La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decidido enviar a prisión sin fianza a los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, investigados por un delito de sedición durante el acoso a la Guardia Civil en los registros a la Consejería de Economía y Hacienda de la Generalitat del 20 y 21 de septiembre. La magistrada del Juzgado Central de Instrucción 3 considera que ambos fueron los “principales promotores y directores” de las concentraciones destinadas a entorpecer e impedir la labor de la Guardia Civil.

Lamela ha atendido así la petición formulada por la Fiscalía, necesaria -en su opinión- para conjurar el riesgo de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas por parte de los investigados. Son los dos primeros líderes que ingresan en prisión preventiva por su relación con el proceso independentista y la celebración del referéndum de autodeterminación.

En su auto, la juez describe el papel esencial ejercido por Sánchez y Cuixart no sólo en las protestas de los días 20 y 21, sino también en la hoja de ruta independentista diseñada por la Generalitat de Cataluña. Y ya lo dejaba entrever en el auto en el que, horas antes, decretaba la libertad con medidas cautelares para el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero.

“Cobra especial importancia el papel que los dos investigados tuvieron en los hechos objeto del presente procedimiento, participando activamente en la convocatoria de las concentraciones que tuvieron lugar los días 20 y 21 de septiembre, alzándose además como los principales promotores y directores, manteniéndose al frente de las mismas durante todo el día, llevando la iniciativa en una pretendida negociación con los guardias civiles, alentando y dirigiendo la acción de los congregados, incitándoles a permanecer en el lugar e impartiéndoles órdenes de la actuación a realizar en cada momento”, detalla la instructora.

Lamela atiende la petición del fiscal por riesgo de destrucción de pruebas y posible reiteración delictiva

Lamela detalla que los líderes soberanistas realizaron, a través de ANC y Òmnium, un llamamiento “no a una concentración o manifestación pacíficas, sino para la ‘protección’ de sus gobernantes e instituciones, mediante movilizaciones ciudadanas masivas, frente a los lugares donde se estaban llevando a cabo actuaciones policiales”. “En algunas de ellas -prosigue la resolución- se expresaba incluso que las concentraciones que existían eran ‘para parar a la Guardia Civil’, como expresa, por ejemplo, el mensaje de WhatsApp de Òmnium de fecha 20 de septiembre, enviado sobre las 08.50”.

Los informes policiales recogen que algunos de los manifestantes congregados participaron en el pinchado de ruedas y el destrozo de tres vehículos de la Guardia Civil, que fueron rodeados y asaltados. También que miembros de la ANC organizaron puestos de voluntarios en los que se organizaban turnos para, entre otras cosas, establecer un cordón humano que impidiera la salida del edificio de la Guardia Civil con los detenidos en el registro.

La juez dice que Jordi&Jordi fueron los “principales promotores y directores” de las concentraciones ante la Generalitat

Posteriormente, tanto Sánchez como Cuixart trataron de ejercer de interlocutores con los agentes de la Guardia Civil, a quienes aseguraban que podían controlar a los manifestantes y con quienes trataron de negociar “al menos cinco veces”, planteando diferentes opciones “que les convenían exclusivamente para sus fines políticos”. Tanto el líder de ANC como el de Òmnium se dirigieron de hecho a los congregados, desde el capó de un coche de la Guardia Civil, animando a continuar con la movilización durante la noche.

La responsabilidad en los hechos que se investigan de los líderes de ANC y Òmnium alcanzan a la jornada del 1-O, cuando a través de las redes sociales volvieron a hacer llamamientos a la población para que permanecieran en los colegios electorales y presentaran resistencia a las actuaciones con las fuerzas de seguridad del Estado trataban de impedir que se llevara a cabo la votación.

Impulsar el referéndum

“Todos estos hechos de carácter objetivo ponen de manifiesto en este momento que la actuación de ambos investigados, apelando a la residencia, estaba orientada a impedir la aplicación de la Ley y de las resoluciones dictadas por una autoridad en el seno de un procedimiento judicial, como medio para impulsar y asegurar la celebración del referéndum ilegal de independencia y con ello la proclamación de una república catalana, independiente de España, contraviniendo con ello la Constitución española”, concluye.