El Tribunal Supremo ha anulado el concurso por el que la Generalitat vendió Aigües Ter-Llobregat a un grupo encabezado por Acciona por 1.000 millones de euros en 2012. Se trata de la mayor privatización acometida por el gobierno catalán, con Artur Mas de presidente y los consellers Andreu Mas-Colell y Lluís Recoder como titulares de Economía y Territorio respectivamente. La operación debía servir para enjuagar en parte las deudas heredadas del gobierno tripartito, en pleno estallido de la crisis.

La operación debía permitir a la Generalitat desapalancar la deuda de 1.000 millones que acumulaba la Agencia Catalana del Agua, y la concesionaria se comprometía a pagar un cánon a 50 años que incluía compromisos de inversiones. La concesionaria pagó casi 300 millones de euros a la Generalitat con la venta y se comprometía a acometer la mayoría de las inversiones en la primera década de concesión.

La operación de venta de Aigües Ter-Llobregat -el conglomerado que gestiona la mayor cuenca interna catalana- fue polémica desde el inicio. Andreu Mas-Colell forzó la firma de la venta el 28 de diciembre de 2012 -fue la última decisión ejecutiva del primer Gobierno Mas- para enjuagar deuda de la Generalitat, sin tener el informe del Organo Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya (OARCC) que sólo unos días después publicó su informe, en el que excluía a Acciona del concurso porque no cumplía parte del pliego de cláusulas. Agbar se apresuró a recurrir la concesión ante los tribunales y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunña (TSJC) falló en 2015 anulando todo el concurso.

El Gobierno Puigdemont ha evitado tomar una decisión sobre el contencioso a la espera de la resolución del Supremo a los recursos presentados por todas las partes a la decisión del TSJC. Sin embargo, el secretario de Economía, el republicano Pere Aragonés, cifró las posibles costes de la recuperación de Aigues Ter-Llobregat entre 320 y 380 millones de euros. En una comparecencia parlamentaria, Aragonés reconoció hace un año que en caso de que el Supremo ratificara la sentencia del TSJC la Generalitat debería pagar 320 millones a Acciona, cifra que subiría a los 380 millones si se aprobaba la Ley de recuperación de la gestión del agua propuesta por el PSC.

Además del cánon, Acciona había emprendido inversiones en Aigües T-Ll por valor de 286 millones de euros en verano de 2017. Y desde el 2013 ha pagado 65,4 millones por este canon -10,7 millones en el 2013; 11,8 millones en el 2014; 13 millones en el 2015; 14,2 millones en el 2016 y 15,7 millones en el 2017-. El pago para el 2018 asciende a 17,2 millones.

Los socialistas catalanes presentarán mañana en el Parlament peticiones de comparecencia de todos los responsables de la privatización, encabezadas por el ex presidente Artur Mas y los consellers Mas-Colell y Recoder. El diputado Jordi Terrades recuerda "advertimos en numerosas ocasiones del desastre que estaban haciendo y de las gravosísimas consecuencias que podía tener". Terradas ha lamentado del "coste multimillonario" que puede tener la operación para los ciudadanos.