La integración en la comisión de reforma constitucional del debate sobre financiación autonómica termina de herir de muerte a aquella. Si ya nació coja por la ausencia de Podemos y de los nacionalistas, que ahora se trate en su seno el nuevo modelo con el que financiar a las autonomías distorsiona el contenido para la que se creó. Desde el Gobierno aseguran que fue el PSOE el que pidió incorporar la financiación, a lo que los socialistas argumentan que sólo quieren hablar de cuestiones básicas de la misma, habida cuenta de que el modelo se debe consensuar con las Comunidades Autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que depende del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

En todo caso, le sirve a Moncloa y PP para intentar enterrar una reforma, la de la Constitución, que nunca han visto clara y a la que han llegado arrastrando los pies a cambio del apoyo de los socialistas a la aplicación del artículo 155 para intervenir la Generalitat catalana. Formalmente están en ella, pero ya advirtieron que su intención no es, ni mucho menos, tocar la Carta Magna. El portavoz popular en la que formalmente se llama Comisión para la Evaluación y Modernización del Estado Autonómico, José Antonio Bermúdez de Castro, dejó claro el día de su creación que «no venimos con una idea preconcebida de reformar la Constitución, y mucho menos de contentar a quienes han realizado el mayor desafío al Estado de Derecho en las últimas décadas”.

Las primeras comparecencias de la comisión territorial no se producirán, como pronto, hasta enero

De hecho, este jueves, populares, Ciudadanos y UPN hicieron valer el peso de sus votos en la comisión territorial para retrasar las primeras comparecencias al mes de enero. Los socialistas querían que el 4 de diciembre los padres vivos de la Constitución, esto es, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, José Pedro Pérez Llorca y Miquel Roca hicieran ante los miembros de la comisión una evaluación sobre la salud de nuestro modelo autonómico. Pero no será hasta el día 13 que vuelvan a reunirse para debatir un calendario de trabajo que retrasa todo a enero, mes inhábil parlamentariamente hablando y que se deberá habilitar para acoger los trabajos de la comisión.

Pero tampoco hay intención de ir a velocidad de crucero en lo que afecta a la reforma de la financiación autonómica que, según se comprometió el Ejecutivo en la Conferencia de Presidentes el pasado 17 de enero, tendría que haber culminado sus trabajos a finales de este año. De hecho, el mandato de la conferencia establecía que el seguimiento del acuerdo se encomendaba «al Consejo de Política Fiscal y Financiera», en el que participa también la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal «y que deberá intentar el máximo consenso en el año 2017».

La negociación política del nuevo modelo de financiación se abordará «cuando termine la aplciación del 155»

Lo único que hay hasta ahora es un informe de expertos catedráticos de cada Comunidad, salvo Cataluña -que se negó a sentarse, pero tenía de «espía» al balear- y un trabajo técnico que este viernes verá el Consejo de Ministros. Es cierto que los acontecimientos en torno a Cataluña, con la aprobación de las ilegales leyes de «desconexión», el no menos ilegal «referéndum» del 1 de octubre, la aplicación del 155 y la convocatoria de elecciones a la presidencia de la Generalitat, ha absorbido todas las energías del Gobierno y de la oposición, y nada permite aventurar que la negociación en torno a un nuevo modelo financiero de las autonomías se vaya a abordar en breve. Ni mucho menos.

La intención de Hacienda es retrasar la negociación política del sistema que sustituya al que caducó en 2014 «a que termine la aplicación del 155 en Cataluña», esto es, hasta que se forme el nuevo ejecutivo catalán, lo que puede llevar muchos meses una vez celebradas las elecciones en función de la aritmética parlamentaria que arroje el 21-D. Tres meses y medio tardaron los diputados electos en investir a Carles Puigdemont presidente de la Generalitat tras las autonómicas del 27 de septiembre de 2015. Bien es cierto que entremedias rodó la cabeza del candidato de Junts pel Sí,  Artur Mas, y se asomaron al abismo de una repetición electoral, que ahora tampoco se descarta.

Dificultades para un acuerdo en 2018

La financiación lleva así camino de no avanzar hasta muy entrado el año que viene a pesar de la presión que ejercen comunidades como Valencia y el malestar que ha generado entre no pocas baronías populares y socialistas el generoso acuerdo alcanzado con el nacionalismo vasco para renovar el cupo. Tampoco avanzan en la reforma del sistema de financiación de las Entidades Locales. Los mismos expertos convocados por Hacienda y las Comunidades culminaron su informe también en julio, pero poco o nada se ha adelantado en dos negociaciones que deberían ir paralelas.