Los problemas crecen para el presidente del Sevilla F.C., José Castro: imputado el pasado 7 de febrero por la posible comisión de delitos de administración desleal y falsedad documental a cuenta de la presunta extracción irregular de fondos de la entidad posteriormente restituidos, tal y como adelantó El Independiente, ahora puede que su situación se agrave tras la declaración de dos altos cargos del club reconociendo -uno de ellos- un pago de 50.000 euros a una de las empresas del máximo mandatario del equipo sin ninguna relación con el Sevilla.

El otro testigo ha manifestado, entre otras cosas, viajes privados a cargo del club y otros usos irregulares del dinero del equipo, además de confesar que hubo transferencias “a empresas particulares del presidente”.

Los testigos interrogados por el Juzgado de Instrucción Número 11 de Sevilla son Francisco Javier Cano Navas, director administrativo del Sevilla FC, y José María Cruz de Andrés, director general y secretario del Consejo de Administración. Hubo un tercer compareciente, Agustín Martínez, accionista minoritario: Martínez fue quien puso en conocimiento de la Fiscalía el 1 de agosto de 2017 que el presidente del club habría hecho un uso irregular de la cuenta a  la que suelen imputar los consejeros del Sevilla sus gastos relacionados con el club, como desplazamientos con el equipo, reservas de abonos y entradas, y compras en la tienda oficial.

Castro “autorizó” los pagos

Ha sido el director general Cruz de Andrés el que ha indicado que “fue el presidente” quien “autorizó” transferir la cuantía de 50.000 euros a su empresa -sin relación con el club- Solo Alquileres Castro Utrera. El director general ha dicho que el presidente José Castro tenía “poderes para realizar pagos cuenta con un poder mancomunado”. “La transmisión de 50.000 euros la hizo únicamente el presidente sin ningún otro poder”, reconociendo así mismo que este tipo de pagos se hacían regularmente y que en alguna reunión de los “órganos colegiados” se había “tratado la conveniencia” de que estás prácticas fuesen “reglamentadas”.

El presidente decidió cargar esa cantidad “a su cuenta de débito”, agrega el director general; también reconoce que el propio José Castro le preguntó si debía “hacer un descuento de un pagaré”, a lo que éste contestó que no tenía sentido. Cruz de Andrés señala que “otros presidentes” del Sevilla “han hecho disposiciones a la cuenta de débito similares” a la investigada ahora por el juzgado y que entre 1998 y 2005, cuando el club estaba “en quiebra técnica”, el equipo contrajo una deuda de 600.000 euros con el actual presidente (entonces directivo).

Cuenta desde 1998

“El señor Castro Carmona tiene una cuenta a cargo del club desde 1998”, prosigue el interrogado. Sin embargo, añade, con la situación de quiebra esa cuenta servía para “aportaciones” y no para transferencias a la inversa, desde la cuenta del club a alguna de las empresas del presidente sevillista, como se investiga ahora.

En su declaración, el director general concede que José Castro “tenía un saldo deudor con el club de 325.000 euros”, cantidad que el presidente liquida “en septiembre de 2017”, es decir, más de un mes después de que Agustín Martínez presentara la denuncia ante la Fiscalía. El 11 de septiembre, cuando ya era evidente que la investigación estaba en marcha, el club establece un tope para limitar estas transferencias, añade el alto cargo ante el juez.

“Viajes privados sin relación”

“En la cuenta de débito se cargaban pagos por actividades privadas o de familiares del titular, y luego tenía el titular que devolverlo”, indica por su parte Francisco Javier Cano Navas, director administrativo y también interrogado por el juez, cuya declaración escaso control sobre las cuentas en el equipo de fútbol. El director administrativo habla de “viajes privados sin relación con el club”, de una cuenta “que se utilizaba como si fuera un cajero automático” o “que no se daban explicaciones”, además de asegurar “que se ha utilizado para transferencias a empresas particulares del presidente”.

Cano Navas, cuyo departamento llevaba a cabo los apuntes contables de estas operaciones, complementa la declaración del director general, corroborando que este tipo de prácticas se ha producido con otros mandatarios.