La magistrada Carmen Lamela ha rechazado este lunes enviar a prisión preventiva al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, si bien le retira el pasaporte y le obliga a comparecer en el juzgado cada dos semanas por su responsabilidad en la posible comisión de un delito de sedición. La instructora toma ahora declaración a los líderes de las organizaciones soberanistas Asociación Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural -Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente- y con posterioridad acordará con toda seguridad medidas cautelares contra ellos.

La titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional ha tomado esta decisión tras tomar declaración durante casi dos horas a Trapero, máximo responsable operativo de la Policía de la Generalitat. Lamela aprecia indicios de la participación del mayor de los Mossos en los hechos que investiga tras la denuncia presentada por el fiscal Miguel Ángel Carballo el pasado 22 de septiembre y por ello ha adoptado la adopción de medidas cautelares, si bien no de naturaleza personal como pedía el Ministerio Público.

Según detalla la magistrada en el auto, la actuación de Trapero en los hechos sucedidos los días 20 y 21 de septiembre a las puertas de la Consejería de Economía y Hacienda durante los registros y detenciones practicados por orden judicial “no aparece todavía suficientemente perfilada” en lo investigado hasta ahora, por lo que en este momento no se justifica la privación de libertad del alto mando policial. Lamela deja claro que tan sólo se investigan por ahora estos hechos y no la presunta pasividad de los Mossos el día del referéndum de autodeterminación, lo que necesariamente tendrá que conllevar una ampliación de la denuncia por parte del Ministerio Público.

“Los acontecimientos sucedidos antes y después de la citada fecha podrán tenerse en cuenta para clarificar y entender lo realmente sucedido los días 20 y 21 de septiembre y determinar cuál pudiera ser el ánimo que presidía la actuación de los investigados, pero no para determinar en este momento nuevas imputaciones frente a aquéllos”, argumenta.

La juez cree que no está aún “suficientemente perfilada” la actuación de Trapero en las algaradas ante la sede de Economía

Durante el interrogatorio, Trapero ha asegurado que abrieron pasillos para la salida de los detenidos y de la comisión judicial que “luego no fueron utilizados en los momentos en que estaban previstos” y que no se disolvió a la muchedumbre que se concentró a las puertas de este departamento de la Generalitat para evitar “una grave alteración del orden público”. Las explicaciones del mayor de los Mossos coinciden, al menos en parte, con lo declarado este mismo lunes por dos tenientes de la Guardia Civil y la letrada de la Administración de Justicia que participaron en la práctica de la citada diligencia.

La instructora reconoce que los hechos son “muy graves” y que los investigados podrían enfrentarse a penas de hasta 10 años, si bien considera que tanto Trapero como la intendente Teresa Laplana -también imputada en la causa y a la que también ha retirado el pasaporte tras declarar en la mañana de este lunes a través de videoconferencia- “tienen residencia y domicilio conocidos y trabajo estable”. Por lo que se ha avanzado hasta ahora en la investigación, añade la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, “no existe peligro de reiteración delictiva” como apreciaba el fiscal.

La instructora indica que, por ahora, no investiga la inacción de los Mossos el día del referéndum

Lamela trata de determinar si los Mossos se mostraron inactivos tanto para garantizar la seguridad de la comitiva judicial durante los registros practicados en la sede de Economía y Hacienda el pasado 20 de septiembre, lo que llevó al titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona a llamar telefónicamente al mayor de la Policía Autonómica para que desplegara el operativo necesario que permitiera a los guardias civiles y a los funcionarios judiciales abandonar el edificio ante la multitud de personas partidarias de la independencia que se concentraba a las puertas. La secretaria judicial, de hecho, llegó a huir a través de la azotea.

A través de su perfil oficial de Twitter, la Policía de la Generalitat ha vuelto a rechazar las acusaciones por su actuación en los incidentes del pasado 20 de septiembre: “Continuaremos demostrando con pruebas que las graves acusaciones que nos atribuyen no se ajustan a la realidad”.

La decisión procesal sobre Trapero se producía horas antes de que la juez Lamela tomara declaración a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de la ANC y Òmnium, respectivamente, y a los que ha mandado a prisión sin fianza tras la petición de la Fiscalía. La magistrada ya había llamado la atención en un auto dictado la pasada semana el papel “esencial” de ambos líderes soberanistas en el diseño y ejecución del proceso independentista.