La Policía ha detenido este viernes al comisario ya jubilado José Manuel Villarejo en el marco de una operación con la que se busca desmantelar una organización criminal cuyo principal objetivo es la reintroducción en España y otros países de la Unión Europea de fondos procedentes de actividades ilícitas vinculadas a la corrupción internacional en los negocios. A los arrestados, entre los que también se encuentra el ex comisario de Barajas Carlos Salamanca, se les investiga por la posible comisión de delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, cohecho y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Coordinada por la Fiscalía Anticorrupción bajo autorización del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, en labores de refuerzo de Instrucción 3, la denominada Operación Tándem prevé la detención de seis personas en total y el registro de más de una decena de domicilios y sedes de empresas en las provincias de Madrid, Málaga y Valencia.

Entre los arrestados se encuentra también la mujer de Villarejo, Gemma Isabel Alcalá, imputada en la pieza del caso Pequeño Nicolás en la que se investiga la grabación y posterior difusión de una reunión entre policías y agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en octubre de 2014; el hijo del ex comisario, José Manuel Villarejo Gil, y el abogado y socio Rafael Redondo. Éste ha sido detenido en la mañana de este sábado tras regresar de Panamá.

Según ha confirmado Anticorrupción, entre los detenidos se encuentran los dos citados comisarios del Cuerpo Nacional de Policía que, “prevaliéndose de las funciones propias de sus respectivos cargos policiales, especialmente sensibles para la seguridad nacional, habrían recibido elevadas sumas de dinero y regalos suntuarios diversos a cambio de la prestación de servicios especializados de inteligencia, y de facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio español”.

Entre los arrestados en la ‘Operación Tándem’ se encuentra también Carlos Salamanca, ex comisario del aeropuerto de Barajas

José Manuel Villarejo (El Carpio, Córdoba, 1951) es uno de los comisarios que más protagonismo ha tenido en los medios de comunicación en los últimos años. Se trata de uno de los mandos implicados en la llamada ‘guerra policial’ desatada durante la pasada legislatura y agente encubierto en algunas de las operaciones más importantes de los últimos años como la que permitió que se conociera el patrimonio oculto de la familia Pujol. Jubilado desde agosto de 2016, Villarejo sigue siendo noticia, ahora por su detención.

El ex comisario mantiene un público enfrentamiento con el director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán, al que acusa de una “implacable persecución” a raíz de la presentación de escritos policiales denunciando “conductas irregulares o ilícitas”. Entre otros, los hechos relativos con “las sociedades que intervinieron en la contratación del Yak-42”, “prostíbulo chino cerca del Congreso para espiar a políticos clientes”, la “extraña muerte de un magistrado incómodo por un raro infarto”, el “entorpecimiento de la investigación sobre Ignacio González alegando que era un informador suyo”, el “boicot a la investigación sobre los Pujol”, el “uso de la Policía bajo control del CNI para labores políticas”, el “pago ilegal a terroristas para liberar a secuestrados nacionales”, la “pérdida de fondos reservados en pagos sin justificar”, el “uso de informes del Sepblac [Servicio de Prevención de Capitales del Banco de España]” o la “filtración de conversación del ministro del Interior”.

De los Pujol al ‘caso Elisa Pinto’

Villarejo se encuentra actualmente imputado en la causa en la que se investiga el presunto apuñalamiento de la conocida dermatóloga madrileña Elisa Pinto, después de que ésta lo identificara en una rueda de reconocimiento como la persona que le agredió. El controvertido ex comisario de Policía también ha sido denunciado por el ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional Marcelino Martín-Blas por la redacción de unas notas informativas en las que le acusaba de despreciar relevantes líneas de investigación sobre el patrimonio de la familia Pujol. Esas notas han sido aportadas al procedimiento que se instruye en Andorra contra Martín-Blas.