El Ejecutivo de Susana Díaz ha aprobado este martes un decreto que le permitirá designar a los empleados de la Junta de Andalucía que actúen como peritos judiciales en auxilio de los tribunales, incluidos los procedimientos en los que la Administración sea parte o tenga interés. La norma entrará en vigor casi cuatro años después de que comenzara su tramitación.

El decreto tiene por objeto regular la puesta a disposición de los órganos judiciales y el Ministerio Fiscal con sede en la comunidad autónoma de peritos, intérpretes y traductores cuando su coste deba ser asumido por la Junta de Andalucía, que tiene transferidas las competencias en materia de Justicia. Y es la Administración andaluza la que se encargaría de prestar este servicio de asistencia con su propio personal, salvo que excepcionalmente tenga que recurrir a profesionales privados.

Hasta ahora, las delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía suscribían contratos de servicios de carácter administrativo para cubrir las necesidades de las peritaciones judiciales en los procedimientos que se instruyen en cada provincia. Ocurre, según la Administración, que determinados juzgados terminan designando a profesionales al margen de los contratos, teniendo que asumir posteriormente la Junta de Andalucía el pago de esas minutas.

La designación de peritos para auxilio judicial incluirá los procedimientos en los que la Administración andaluz sea parte o tenga algún interés

«El decreto viene a dar una respuesta a la ineludible responsabilidad de la Administración de la Junta de Andalucía de encontrar nuevos sistemas de gestión que, sin alterar los estándares de calidad del servicio público de Justicia, permitan racionalizar la aplicación de los fondos y recursos públicos que le destina y contener su gasto, ampliando los controles para la determinación de la concurrencia de los requisitos que los justifican, garantizando los reintegros cuando legalmente procedan», explica la Junta en la memoria justificativa, fechada el 12 de marzo de 2014 y firmada por el entonces secretario general para la Justicia, Pedro Izquierdo. Presidente de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, el magistrado Izquierdo fue recusado por las acusaciones populares que ejercen el PP y Manos Limpias como presidente del tribunal que enjuicia la pieza política del caso ERE -en el que se sientan en el banquillo de los acusados los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, entre otros- por haber ejercido como alto cargo de la Junta de Andalucía.

El proyecto de decreto encara ahora la recta final de su tramitación después de que el pasado 12 de diciembre la comisión permanente del Consejo Consultivo de Andalucía emitiera su preceptivo dictamen, al que se han planteado diversas observaciones de técnica legislativa y se ha incorporado el voto particular formulado por el consejero a propuesta del PP Francisco Gutiérrez por discrepar abiertamente del acuerdo adoptado por el resto.

Según razona este consejero, la «independencia» de las periciales y la «imparcialidad» de los órganos judiciales pueden «quedar francamente en entredicho» con el sistema ideado por la Consejería de Justicia e Interior, por cuanto la Administración tendrá en su mano la posibilidad de nombrar a la persona que «más convenga» a sus intereses.

Un consejero del Consultivo formula voto particular al dictamen y advierte de que la «independencia» de las periciales puede quedar «en entredicho»

«Será la Administración de la Junta de Andalucía la que realice, por ejemplo, con propio personal o mediante contratación externa, no sólo los informes periciales que quiera aportar motu proprio y en defensa de sus intereses como parte en el procedimiento, sino también aquellos otros con los que quiera contar el órgano judicial para fundamentar su sentencia», advierte Gutiérrez.

El discrepante aplaude la «loable intención» de la Administración por reducir el gasto y aumentar la eficiencia de los recursos públicos, pero reprocha que no se ofrezca a los jueces una terna con varios nombres para poder elegir ni tampoco se garantice que la prestación de la asistencial pericial la lleve a cabo «necesariamente» un funcionario público. «Las personas que van a intervenir como peritos ‘independientes’ son seleccionadas por la propia Administración entre el personal técnico adscrito a los servicios de apoyo a la Administración de Justicia, otros empleados públicos (en concepto que engloba, según el Estatuto Básico de los Empleados Públicos, a funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral indefinido o temporal y personal eventual) y por las entidades instrumentales (de cualquier tipo) u organismos de la Junta de Andalucía. Por lo que se comprenderá que acabe siendo designada como perito en cada caso la persona que más convenga a los intereses de la Administración», razona.

La norma prevé que, sólo cuando «excepcionalmente» la Junta de Andalucía se viera en la imposibilidad de realizar la asistencia por medio de sus recursos propios, se contrataría a un profesional privada o a una empresa para realizar dicha tarea.

El peso del perito ‘independiente’

«Es cierto que el juez o tribunal no está obligado a la hora de dictar sentencia a seguir las conclusiones que se desprendan de un dictamen pericial. Pero no cabe duda de que, ante la lógica falta de conocimientos técnicos, el juzgador se inclinará habitualmente por el criterio del perito independiente«, expone Gutiérrez en su voto particular. Numerado como 721/2017, el dictamen puede consultarse en la web del Consejo Consultivo.

Sobre la base de que los informes periciales «resultan determinantes» a la hora de que el órgano judicial tome una decisión, el consejero advierte de que el procedimiento que pretende implantar la Consejería de Justicia e Interior -en manos hoy de Rosa Aguilar, si bien la iniciativa partió de su antecesor Emilio de Llera- puede vulnerar el derecho fundamental de todos los ciudadanos a un proceso judicial con todas las garantías «cuando la propia Administración es parte en el proceso o tiene un interés en el mismo».

Partido del Gobierno

«Y si bien es cierto que podría evitarse dicha colisión mediante una simple exclusión de la aplicación del sistema en aquellos casos en los que existe un interés procesal y legítimo, resultaría en cambio sumamente difícil hacerlo en aquellos otros en los que el interés no fuera tanto de la Administración como del partido que pueda estar al frente del Gobierno que la dirige», añade Gutiérrez.

Según se detalla en la memoria económica, Andalucía destina anualmente 1,5 millones a peritaciones judiciales por requerimiento de los juzgados y tribunales. De esa cantidad, la Junta prevé que tan sólo puedan restituirse unos 75.000 euros, equivalente al 5 % del gasto.