En las próximas horas Carles Puigdemont pedirá el permiso al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena para participar como candidato en el debate de investidura convocado en el Parlament para el martes. Así lo ha anunciado el diputado de JxCat y ex consejero de su gobierno, Josep Rull. El candidato de JxCat se pliega así a las condiciones del Tribunal Constitucional pese a que su partido tacha de «fraude de ley» el dictamen.

El Tribunal Constitucional condicionó ayer la celebración de ese pleno, convocado con Puigdemont como único candidato, a que el ex presidente catalán participe en él de forma presencial previa autorización del juez que instruye la causa del Tribunal Supremo por rebelión, sedición y malversación por la proclamación de independencia. El TC imposibilita así el plan de JxCat de forzar una investidura telemática o la posibilidad de que la votación se celebre con Puigdemont en el hemiciclo una vez burlada la operación de cerco organizada por el Ministerio del Interior.

Rull ha descalificado lo que considera «unas medidas cautelares impropias» que ha tachado de «fraude de ley» pero ha asegurado que pese a todo Puigdemont «hará lo que le pide el Constitucional» y solicitará el permiso al juez Llarena. El propio Puigdemont cuestionó ayer la decisión del Constitucional y exigió al Gobierno una rectificación por el recurso presentado.

Dimisión de Santamaría

El portavoz de JxCat, Eduard Pujol, ha exigido por su parte la dimisión de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaria, «porque ha quedado desautorizada con su propuesta altamente agresiva para Cataluña». Pujol ha asegurado además que «el martes asistiremos al pleno de investidura de Carles Puigdemont» y ha expresado su confianza en que «Torrent mantendrá su compromiso con la defensa de todos los diputados de este Parlament».

El portavoz independentista, que ha insistido en que «el plan A, B y C es investir a Carles Puigdemont» y ha lamentado además que al Tribunal Constitucional «le ha faltado valor para defender los derechos de los ciudadanos» y le ha acusado de «hacer un traje a medida para no molestar al Gobierno».

Una postura secundada parcialmente por la CUP, cuyo líder parlamentario, Carles Riera, ha advertido que la formación antisistema no aceptará que el presidente del parlament, Roger Torrent, acate el mandato del TC y anule el pleno. «El único que decide quién es candidato es nuestro pueblo. Si no se hace pleno porque Torrent se pliega a exigencias del Constitucional la CUP el martes ocupará sus escaños en el hemiciclo».

El abogado de Carles Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, aseguró ayer que con su dictamen «el Constitucional se ha desautorizado a sí mismo» y acusó al alto tribunal de cometer «fraude de ley decretando medidas cautelares que no le pide nadie y para las que no tiene atribuciones».

ERC habla de sacrificar a Puigdemont

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha roto ese consenso en el bloque constitucionalista al apuntar hoy, en una entrevista en La Vanguardia, que quizá ha llegado el momento de «sacrificar» la candidatura de Carles Puigdemont a la investidura para permitir la formación de un gobierno independentista.

Tardà ha verbalizado así la opinión más extendida en ERC, e incluso en el seno del PDCat, sobre la necesidad de formar gobierno y tomar las riendas de la Generalitat, pero que nadie se había atrevido a expresar en público tan abiertamente ante la instancia de JxCat en que la única opción es la investidura de Puigdemont, como hoy ha vuelto a señalar Pujol.

Por contra, tanto C’s como el PSC han defendido la decisión del Constitucional y han exigido tanto a Puigdemont como a Torrent que la acaten. El portavoz de C’s, Fernando de Páramo, ha señalado que la resolución del TC «es de sentido común, no se puede convertir el Parlament en plató de los shows de Puigdemont, que está huido de la justicia».

Páramo ha pedido no perder más el tiempo y «que no degraden más la figura del Parlament de Cataluña, no es la casa de Puigdemont, no puede hacer lo que le dé la gana en él». En este sentido, ha pedido a Torrent que acate la resolución del Constitucional, aunque ha expresado sus dudas sobre las intenciones del presidente de la Cámara.

El secretario de organización del PSC, Salvador Illa, ha señalado por su parte que «Puigdemont está en su derecho de pedir autorización del juez Llarena» para asistir al pleno de investidura y el PSC «estará a lo que decida» el magistrado. Illa ha elogiado la resolución del TC, que ha tachado de «clarificadora», y ha recordado que «Cataluña necesita un gobierno que respete la ley, un gobierno estable capaz de gobernar y negociar con Madrid, y la resolución del TC avala estos criterios».

En esta línea, el ex líder de Unió, RAmon Espadaler, ha defendido que el Constitucional «le ha dicho a Puigdemont que el debate de investidura sólo puede ser presencial y de acuerdo con la justicia» y a la vez da la razón a los letrados del Parlament y marca el terreno al presidente y la Mesa del Parlament.