El Congreso de los Diputados da hoy un paso adelante para abolir las prácticas de estudiantes en empresas tal y como las conocemos. Podemos lleva meses trabajando en una propuesta para aprobar un Estatuto del Becario, sacarle del limbo legal en el que se encuentra y blindar una serie de derechos mínimos durante el periodo de prácticas. El partido de Pablo Iglesias quiere limitar la posibilidad de hacer prácticas y que cada estudiante pueda ser becario sólo una vez en cada plan de estudios -carrera, máster o formación profesional- con un máximo de 500 horas trabajadas, que tendrán que ser remuneradas en base al Salario Mínimo Interprofesional, que en 2017 está fijado en 707 euros. La propuesta de Ley llega este martes al Pleno del Congreso, que le dará luz verde a su toma en consideración gracias a los votos de Unidos Podemos, Ciudadanos y PSOE.

El objetivo de la iniciativa es «acabar con el fenómeno generalizado de las becas en fraude, por el que se utilizan prácticas para cubrir puestos de trabajo», señala el diputado de Podemos Segundo González, el principal impulsor de esta medida. La razón es, a su juicio, la falta de regulación de este ámbito, que «genera una brecha en el derecho laboral por la que cabe mucha precariedad», razona, valiéndose del informe de la Comisión Europea  The experience of traineeships in the EU de 2013, que analiza la situación del becariado en España. Según el documento, el 61% de los estudiantes en prácticas no reciben remuneración, y el 72% de ellos asegura que su carga de trabajo equivale a la de un empleado a sueldo. Por ello, Unidos Podemos pide limitar el número de becarios por empresa: las que tengan hasta 10 trabajadores sólo podrán tener un becario; entre 10 y 30, dos; entre 30 y 60, tres estudiantes en prácticas, y en las empresas de más de 60 empleados el número de becarios no podrá superar el 5% de la plantilla. Entre otras medidas destinadas a ello está la de imposibilitar las prácticas en empresas condenadas por delitos contra los trabajadores o que hayan hecho un ERE o despidos en los últimos dos años.

«Hay que acabar con las prácticas, tienen que servir para integrar en el mercado de trabajo, pero no para sustituirlo», afirma González. La propuesta contempla una limitación estricta de las condiciones para ser becario en una empresa. En primer lugar, la universidad será la única autoridad educativa que podrá gestionar estos convenios, con el objetivo de hacer desaparecer las «empresas fantasma» que obligan a la inscripción y el pago de cursos únicamente para poder optar a becas. «Nos encontramos con que hay becarios que tienen que pagar para poder hacer prácticas», concreta el diputado de Podemos.

Para evitar estas situaciones, Unidos Podemos quiere garantizar la remuneración adecuada del becario, al que se le tendrá que pagar en relación al Salario Mínimo Interprofesional. Percibirá además, según el texto, la compensación de gastos necesarios para la realización de las prácticas, entre otros, transporte y manutención. Cada becario, eso sí, sólo podrá hacer unas prácticas durante el plan de estudios, y cada periodo tendrá una duración máxima de 500 horas. La dura restricción temporal de estas prácticas tiene un doble objetivo: por una parte evitar el abuso y el fraude y por otra, fomentar el contrato de trabajo en prácticas. Una fórmula que, pese a tener un nombre similar, no es lo mismo que el convenio universitario de prácticas, y sí está debidamente regulado en el Estatuto de los Trabajadores.

«El contrato en prácticas sí permite la integración de los jóvenes en el mercado laboral», reseña González. La intención de Unidos Podemos es, además, posibilitar que este tipo de contratos puedan hacerse durante los estudios una vez superados el 50% de los créditos, una opción hasta ahora reservada para quienes ya habían finalizado sus estudios. Este cambio busca que, tras acabar un periodo de prácticas, el estudiante solo pueda volver a incorporarse a una empresa a través de un contrato de trabajo.

La proposición de ley presentada por Unidos Podemos (consultar texto completo aquí) ha contado con la colaboración de asociaciones de la sociedad civil, como la Oficina Precaria, el Consejo de Juventud de España, sindicatos como UGT y CCOO o la Oficina de Prácticas de la Universidad Complutense de Madrid. Una vez admitida a trámite en el pleno de este martes, pasará a la Comisión de Empleo donde será sometido a enmiendas de los distintos grupos para, una vez perfilada, ser debatida de nuevo en el Congreso para su aprobación.