La defensa de los ex consellers de Presidencia y Territorio Jordi Turull y Josep Rull han pedido a la Audiencia Nacional que los ponga en libertad, alegando que han acatado «expresamente» las medidas del artículo 155 como el resto de miembros del Govern cesado, sin promover ninguna «resistencia».

Los ex consejeros de Presidencia y Territorio respectivamente encabezan la candidatura de Carles Puigdemont a las elecciones del 21-D junto al ex president y la ex consellera Clara Ponsatí, también huida en Bruselas, además del ex presidente de la ANC, Jordi Sánchez. Una candidatura que según Puigdemont busca reestablecer el «legítimo gobierno» de la Generalitat en las urnas y que ha denunciado como ilegal la aplicación del 155 en Cataluña, además de cuestionar la actuación de la justicia española.

Junto a ellos, comparten prisión incondicional los ex consejeros de CDC Joaquim Forn y Meritxell Borràs, que han renunciado a concurrir a las elecciones del 21-D, y los republicanos Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa, que no han seguido de momento el cambio de estrategia legal.

En sendos recursos, a los que ha tenido acceso Efe, los dos ex consellers solicitan a la sala de apelación de la Audiencia Nacional que revoque la orden de la juez Carmen Lamela de enviarlos a prisión preventiva, aplicándoles los mismos criterios por los que el Supremo dejó en libertad bajo fianza a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa de JxS.

Cambio de abogado

Turull y Rull, que comparten celda en la cárcel de Estremera, dieron un giro a su defensa hace diez días, cuando optaron por el letrado Jordi Pina como abogado defensor en sustitución de Jaime Alonso-Cuevillas, que sigue siendo el responsable de la defensa legal de Puigdemont en España. Pina es el responsable también de la defensa de los miembros de los líderes de ANC y Ómnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Pina es uno de los abogados de referencia de la ex CDC y suya fue la defensa de Jordi y Gemma Montull en el caso Palau. Comparte bufete con Pau Molins, responsable de la defensa de Santi Vila, para el que la juez Carmen Lamela decretó libertad bajo fianza tras tomarle declaración junto al esto del Govern catalán, aceptando como válido el argumento del ex conseller de Empresa y Cultura, que dimitió la noche anterior a la proclamación de independencia.

Los ex consellers toman el camino que ya eligieron los seis imputados de la Mesa del Parlament, con Carme Forcadell a la cabeza. El Tribunal Supremo ha encarnado hasta ahora la vía más blanda frente a la dureza tanto de la Fiscalía -que pedía cárcel incondicional- como de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela- quien envió a prisión a todo el ex Govern menos a los fugados a Bélgica-: prisión eludible con fianza para Carme Forcadell si paga 150.000 euros. Una medida dulcificada que se produjo al renunciar la afectada “a cualquier actuación fuera del marco constitucional”, según el auto del juez.