La Guardia Civil se han presentado este martes en diversas comisarías y centros de coordinación de los Mossos d'Esquadra en busca de comunicaciones realizadas durante el 1-O. La operación forma parte de la investigación que lleva a cabo el Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional en torno a la supuesta inacción de la Policía de la Generalitat durante el referéndum ilegal.

Los agentes se han personado en seis comisarías, en concreto en el complejo Egara, la sede central de los Mossos, situada en Sabadell (Barcelona), así como en las salas de mando de las comisarías de Girona, Manresa, Sant Feliu de Llobregat y Granollers, estas tres en la provincia de Barcelona, y también en Tortosa (Tarragona). La Guardia Civil actúa como Policía Judicial y sus actuaciones están dirigidas por el juzgado del que es titular la magistrada Carmen Lamela.

Se trata de la primera operación que despliegan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desde que el Ministerio que dirige Juan Ignacio Zoido asumió las competencias de Interior en Cataluña dentro de las medidas autorizadas por el Senado al Gobierno en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Es la primera operación que desarrolla la Guardia Civil desde que el Ministerio del Interior asumió las competencias en Cataluña

Hace apenas dos semanas, la Guardia Civil también registró la sede del 112 de Reus para recoger las grabaciones de las llamadas realizadas durante la celebración del referéndum del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional. La actuación, en este caso, se enmarcaba en el procedimiento que instruye un juzgado de Gandesa (Tarragona), pero también para investigar sobre la supuesta inacción de los Mossos d’Esquadra el día de la consulta.

En concreto, los agentes buscaban las grabaciones de las conversaciones de los Mossos d’Esquadra el pasado 1 de octubre, así como las instrucciones que daban por el servicio interno de comunicaciones por radio.

El juez ordenó estas diligencias para averiguar, entre otros aspectos, si los Mossos tuvieron una actitud pasiva a la hora de cumplir la resolución judicial que les obligaba a impedir la votación y si hicieron un seguimiento de las intervenciones que efectuaron la Guardia Civil y la Policía Nacional para cumplir con el mandato judicial, según las fuentes.