La Audiencia Nacional ha rechazado inhibirse en la causa en la que se investiga un posible delito de sedición por el acoso sufrido por la Guardia Civil durante los registros practicados el pasado 20 de septiembre en la Consejería de Economía y Hacienda y que sea un juzgado de Barcelona el que se haga cargo del procedimiento, como habían pedido los líderes de las organizaciones soberanistas Asociación Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. La magistrada Carmen Lamela avala los indicios recabados por la Guardia Civil y atribuyen un papel “esencial” en el diseño y ejecución del proceso independentista a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, citados nuevamente a declar este lunes junto con el mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero.

En un auto fechado este miércoles, la titular del Juzgado Central 3 de Instrucción de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, desestima la pretensión de Jordi Sánchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium). Éstos consideraban que este órgano judicial no es competente para investigar el delito de sedición, alegando que la totalidad de las sentencias dictadas por los tribunales españoles en relación con este ilícito penal fueron dictadas por audiencias provinciales en procedimientos instruidos por juzgados de instrucción.

Lejos del planteamiento de los promotores independentistas, la magistrada Lamela recuerda que todas las denuncias y querellas por sedición relacionadas con el proceso independentista catalán “han sido conocidas por los Juzgados Centrales de Instrucción, no ajustándose a la realidad la afirmación que se realiza en el sentido de que todos los autos dictados declaren el sobreseimiento del asunto sin haberse adoptado diligencia de investigación alguna”.

La juez Lamela rechaza que las concentraciones ante Economía fueran una protesta ciudadana convocada pacíficamente

Entrando en el fondo de los hechos, la instructora también cuestiona abiertamente el argumento esgrimido por Sánchez y Cuixart en el sentido de que las concentraciones ante Economía y Hacienda fueron una protesta ciudadana convocada pacíficamente, por cuanto la verdadera finalidad de aquella manifestación multitudinaria era que se pudiera celebrar el referéndum de autodeterminación el pasado 1-O, que había sido suspendido tres semanas antes por el Tribunal Constitucional.

“Los hechos acaecidos no suponen un hecho aislado, como quieren hacer parecer las partes que proponen la cuestión de competencia, sino que se enmarcan dentro de una estrategia compleja con la que desde hace tiempo vienen colaborando los investigados Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, en ejecución de la hoja de ruta diseñada para llegar a obtener la independencia de Cataluña y donde ambos forman parte de un comité estratégico con unas funciones concretas a ejecutar”.

Movilizar a los “indecisos”

Como ha puesto de manifiesto en sus atestados la Guardia Civil, que les sitúa en el mismo plano decisorio que Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, la actividad de los presidentes de ANC y Òmnium resultaba “esencial” para “dirigir todas las sinergias independentistas en una misma dirección que culminase con la movilización de la totalidad de la sociedad catalana que comulgaba con la tesis soberanista y que esta movilización fuera de tal envergadura que pudiese arrastrar a la masa de indecisos hacia sus intereses independentistas”.