«No tiene plan B, ni C, no se ha verbalizado otro nombre que el de Puigdemont» aseguran en privado -con gesto de impotencia- los responsables de Esquerra ante la negativa de JxCat a plantear un candidato alternativo a Carles Puigdemont para el debate de investidura que esta tarde debe abrirse en el Parlament. Impotencia compartida en la sede del PDCat -partido cada vez más menguado de poder- cuya dirección ha optado por el wait and see a la espera de la próxima cabriola del ex presidente catalán más imaginativo.

A menos de 24 horas del inicio del pleno de investidura el independentismo sigue jugando al despiste -con el diputado de ERC Ferran Civit retransmitiendo en las redes un supuesto regreso de Puigdemont en el maletero de su coche, mientras la ANC multiplica los mensajes crípticos para animar a sus huestes de cara al pleno- sin tener certezas sobre los próximos movimientos del candidato a la presidencia de la Generalitat. «Eso sólo lo sabe el de Bruselas» es una de las expresiones más repetidas estos días en el entorno soberanista.

Sobre el papel, tres opciones: la aparición de Puigdemont en el pleno, sorteando la operación jaula de Juan Ignacio Zoido; la investidura telemática pese a la prohibición del Tribunal Constitucional; o que Roger Torrent sortee la crisis iniciando el pleno para suspenderlo a continuación por incomparecencia del candidato.

Sin candidato alternativo

Lo que nadie se plantea, en un futuro inmediato, es la presentación de un candidato alternativo. Los independentistas pragmáticos -aquellos que defienden que la prioridad debería ser la formación de gobierno- reconocen en privado que la vía Puigdemont solo lleva a la repetición de elecciones, en el peor de los casos con un presidente del Parlament querellado también por el Tribunal Supremo por desobediencia al Tribunal Constitucional, mientras el Gobierno sigue gestionando la Generalitat. Pero nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato. El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, lo intentó este fin de semana y ha sido desmentido por su propio partido, mientras Marta Pascal (PDCat) actuaba de mamporrera de JxCat afeando el atrevimiento al republicano.

Entre bastidores se habla de Jordi Turull, ex consejero de Presidencia escogido por Puigdemont para sustituir a Neus Munté en la recta final hacia el 1-O, como la principal alternativa en caso de que el ex presidente asumiera finalmente que no tiene ninguna opción de ser investido y permitiera un candidato alternativo. Pero hoy por hoy unos y otros reconocen que la opción de Puigdemont es forzar la máquina hasta forzar unas nuevas elecciones. El problema, advierten desde ERC, es que «las elecciones no están garantizadas». Los republicanos argumentan que el Gobierno, en aplicación del 155, podría posponer la nueva convocatoria electoral más allá de los dos meses previstos y mantener así su control sobre la Generalitat. Una amenaza que de momento no parece haber hecho mella en Puigdemont y su entorno.

Recurso ante el Constitucional y el Supremo

Al contrario, ayer noche JxCat anunciaba la presentación de un recurso ante el TC para que anule la decisión adoptada el sábado, señalando que dado que el Constitucional no acordó la admisión o inadmisión del recurso, las medidas cautelares acordadas son «nulas de pleno derecho» puesto que no fueron solicitadas por ninguna de las partes y además invaden la autonomía del Parlament y la competencia exclusiva de la Mesa en la aplicación de su reglamento.

Un recurso legal al que se suma el presentado por los abogados de Puigdemont ante el Tribunal Supremo, acreditando su condición de diputado «con todos los derechos y prerrogativas que le son inherentes, especialmente la inmunidad parlamentaria» para argumentar que no «necesita pedir ninguna autorización judicial para ejercer esos derechos». Este recurso se suma a la petición de amparo al presidente del Parlament, escudándose también en la inmunidad parlamentaria.

Y mientras ERC intenta desmarcarse del irredentismo de Puigdemont, la CUP lo secunda sin admitir titubeos. El líder de los antisistema en el Parlament, Carles Riera, ha dejado claro en las últimas horas que ellos estarán a las tres en el hemiciclo para investir a Puigdemont, negando cualquier opción a ver suspendido el pleno por orden del Constitucional o decisión de Roger Torrent.

Debate paralelo

En este contexto, los partidos constitucionalistas protagonizan un debate paralelo. El de asistir o no al pleno convocado con Puigdemont como candidato. El PSC, que inicialmente amenazó con ausentarse de la cámara si se producía una investidura telemática asegura ahora que estará ahí, pero también deja claro que si Torrent mantiene la convocatoria sin tener noticias claras de Puigdemont, pedirá su anulación por incomparecencia del candidato antes incluso de que se abra la sesión.

También C’s amenazó con boicotear un pleno de investidura telemático, pero las incógnitas que envuelven la sesión de hoy han llevado a los naranjas a optar por no enseñar sus cartas. Una actitud que ya se encargó de afear el portavoz del PP, Pablo Casado, insistiendo en que tras la interlocutoria del Tribunal Constitucional, que imposibilita la investidura de Puigdemont, Inés Arrimadas debería dar un paso al frente y proponerse como candidata a la investidura.

ANC vuelve a convocar a las puertas del Parlament

Paralelamente, la ANC ha convocado de nuevo a los militantes independentistas a manifestarse a las puertas del Parlament durante la sesión de investidura. La Assemblea ha convocado una marcha desde el Palau de la Generalitat al Passeig Lluís Companys -frente al Palacio de Justicia de Cataluña, escenario habitual de sus concentraciones reivindicativas- ante la prohibición policial de acceder al parque de la Ciutadella, que rodea el Parlament.

Bajo el lema «República o república» con el que los independentistas emulan el «referéndum o referéndum» de Puigdemont a Mariano Rajoy, la ANC aspira a convertirse de nuevo en catalizador de las presiones populares para evitar que el Parlament opte por investir a otro candidato diferente del ex presidente, lo que en algunos sectores sería visto como una renuncia, incluso en el caso de que sea un destacado dirigente independentista como Turull.