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El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha acordado una nueva batería de diligencias en aras de definir qué delitos se cometieron tras la proclamación de independencia de Cataluña. El instructor ha dictado una providencia, a la que ha tenido acceso El Independiente, donde reclama al Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona una decena de atestados e informes elaborados por la Guardia Civil sobre el 1-0, así como testimonio íntegro de las intervenciones telefónicas que tuvieron lugar en los días previos al referéndum ilegal.
Sin embargo, por el momento, el instructor rechaza acordar la imputación en el Alto Tribunal del ex major de los Mossos Jose Lluis Trapero y del número dos de Oriol Junqueras, Josep María Jové, al que se le intervino el documento Enfocats sobre la hoja de ruta independentista, tal y como había solicitado el fiscal. El juez solventa está cuestión en su resolución con “en su momento se acordará” dando a entender que no es el momento procesal oportuno para llamar a declarar a Trapero y Jové como investigados en el Supremo.
El juez solventa está cuestión en su resolución con “en su momento se acordará” dando a entender que no es el momento procesal oportuno para llamar a declarar a Trapero en el Supremo
De igual manera, el magistrado rechaza tomar de nuevo declaración a los exconsejeros catalanes que ya fueron interrogados en esta causa.
Llarena, que ha acordado estas diligencias a instancias de la Fiscalía del Tribunal Supremo, quiere acceder así a la documentación que obra en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, dirigido por el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, que es quien desde el pasado mes de febrero lleva investigando los preparativos del referéndum y las presuntas irregularidades en torno al proceso soberanista cometidas por los exmiembros del ejecutivo catalán.
Entre las diligencias acordadas por el magistrado del Tribunal Supremo se encuentran, además, el volcado de ordenadores incautados durante el registro ordenado por este juzgado de instrucción los días 20 y 21 de septiembre; las conversaciones telefónicas mantenidas entre los implicados durante esas jornadas previas a la celebración de la consulta; la relación de ayudas solicitadas por los Mossos D’ Esquadra durante el asedio en la Consejería de Economía; la intervención del ex presidente Carles Puigdemont y el ex vicepresidente Oriol Junqueras el pasado 6 de junio anunciando el referéndum del 1-O; así como el acto llevado a cabo en el Teatro Nacional de Cataluña el pasado 4 de julio donde se presentó el borrador de la ley de referéndum.
Asimismo, el juez ordena a la dirección general de los Mossos d’Esquadra que emita un informe sobre las patrullas que realizaron labores de vigilancia en los lugares donde se celebraron votaciones y de las conversaciones telefónicas mantenidas entre las unidades en la jornada del pasado 1 de Octubre.
Por otro lado, el instructor reclama al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) toda la información relativa a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, los preparativos llevados a cabo por el exgobierno catalán así como una presunta utilización de fondos públicos destinados a la consulta ilegal.
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