En una de las legislaturas menos fructíferas de la democracia, un asunto ha conseguido este lunes alinear a los principales partidos políticos del arco parlamentario.  Los hechos sobre los que pivota la alianza transcurren, eso sí, a unos 4.500 kilómetros, en el continente africano. Los portavoces de Asuntos Exteriores de PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos y PNV han firmado en el Congreso un comunicado conjunto para llamar la atención sobre el caso del dibujante ecuatoguineano Ramón Esono, que lleva en la prisión del país desde el 16 de septiembre, y reclamar para él un juicio justo.

Aunque el ilustrador está acusado de falsificar dinero, los grupos políticos españoles están convencidos de que su detención se debe en realidad a sus críticas políticas y a su ejercicio de la libertad de expresión. Especialmente, explican, teniendo en cuenta que pasaron 82 días desde su detención hasta que se formularon los cargos contra él. Además sus primeros interrogatorios versaron exclusivamente sobre su obra, la novela gráfica La pesadilla de Obi, muy crítica con Teodoro Obiang, presidente de su país desde hace casi 40 años,  y con la situación socioeconómica del país.

Por eso, los cinco grupos se han comprometido a «hacer un estrecho seguimiento del procedimiento judicial» y a solicitar al Gobierno de España que se interese por la situación de Ramón Esono, especialmente por la «vinculación familiar que el artista tiene con España y el compromiso debido con la promoción de los derechos, las libertades y la democracia», dice el comunicado conjunto, difundido por el PSOE.

Para los grupos políticos españoles, es fundamental que el juicio «respete todas las garantías y derechos del acusado, permita un ejercicio efectivo del derecho de defensa» y que sus abogados «puedan usar todos los medios probatorios permitidos por la ley, y puedan citar como testigos a todas aquellas personas que estimen convenientes para la justa defensa del artista».

Del mismo modo, reclaman que las autoridades de Guinea Ecuatorial no impidan que al juicio, en cuanto procedimiento público, pueda acudir si lo estima conveniente la familia de Ramón Esono, así como representantes de organizaciones de defensa de los derechos humanos.