mossos d’Esquadra llegaron a exigir “en tono amenazante” autorización judicial a los guardias civiles cuando éstos se disponían a entrar en los centros de votación el pasado 1-O para cumplir la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de impedir la votación, dado que el referéndum de autodeterminación había sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. La Policía de la Generalitat no sólo incumplió la instrucción del alto tribunal catalán sino que puso trabas a la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Ocurrió en el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Quercus de la localidad barcelonesa de Sant Joan de Vilatorrada, según expone la Guardia Civil en un atestado entregado al juzgado que investiga la inacción de los Mossos el 1-O. Los agentes detallan que, cuando llegaron a primera hora de la mañana, este colegio electoral permanecía “abierto”, “sin precintar” y con la presencia de unas “730 personas”.

Extracto del atestado en el que la Guardia Civil consigna lo ocurrido en el instituto de San Joan de Vilatorrada.

En un auto dictado el pasado 27 de septiembre, la magistrada de la Sala Civil y Penal del TSJC Mercedes Armas ordenaba a los Mossos, la Guardia Civil y la Policía Nacional que impidieran la utilización de edificios públicos para la preparación de la celebración del referéndum y que, el día elegido por el Govern para llevar a cabo la consulta, se impidiera su apertura o, en su caso, el cierre de aquellos que hubieran llegado a abrirse.

“Qué vergüenza”, le reprochaba una Mosso a guardias civiles cuando éstos intervenían en un centro de votación

Las evidencias y los indicios recabados por la Guardia Civil acreditan cómo la Policía Autonómica incumplió la orden judicial, objeto ya de investigación. “Durante el inicio del operativo dirigido a entrar en el local [el citado IES Quercus], dos agentes de Mossos d’Esquadra uniformados se interpusieron delante de la formación que avanzaba hacia la entrada del citado centro, empujando en sentido contrario al que avanzaba la formación”, precisa el informe.

Al ver a los agentes de la Policía Autonómica “increpar” a los guardias civiles y reclamarles a éstos autorización judicial para acceder al edificio, “una masa de 200 personas” empezó a gritar “Mossos, Mossos”. Éstos tuvieron que ser apartados para poder acceder al instituto, antes de proceder a la rotura de la puerta de cristal y de que desde dentro una persona arrojara una silla metálica a un sargento de la Guardia Civil que quedó aturdido durante unos minutos en el suelo debido al golpe recibido.

Éste es uno de los numerosos ejemplos que el Instituto Armado detalla en su atestado para certificar la “actitud pasiva” de la Policía de la Generalitat, a pesar de que ésta también tenía la orden expresa del TSJC de cerrar los centros y desalojarlos para evitar que se pudiera llevar a cabo la votación. Algunos de los Mossos son identificados por su número de placa, por lo que previsiblemente serán imputados por la comisión de un delito de desobediencia.

Una decena de policías autonómicos, impasibles ante una actuación de la Guardia Civil que se saldó con 10 agentes heridos

Entre los casos sobre los que llama la atención la Guardia Civil figura el registrado en el centro cívico de Villalba Saserra, pequeña localidad de la comarca barcelonesa del Vallés Oriental. Allí se habían concentrado unas 60 personas, que al ser requeridas para que facilitaran el acceso al centro empezaron a “gritar, insultar y agredir” a los agentes, que tuvieron que recurrir a la fuerza para habilitar un pasillo por el que pudiera entrar la Policía Judicial.

Los agentes destacan la actitud exhibida por una Mosso, que, lejos de colaborar en las tareas ordenadas por la magistrada del TSJC, se mostró abiertamente en contra de la actuación de la Guardia Civil y empezó a gritar “Quina vergonya (qué vergüenza)”. Esta policía es una de las identificadas por su inacción.

Tampoco encontraron colaboración los agentes que se personaron en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) La Roureda, de Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona). Diez guardias civiles resultaron heridos -uno de ellos como consecuencia de la “brutal patada” recibida en la cabeza- ante la resistencia de los concentrados a levantarse del suelo para que no se pudiera acceder al interior de este colegio electoral. La actuación se desarrolló “en presencia de unos 10 agentes de Mossos d’Esquadra, de los que no se tiene constancia que cumpliesen con su cometido, consistente en garantizar la seguridad ciudadana y, además, impedir la apertura del colegio”.

Mirando el móvil

Tampoco pasan por alto lo que ocurrió en la localidad tarraconense de San Carlos de la Rápita, cuando un vehículo de la Guardia Civil tuvo que marcharse precipitadamente mientras un grupo de personas apedreaba a los agentes. “En las inmediaciones del lugar se encontraban prestando servicio dos componentes uniformados del cuerpo de Mossos d’Esquadra que en el momento de la intervención, y tras solicitar su colaboración, mostraron una actitud pasiva, colocándose en todo momento distantes de la concentración de personas y de la fuerza allí presente, mientras manipulaban sus móviles permanentemente”.

“¿Por qué motivo? No molestan”, fue la respuesta que recibió un guardia civil de un Mosso cuando requirió su colaboración durante la intervención en el Ayuntamiento gerundense de La Tallada de l’Empordá, donde se concentraban unas 40 personas para impedir el paso a los agentes. El representante de la Policía de la Generalitat no sólo continuó “impasible” e “inactivo” sino que, como su compañero, terminó abrazando a “alguno de los agresores que participaron activamente en la resistencia”.

Tampoco fue más colaboradora la patrullada que se personó ante el Ayuntamiento gerundense de Siurana, donde los concentrados “impidieron físicamente y con gran resistencia” el trabajo de la Guardia Civil. El atestado detalla cómo uno de los Mossos allí destacados, “en lugar de contribuir al mantenimiento del orden público”, permaneció durante todo el tiempo grabando con un teléfono móvil la actuación policial, “ciertamente complicada y violenta” por la actitud de muchos de los partidarios del referéndum. Ese mismo funcionario de la Policía Autonómica “propinó un empujón” al oficial responsable del dispositivo, añade el informe.