El Juzgado de Primera Instancia 17 de Málaga ha admitido a trámite la demanda contra Podemos Andalucía presentada por Francisco Martínez Ávila -portavoz del partido instrumental Costa del Sol Sí Puede en Mijas- y Pedro Pérez Blanes -concejal de la formación en Fuengirola- en la que denuncian la ausencia continuada en el tiempo de una Comisión de Garantías Democráticas en la formación, las “situaciones de coacción, acoso y derribo, amenazas y bullying” derivadas de esta situación, así como la posible nulidad de la II Asamblea Ciudadana Andaluza que renovó el liderazgo de Teresa Rodríguez en el partido.

Las acusaciones se fundamentan en un escrito presentado el pasado mes de diciembre por la vía contenciosa, al que ha tenido acceso El Independiente, y recuperado después en la vía civil. El juzgado de Málaga ha acordado admitir la demanda a trámite y “sustanciar el proceso por las reglas del juicio ordinario”. En el documento original aparecía también como demandante el diputado autonómico Félix Gil, ahora fuera del procedimiento.

La demanda detalla que los miembros de la citada Comisión de Garantías Democráticas (CGD) de Podemos Andalucía presentaron su dimisión el día 4 de julio de 2015, quedando este órgano vacío y vacante hasta la celebración de la Asamblea, 16 meses más tarde, en noviembre de 2016, en la que se eligió tanto a los miembros del Consejo Ciudadano Autonómico como a los de la Comisión de Garantías Democráticas.

Los demandantes consideran nulos los efectos de la Asamblea de Podemos Andalucía

Los demandantes apelan a la ilegitimidad de esa convocatoria, al no existir una CGD encargada de vigilar esas votaciones y garantizar “la transparencia de las mismas, el respeto a los principios de participación democrática y garantizando de forma efectiva el derecho al sufragio activo y pasivo de todos los afiliados, siendo la existencia de dicha CGD, durante el tiempo que dura el proceso de primarias, una exigencia imperativa de los propios estatutos de Podemos, y ello por mandado expreso del artículo 6 de la Constitución Española”.

“Aparte de la situación de inexistencia de la CGD, se da la circunstancia de que la convocatoria de la II Asamblea Ciudadana Andaluza adolece del defecto de ilegitimidad en cuanto que el órgano convocante, la propia Secretaría de Organización de Podemos Andalucía, carece de competencias para hacerlo, siendo el órgano legitimado para efectuar dicha convocatoria el Consejo Ciudadano Territorial”, abunda el escrito admitido a trámite por el Juzgado de Primera Instancia 17 de Málaga.

Coacciones, amenazas y bullying

El escrito detalla además que la ausencia continuada de una CGD dejó a miembros del partido expuestos a “situaciones de coacción, acoso y derribo, amenazas y bullying desde ciertos sectores del partido hacia los afiliados, cargos públicos o internos que únicamente aspiran a servir a los ciudadanos sin abrazar los planteamientos políticos de los primeros”. “Y todo ello sin que nadie dentro del partido mueva un dedo para evitar estas situaciones”, incide el documento.

Según la demanda, la inexistencia de la Comisión dejó sin investigar situaciones de acoso y coacciones dentro del partido

Los demandantes subrayan varias situaciones concretas en las que la ausencia de la citada comisión se hizo especialmente notable. Por ejemplo, el caso de la secretaria general de Podemos en Jaén, Trinidad Ortega, que denunció ante la Policía el 11 de febrero de 2016 “acoso, coacciones, insultos y escraches en la puerta del domicilio familiar, llevados a cabo por integrantes del partido, adscritos a determinados movimientos políticos”.

Ortega se dirigió posteriormente a la Comisión de Garantías Democráticas, adjuntando la denuncia. Al estar vacante, “se acusó recibo de la misma a través de la respuesta automática del e-mail de destino”. Sin embargo, “dado que esta no existe”, hasta la fecha de la presentación de la demanda no se había hecho “absolutamente nada al respecto por parte del partido, ni se ha aperturado expediente disciplinario ni se ha sancionado o expulsado a los responsables”.

En declaraciones al diario Sur, portavoces del partido en Andalucía han mostrado su confianza en que el proceso “quedará en nada” y defendieron, como ha hecho la propia Rodríguez durante meses, que la convocatoria y desarrollo de la II Asamblea Ciudadana Andaluza se realizó “con la más absoluta legalidad”.