El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de amparo formalizado este viernes por el PSC contra la admisión a trámite por el Parlament de la propuesta de Junts pel Sí y la CUP que ha dado pie a la declaración unilateral de independencia y suspenderá en los próximos días los efectos de esta resolución, como han solicitado los socialistas.

La Sala Segunda de la Sección Cuarta del TC accede a entrar en el fondo al apreciar que concurre «una especial trascendencia constitucional», dado que el recurso «plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal», pudiendo tener el caso planteado «unas consecuencias políticas generales».

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En cuanto a las medidas cautelares solicitadas, los magistrados rechazan la medida cautelarísima de suspensión del pleno -ya celebrado cuando el TC ha anunciado la admisión a trámite del recurso- pero sí acceden a que se abra una pieza separada para decidir la suspensión provisional de los efectos que pudieran tener los acuerdos combatidos. Para ello, concede un plazo de tres días al fiscal y a las partes personadas para que se pronuncien.

El PSC ha presentado un recurso en el que pide al TC que suspenda de forma cautelar la tramitación de la declaración de independencia de Cataluña y la proclamación de una república que los grupos de Junts pel Sí y la CUP han aprobado este viernes en el pleno del Parlament, horas antes de que el Gobierno empiece a poner en marcha las medidas en aplicación del artículo 155. Los socialistas solicitaban al TC que adopte ésta y las medidas cautelares que considere pertinente en la misma admisión a trámite al tratarse de un supuesto de «urgencia excepcional».

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Tras no ser admitida su petición de reconsideración de la iniciativa, el PSC ha optado por combatir en amparo el acuerdo adoptado este viernes por la Mesa de la Cámara autonómica por el que dio trámite a las propuestas de resolución firmadas por ambos grupos relativas a la ‘Declaración de los representantes de Cataluña’ y al ‘Proceso constituyente’, al entender que es un ataque frontal a la Constitución y supone la «aniquilación» del derecho de los diputados a que los trámites parlamentarios se ajusten a lo establecido en el Reglamento del Parlament.

Por ello, la formación que lidera Miquel Iceta pide al Constitucional que no permita la tramitación de la mencionada iniciativa y que se declare la nulidad de «cualquier actuación posterior». Y, de forma particular, «que no procede una declaración formal de independencia de Cataluña ni cualquier iniciativa análoga».

Los socialistas dicen que la admisión de la iniciativa para la declaración de independencia es «ignorar a sabiendas» las resoluciones del TC

El recurso llama la atención sobre el hecho de que, pese a que el TC suspendió las leyes de desconexión al admitir a trámite los recursos del Gobierno y el referéndum, el Gobierno de la Generalitat «siguió adelante» con la organización de la convocatoria del 1-O, que «no contaba con las mínimas garantías necesarias, no cumplía con los estándares internacionales en materia de procesos electorales, ni seguía con las recomendaciones del Código de buenas prácticas en materia de referéndum de la Comisión de Venecia».

Ahora, el PSC considera que la iniciativa que los grupos independentistas pretenden votar supone la vulneración de más de una docena de artículos de la Constitución y de preceptos del propio Estatuto de Autonomía de Cataluña. «Nos encontramos, por tanto, ante una iniciativa totalmente incompatible desde su fundamento con un ordenamiento constitucional y estatutario que es precisamente del que traen causa las instituciones catalanas, y cualificadamente el Parlamento de Cataluña, y del que se deriva su propia legitimidad democrática», defiende.

Los socialistas no tienen dudas de que la admisión de las iniciativas por parte de la Mesa supone «ignorar a sabiendas» los autos y sentencias del TC en los que les reiteraba la obligación de paralizar cualquier iniciativa relativa a una eventual independencia de Cataluña y «a sabiendas del quebrantamiento radical del ordenamiento constitucional» que representa por su intención de «dejar sin vigencia la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña».

Carme Forcadell y otros cuatro miembros de la Mesa del ‘Parlament’ ya son investigados por prevaricación y desobediencia

También cercenaría, a juicio del PSC, el derecho de los diputados del Parlamento de Cataluña a «ejercer los cargos y funciones públicas en condiciones de igualdad» y «sin perturbaciones ilegítimas», por lo que pide la nulidad de la iniciativa a debatir.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros Lluis Guinó, Anna Simó, Joan Josep Nuet y Ramona Barrufet ya están siendo investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la posible comisión de delitos de prevaricación y desobediencia al admitir la tramitación de las leyes de desconexión. El alto tribunal catalán, dada la condición de aforados de los querellados, abría diligencias tras admitir la querella presentada por la Fiscalía el pasado 8 de septiembre.

En opinión del Ministerio Público, los querellados impulsaron con su modo de proceder un trámite «constitucionalmente ilegítimo», «viciado de raíz» por falta de competencia, «extravagante de las genuinas funciones parlamentarias de las que estaban investidos» y «lesivo» para el ejercicio de la función parlamentaria de los demás diputados, «que no estaban dispuestos a aceptar tan extrema tergiversación de sus atribuciones y del derecho de los propios ciudadanos a participar en los asuntos públicos. De resultar condenados, las penas serían de inhabilitación, no de prisión.