El consejo de administración del Canal de Isabel II facultó a sus directivos a presentar oferta por la empresa colombiana Interamericana de Aguas y Servicios SA (Inassa) tan sólo un día antes de que resultara elegida, lo que aviva las sospechas del juez que instruye el caso Lezo de que los directivos de la empresa de la Comunidad de Madrid tenían ya pactada la adquisición antes de recibir las preceptivas autorizaciones. La adjudicación se produjo dos semanas antes de que los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid informaran favorablemente sobre la operación y de que el Consejo de Gobierno presidido entonces por Alberto Ruiz-Gallardón autorizara la adquisición de dicha sociedad suramericana.

El «cúmulo de irregularidades» en la compra del 75 % del capital Inassa por 83 millones de euros constituye una de las líneas de investigación que impulsa el juzgado de la Audiencia Nacional que instruye el caso Lezo, que, accediendo a la petición planteada por la Fiscalía Anticorrupción la pasada semana, ha citado a declarar como investigados a 23 personas vinculadas con esta operación.

El consejo de administración del Canal de Isabel II acordó el 14 de noviembre de 2001 facultar a tres directivos -Arturo Canalda (director gerente), José Antonio de Cachavera (director económico y de desarrollo comercial) y Juan Pablo López Heras (subdirector de nuevos negocios), los tres imputados ahora- a presentar una oferta de 73 millones de dólares (unos 83 millones de euros al cambio) por el 75 % de Inassa. Ello se materializaría mediante una sociedad vehículo de carácter mercantil -Canal Extensia SA- en la que la empresa controlada por la Comunidad de Madrid tendría el 75 % y Técnicas Valencianas del Agua SA (Tecvasa) el 25 % restante.

El juez del ‘caso Lezo’ sospecha que los directivos del Canal de Isabel II tenían ya pactada la compra de Inassa meses antes de recibir las autorizaciones

Ese acuerdo se adoptó justo un día antes de que el banco de inversiones Rothschild, al que los accionistas de Inassa habían encargado la búsqueda de un socio mayoritario en junio de 2001, eligiera al consorcio formado por el Canal de Isabel II y Tecvasa como nuevo accionista de referencia de la compañía suramericana. El 14 de noviembre de 2001 se acordó presentar la oferta y al día siguiente ya había resultado elegida. Todo en un tiempo récord.

Sin embargo, no fue hasta el 28 de noviembre de 2001 cuando los servicios jurídicos de la Consejería de Hacienda informaron favorablemente sobre esta operación. En el informe emitido a requerimiento de la Dirección General de Patrimonio, el letrado Antonio Luis Carrasco no realizó ninguna «observación esencial» y consideró «conforme a Derecho» la propuesta de acuerdo que, a solicitud del entonces consejero de Medio Ambiente (Pedro Luis Calvo Poch) y a propuesta del titular de Hacienda (Juan Bravo Rivera), se elevó al día siguiente para su discusión y aprobación en la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

Al tomar la participación mayoritaria en Canal Extensia, el Canal de Isabel II no tenía autonomía para tomar la decisión y requería la autorización del Consejo de Gobierno, así como su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y la comunicación de la operación a la Asamblea de Madrid.

Los directivos ejecutaron la compra a través de una sociedad interpuesta panameña, de lo que no se informó al Consejo de Gobierno cuando se pidió su autorización

En el auto por el que el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional amplía ahora las personas investigadas en esta pieza del caso Lezo, el juez Diego de Egea da por sentado que, meses antes antes de que los directivos del Canal de Isabel II recibieran la autorización para pujar por la empresa colombiana, ya «habían alcanzado un acuerdo con los vendedores» para comprar dicha compañía a través de una empresa interpuesta panameña llamada Sociedad de Aguas de América SA (SAA). Ello difería sustancialmente de la forma en que había sido autorizada tanto por el consejo de administración del Canal de Isabel II como por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. A ambos órganos de gobierno se ocultó presuntamente dicho detalle.

El instructor sustenta esta afirmación en el hecho de que ya tenían concedido el aval bancario definitivo para la compra (8 de noviembre) y redactado un acuerdo de compraventa de acciones (9 de noviembre) antes de que el consejo de administración del Canal facultara a sus directivos a presentar la oferta por Inassa.

«El resultado de la investigación practicada hasta este momento evidencia la existencia de un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición por el ente público Canal de Isabel II de esta sociedad colombiana, centradas principalmente en la forma en que se planificó y ejecutó la adquisición de la sociedad Inassa así como en la determinación del precio de compra y restantes condiciones estipuladas en el contrato, existiendo claros indicios de que pudo haber una sobrevaloración del precio de compraventa y unas condiciones contractuales claramente perjudiciales para el comprador y, por ende, para los intereses públicos por los que el Canal de Isabel II debió velar, al haberse financiado esta operación con fondos públicos de la Comunidad de Madrid; aspectos todos ellos que necesariamente deben esclarecerse con la finalidad de concretar el alcance de dichas irregularidades, las personas que participaron en su comisión y, en su caso, su relevancia penal», expone De Egea.

Información «esencial»

El magistrado recuerda que no se ha incorporado aún a la causa el acta de la sesión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en la que se autorizó la operación de compra ni la documentación de la que dispusieron los consejeros antes de adoptar el acuerdo, información que el juez considera «esencial» para avanzar en la instrucción y decidir si solicita «la declaración judicial de los miembros del Consejo de Gobierno» que dieron su consentimiento a la adquisición.

Bajo la presidencia de Alberto Ruiz-Gallardón, entonces presidente del Ejecutivo madrileño, a aquella reunión del 29 de noviembre de 2001 asistieron Manuel Cobo (consejero de Presidencia); Juan Bravo (Hacienda); Paz González (Justicia y Administraciones Públicas); Luis Blázquez (Economía e Innovación Tecnológica); Luis Eduardo Cortés (Obras Públicas, Urbanismo y Transportes); Carlos Mayor Oreja (Educación); Pedro Calvo Poch (Medio Ambiente); José Ignacio Echániz (Sanidad); Alicia Moreno Espert (Artes); Pilar Martínez (Servicios Sociales) y Luis Peral (Trabajo).