El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha puesto sobre la mesa del Gobierno cuatro condiciones para desactivar la declaración de independencia y convocar elecciones autonómicas, finalmente descartadas tras su intervención este jueves en la sede del Palau de la Generalitat: levantamiento de las imputaciones por delitos relacionados con la organización de la consulta del 1-O, libertad para las cabezas visibles de los movimientos sociales, ANC y Òmnium; no aplicación del artículo 155 de la Constitución y regreso de las unidades especiales de Policía y Guardia Civil destacados en Cataluña.

Levantamiento de imputaciones

Se refiere a los 14 altos cargos del Govern detenidos el pasado 20 de septiembre por la Guardia Civil en una operación ordenada por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. Entre los arrestados se contó el número dos de Oriol Junqueras en la consejería de Economía y Hacienda, Josep María Jove, en casa del cual se encontraron relevantes documentos sobre la hoja de ruta independentista.

Los detenidos están investigados por la organización del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre y por la posible malversación de fondos destinados a su logística. Esta operación, que se instruye desde el mes de febrero, arrancó a raíz de la conferencia en la que el ex senador de ERC, Santiago Vidal, aseguraba que la Generalitat contaba con partidas ocultas para financiar la independencia y que manejaba ilegalmente datos del censo electoral.

Durante la instrucción se han intervenido numerosas conversaciones telefónicas, en las que algunos implicados daban por segura la connivencia de los Mossos d'Esquadra con el proceso independentista.

Libertad para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart

Los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural permanecen en prisión preventiva en Soto del Real acusados de un delito de sedición, por su arenga a las protestas que trataron de impedir el trabajo de la Guardia Civil y de la comitiva judicial, precisamente, el pasado 20 de septiembre.

Las movilizaciones en la calle exigiendo la liberación de los Jordis han sido masivas desde su encarcelamiento. Todos los miembros del Govern lo han reclamado y el propio Puigdemont lo ha vuelto a pedir este jueves como condición para la negociación y la convocatoria de elecciones. En la reunión del Govern que se alargó hasta la madrugada de este jueves, incluso, se leyó una carta enviada por ambos líderes soberanistas desde prisión.

Anular la aplicación del 155

Ha sido el argumento principal esgrimido por Carles Puigdemont para retirar su propuesta de convocatoria de elecciones. El presidente de la Generalitat pretendía la anulación completa del artículo 155 y de su tramitación. Este compromiso no ha llegado. En su lugar, el PSOE había propuesto una enmienda al acuerdo del consejo de ministros que preveía suspender la aplicación del 155 en el caso de que se convocaran elecciones autonómicas.

El gobierno, en todo momento, ha preferido esperar a escuchar la declaración institucional de Carles Puigdemont, en la que ha vuelto a apelar a la falta de voluntad de diálogo para avanzar hacia la declaración unilateral de independencia en el Parlament.

Retirada de los efectivos extra de Policía y Guardia Civil

Es otra de las reclamaciones clásicas del independentismo, asumida también por Podemos tras el 1 de octubre: que las efectivos extra de Policía y Guardia Civil desplazados a Cataluña abandonen inmediatamente la comunidad autónoma. El Gobierno no tiene ninguna intención de cumplir con esta exigencia: no confía en su interlocutor y considera clave la presencia de unidades en infraestructuras básicas como puertos y aeropuertos si llegara el caso de que la independencia se proclamara de manera unilateral.