La sección décima de la Audiencia de Barcelona que preside la magistrada Montserrat Comas hará pública el próximo 15 de enero la sentencia del Caso Palau. Tres meses después de la fecha prevista para notificarla y más de medio año después de que el juicio quedara visto para sentencia, los antiguos responsables del Palau de la Música, Félix Millet y Jordi y Gemma Montull, y el ex tesorero de Convergència Democrática de Catalunya, Daniel Osácar, conocerán las conclusiones del tribunal sobre la presunta financiación irregular de CDC a través de la entidad cultural, por la que el partido fundado por Jordi Pujol recibió comisiones de empresas como Ferrovial a cambio de la concesión de obras públicas. Una resolución tan voluminosa que los acusados la recibirán en papel y los abogados y las partes personadas en CD, según el TSJC.

Hace ocho años y medio que la policía registró por primera vez el Palau de la Música en busca de pruebas sobre el desfalco de la entidad llevado a cabo por sus responsables y la trama de corrupción tejida en torno al Palau y el Orfeo de la Música para financiar ilegalmente a CDC. Tras ocho años de instrucción judicial y tres meses de vista oral, con una treintena de sesiones, la juez ha esperado casi siete meses para notificar su sentencia. El motivo no es otro que la situación política en Cataluña y la incidencia que esta sentencia podía tener (previsiblemente la ratificación de que CDC, el partido que en septiembre ostentaba la presidencia de la Generalitat, se había financiado ilegalmente a través del Palau).

El viernes 16 de junio el Caso Palau quedó visto para sentencia. Entonces el Govern de Carles Puigdemont ni siquiera había fijado la fecha del referéndum de independencia, que muchos consideraban más que improbable, y la magistrada apuntó la vuelta de vacaciones para anunciar una sentencia que se preveía compleja. Pero a la vuelta de vacaciones el Govern no sólo había fijado fecha para el referéndum, sino que el Parlament se había saltado todas las advertencias del Tribunal Constitucional para aprobar las llamadas leyes de desconexión en el pleno del 6 y 7 de septiembre.

En ese contexto, la magistrada Comas optó por posponer la notificación de la sentencia para que no «incidiera» en el referéndum que finalmente sí se celebró el 1 de octubre. Pero tras la consulta la crisis política se envenenó todavía más, y la sentencia quedó postergada hasta que el 28 de octubre el Gobierno aprobó la aplicación del artículo 155 de la Constitución para cesar al Govern, disolver el Parlament y convocar elecciones autonómicas el 21 de diciembre. Ante la nueva convocatoria electoral, la sentencia volvió a quedar postergada para no influir, una vez más, en los comicios. Montserrat Comas hará públicas finalmente las conclusiones del tribunal que preside dos días antes del pleno de constitución del Parlament en el que se fijarán las bases de la XII legislatura catalana.

La sentencia aclarará el alcance del expolio del Palau y si, como sostiene la fiscalía, 6,6 millones de euros fueron a parar a la extinta Convergència Democrática (CDC). La fiscalía pide 14 años y nueve meses de cárcel para el saqueador confeso, Fèlix Millet, 10 años y diez meses para su mano derecha, Jordi Montull, y ocho para el ex tesorero de CDC Daniel Osàcar. Durante la instrucción del caso el ex presidente de la Generalitat y último líder de CDC, Artur Mas, empeñó su palabra en la defensa de Osàcar, hombre de su absoluta confianza, al que Mas situó al frente de las cuentas del partido.