La Audiencia Nacional ha citado a declarar a final de semana en calidad de investigados a Carles Puigdemont y los integrantes de su Gobierno tras admitir a trámite la querella por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos interpuesta este lunes por la Fiscalía General del Estado. El ex president y sus consellers, que serán detenidos si no se presentan ante la magistrada Carmen Lamela, tienen tres días de plazo para depositar una fianza de 6,2 millones de euros si no quieren ver embargados sus bienes.

La primera reacción del presidente destituido ha sido negar haber recibido la citación de la juez, en palabras que ha recogido La Sexta.

En un auto dictado este martes, la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional se declara competente para investigar los hechos que de manera “seria, racional y lógica” ha llevado al Ministerio Público a calificarlos provisionalmente como constitutivos de un delito de rebelión y que absorbería los de sedición, desobediencia y prevaricación. La instructora incorpora la querella a la causa por sedición que abrió el pasado 27 de septiembre -en la que están imputados el ex mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero; los líderes de ANC (Jordi Sànchez) y Òmnium (Jordi Cuixart), ambos en prisión preventiva- y la intendente Teresa Laplana- y acuerda abrir una pieza separada.

La resolución de Lamela se produce horas después de que el Tribunal Supremo admitiera también a trámite la querella que, por los mismos ilícitos, ha presentado la Fiscalía contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los otros cinco miembros de la Mesa que admitieron la tramitación de la iniciativa que posibilitó el pasado viernes la votación y declaración unilateral de independencia. El alto tribunal abre la puerta a investigar los hechos como conspiración para la rebelión.

Partiendo del relato que hace el fiscal en su escrito, la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional expone que los hechos investigados iban dirigidos a proclamar una República catalana “en una conducta que va encaminada o dirigida a romper la organización territorial del Estado”. Por ello, invocando el artículo 65.1 a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Lamela zanja las dudas sobre su competencia para conocer los hechos denunciados por el Ministerio Público y recuerda que, cuando se trata de “un atentado contra la forma de Gobierno”, el órgano jurisdiccional competente es la Audiencia Nacional.

Lamela cree que los querellados “urdieron una estrategia” para el movimiento secesionista con “reparto de papeles”

Lamela concluye que del relato del fiscal se desprende que los querellados “urdieron una estrategia de lo que habría de ser todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles entre sus autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independientes (ANC y Òmnium), que llevaron a la celebración del Referéndum ilegal el día 1 de octubre y a la declaración de independencia aprobada en el Parlamento el pasado día 27 de octubre”.

Por ello, a la espera de que el avance de la instrucción le permita calificar jurídicamente los hechos, la juez admite la querella “en los términos planteados” por el Ministerio Público al considerar que el fiscal expone los motivos que le lleva a describir los motivos como rebelión de manera “seria, racional y lógica”.

La instructora ha señalado el 2 y 3 de noviembre para tomarles declaración a Puigdemont, Oriol Junqueras y los ex consellers Jordi Turull, Raül Romeva, Meritxell Borràs, Clara Ponsatí, Joaquim Forn, Antoni Comín, Josep Rull, Lluis Puig, Carles Mundó, Dolors Bassa y Meritxell Serret y Santi Vila. La duda es si la Fiscalía pedirá la adopción de medidas cautelares de carácter personal ante la gravedad de los hechos y la severidad de las penas con que se castigan los delitos objeto de la investigación.