PSOE, Podemos y Ciudadanos han aprobado este miércoles en una subcomisión del Congreso a puerta cerrada un texto que propone la obligatoriedad de celebrar primarias en todos los partidos. No sólo para la presidencia o la secretaría general de estos, sino para elegir a los candidatos a la presidencia del gobierno, de las comunidades autónomas o de ayuntamientos de magnitud. Todos los procesos, según la propuesta, se financiarán con dinero público como un proceso electoral más, y no con fondos propios de los partidos. El texto tendrá que ser avalado por la Comisión y debatido posteriormente en el Pleno del Congreso, donde previsiblemente saldría adelante si los tres partidos mantienen su apoyo al redactado.

Como adelanta El Mundo, todos los demás partidos se han abstenido, y algunos han mostrado su profunda discrepancia con el texto, aprobado prácticamente por sorpresa. Tanto el PP como el PNV han denunciado que el acuerdo se ha hecho a espaldas de los demás partidos y los populares han añadido además que se trata de un “atropello”. Tanto ellos como el PDeCat presentarán votos particulares, según han anunciado.

El texto acordado por los tres grandes partidos de la oposición también señala la obligatoriedad de fijar un tiempo máximo a transcurrir entre congresos de los partidos, para dotarles de mayor periodicidad y aumentar la participación y la transparencia. El acuerdo también hace referencia a una posible bonificación en las subvenciones para aquellos partidos que cumplan objetivos de paridad, de limitación de mandatos o de control público de su funcionamiento.

El informe se ha aprobado en el marco de la subcomisión relativa al régimen y la financiación de los partidos políticos, la imparcialidad e independencia de autoridades independientes y la protección de los denunciantes de los casos de corrupción. En esta subcomisión están presentes como figuras destacadas Toni Cantó (Ciudadanos) y Meritxell Batet (PSOE).

Tribunal de Cuentas

Entre las medidas acordadas por los PSOE, Podemos y Ciudadanos también está el refuerzo de los “medios coercitivos” del Tribunal de Cuentas y su capacidad sancionadora, “así como facilitarle a estos efectos para retener toda subvención pública a los partidos políticos que no le hayan remitido sus cuentas”, además de dotarle de una mayor capacidad de investigación que permita reforzar “sus funciones de control y de fiscalización de las subvenciones que reciben los grupos políticos locales”.

Además, los partidos proponen garantizar la independencia del Tribunal de Cuentas y que sus miembros presenten las mismas compatibilidades de los jueces, así como reforzar el papel de sus técnicos. En este sentido, el informe de la subcomisión se refiere especialmente en lo que a la elaboración de los documentos de “fiscalización de la Sección de Enjuiciamiento se refiere, en tanto que esta última se encarga, entre otras cosas, de abrir diligencias penales contra los partidos políticos que no hayan cumplido con la ley de partidos”.