El Gobierno vasco quería discreción y ETA seguridad. El desarme de la banda terrorista escenificado el pasado 8 de abril en Bayona había sido planificado durante meses en un intento de que la operación no se frustrara. Fue un juego a tres bandas entre ETA, el Gobierno vasco y Sortu antes de implicar de lleno en el desarme a la llamada Comisión Internacional de Verificación. La mediación entre todos los agentes correspondió al denominado Foro Social Permanente -colectivo creado en 2013 para impulsar el desarme de ETA y el fin de la dispersión de los presos de la organización- quien se puso en contacto con la banda y con el Ejecutivo de Urkullu, actores principales del proceso.

Fue el antiguo jefe de ETA, David Pla, quien desde prisión remitió al Foro Social las condiciones en las que ETA accedería a formalizar su desarme. En el escrito aseguraba que el proceso se debía abordar “sin prisas ni ansiedades” y siempre con el compromiso de “asegurar las condiciones necesarias” para quienes participaran en él. ETA trasladó que ante lo que consideraba un “bloqueo impuesto por los Estados a la resolución del Conflicto” y a no colaborar con el desarme de la banda, se avanzase hacia acuerdos con instituciones como el Gobierno vasco.

Aquella mañana del 8 de abril el desarme, la entrega de la localización se hizo a primera hora y sin presencia de medio de comunicación. No fue hasta dos horas después, una vez entregada la información cuando se formalizó la comparecencia pública de los mediadores para dar detalles de la operación y después, escenificar, en el centro de Bayona (Francia) en un acto popular.

ETA pidió “seguridad” para los miembros de la banda que participaran en el proceso

Todo respondía a un plan perfectamente diseñado meses atrás y que culminaba aquella mañana en Bayona. Se habían cumplido los requisitos que desde el Ejecutivo de Iñigo Urkullu también se habían trasladado al Foro Social para que el desarme de ETA fuera no sólo “definitivo” sino sobre todo llevado a cabo “de un modo no público”. También reclamaba que incluyera un inventario y la “geolocalización de zulos quemados”. El Ejecutivo vasco se basó en su propuesta de desarme de diciembre de 2014 en la que ya expresó su disposición a colaborar “o incluso a coliderar un esfuerzo internacional en materia de desarme para su carpetazo definitivo”.

Cuatro ‘garantías’

El Gobierno establecía el requisito de “cuatro garantías” para participar y a modo de blindaje por el tiempo transcurrido sin nuevos pasos y “las malas experiencias” previas con la organización terrorista, en ellas se citaba que el desarme debía ser “incondicional”, que incluyera un calendario “definitvo”, además de un “inventario” de armas y la localización de los zulos. Exigía a ETA un compromiso para un desarme “total, definitivo, irreversible e incondicional” como expresión de su voluntad de desaparición.

El Ejecutivo vasco pedía además que el proceso se debía completar en un periodo no superior a un año y siempre bajo la verificación de un “Comité de Desarme” que lo integraría la Comisión Internacional de Verificadores, representantes del propio foro Social y otros agentes de fuera del ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca. Este comité gestionaría finalmente con ETA “el método de verificación del desarme acordado previamente”.

El Ejecutivo vasco condicionó su participación a que el desarme fuera incondicional, definitivo, con un inventario y con la localización de zulos

Los detalles del proceso los ha desvelado el periodista Enekoitz Esnaola en un libro titulado Luhuso. El relato del desarme civil de ETA”. En él relata cómo tras haber mantenido los distintos contactos, en los que el foro Social incluyó encuentros no sólo con Sortu y el Gobierno vasco, sino también con la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, miembros del Parlamento navarro, el PNV, Podemos, EH Bildu, el PSE y Ezker Anitza, elaboró un informe confidencial. El documento, fechado coincidiendo con el quinto aniversario del cese de actividad de ETA, el 20 de octubre de 2016, fue entregado ese mismo día a la Comisión Internacional de Verificación en París y un día después al grupo Internacional de Contacto en Bilbao.

Las condiciones de ETA

El documento, titulado ‘Implementación de las conclusiones con agentes institucional, políticos y sociales”, detalla cómo a la espera de reunirse con David Pla, quien fuera jefe de ETA les envió sus reflexiones por escrito y en ellas reconoce que es complicado “encontrar un espacio de colaboración” cuando en temas como el de los presos de la banda “existe una confrontación abierta entre nosotros”. Pla recuerda al Foro Social que para que el desarme llegara a buen puerto se debían crear “condiciones básicas” de seguridad para los intervinientes en él.

El desarme escenificado en Bayona el 8 de abril pasado se tradujo en la entrega de ocho zulos, custodiados por los denominados artesanos de la paz’ y la localización de 120 armas y miles de kilos de explosivos. Una entrega que aún no se ha podido certificar si supone el desarme completo del arsenal de ETA.