Junts per Catalunya (JxCat) ha pedido este jueves reactivar ya la comisión del reglamento del Parlament, encargada precisamente de abordar cualquier reforma del texto que regula el funcionamiento de la cámara catalana, lo que podría llevar a iniciar los trámites de posibles modificaciones en el texto que facilitaran la investidura a distancia de Puigdemont.

Esta tarde, JxCat ha registrado un escrito, firmado por la portavoz del grupo, Elsa Artadi, y dirigido a la Mesa del Parlament, para pedir que «se proceda, de acuerdo con la Junta de Portavoces», a determinar el número de representantes que corresponden a cada grupo parlamentario en la comisión del reglamento.

Fuentes de JxCat han negado que detrás de esta reactivación haya la voluntad de acometer una reforma exprés del reglamento del Parlament a fin de posibilitar una investidura a distancia de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat.

El Partido Popular ha reaccionado rápidamente y ha avisado, a través de su líder Xavier García Albiol, de las posibles intenciones de los soberanistas. «No aceptaremos piruetas para volver a saltarse la legalidad», ha escrito Albiol en Twitter. «El Reglamento es muy claro: no pueden constituirse Comisiones legislativas hasta que no haya Gobierno. Aviso a navegantes».

‘Activar al máximo toda la actividad parlamentaria’

Según estas mismas fuentes, la intención es «activar al máximo toda la actividad parlamentaria posible», a la espera de que se forme un nuevo Govern y puedan constituirse todas las comisiones, incluidas las vinculadas específicamente a la gestión gubernamental.

El verano pasado, las fuerzas independentistas ya impulsaron una reforma del reglamento de la cámara catalana para permitir la aprobación exprés, por lectura única, de las leyes que pretendían dar amparo legal a un referéndum para el 1 de octubre.

La reforma aprobada por el Parlament en julio quedó en suspenso cuando el Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite el recurso presentado por Gobierno del Estado. Ya en noviembre, el TC sentenció que la reforma no era inconstitucional, si bien advirtió de que el Parlament había forzado su interpretación para permitir la tramitación de las llamadas «leyes de desconexión».