El Gobierno cree que el documento pactado entre Junts pel Catalunya y ERC para atraer a la CUP a una investidura de Jordi Sánchez, que ya se antoja imposible tras la decisión del juez Llarena de impedir su asistencia al pleno del lunes, «no va por el buen camino». Según ha señalado el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, este viernes, el texto «es a mayor gloria de los antisistemas y radicales de la CUP y tiene verdaderas perlas».

Entre esas «perlas» ha destacado expresiones como «ágora del debate republicano», «país con una visión disruptiva del régimen autonómico», o «que el poder republicano radica en el empoderamiento» de los ciudadanos. En definitiva, ha agregado el ministro «épica de la fonética» que, a su juicio «choca y se contradice con las buenas palabras y el acatamiento que han expresado ante el juez todos los que han declarado ante el Supremo».

Méndez de Vigo destaca que el documento no se comparece con lo declarado ante Llarena

A excepción de la CUP, la práctica totalidad de los que declararon ante el juez Llarena renegaron de la proclamación unilateral de la «república» de la que destacaron su «carácter simbólico» y ahora «presentan un documento que va  en la misma dirección, lo que es un engaño y una farsa».

En este mismo sentido, y tras criticar que el contenido del texto recuerda a procesos constituyentes «que se asimilan a Venezuela», ha hecho votos para que Cataluña «continúe en la normalidad en que está ahora gracias al 155. Creemos que debe haber un gobierno que no esté en la farsa sino ocupándose  de los problemas reales de la gente».

Ante el interrogante de si el Gobierno cree que hay elementos para actuar contra esa propuesta presentada a la CUP, no ha sido claro aunque sí ha recordado que hasta ahora se «ha demostrado con nitidez y claridad cuál es la vocación del Ejecutivo, esto es, cumplir con el orden constitucional y estatutario. Lo ejerce todos los días y lo cumplirá en el futuro. En todo caso, lo estudiaremos, lo miraremos».

Decisión de Llarena

Ha apelado a las competencias del presidente del Parlament, Roger Torrent, para convocar plenos y fijar órdenes del día -«no tenemos nada que decir»- y respecto a la decisión de Llarena ha reiterado el consabido «respeto a las decisiones de los jueces «tanto cuando «nos parece bien o no». En todo caso ha agregado que estar en prisión imposibilita asumir las competencias de presidente de la Comunidad, para lo que hay que buscar a alguien que esté dentro de la legalidad, ha dicho.

No ha habido autocrítica respecto a la primera posición de Gobierno y PP ante el 8-M

Por otro lado, no ha asumido ninguna autocrítica respecto a la posición del Gobierno y del PP ante la huelga feminista del 8 de marzo. Lejos de sumarse a las palabras del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que les parece «muy bien esa muestra de conciencia, de solidaridad, de comprensión y de esfuerzos comunes en pro de la igualdad y en eso está el Gobierno».

«Seguimos luchando por tomar más medidas y esto no surge de la manifestación de ayer» se ha justificado. Méndez de Vigo se refería entre otras medidas, a la negociación de la ministra Fátima Báñez y los sindicatos sobre concilaición y racionalización de los horarios laborales.

Respuesta al 8-M: una ley de conciliación y racionalización de horarios

Ante la insistencia de los periodistas, el ministro portavoz ha alegado que el Gobierno «responde con sus hechos. Unos predican y otros dan trigo. España es el país que mas ha avanzado en la brecha salarial. La acción del Gobierno siempre ha ido encaminada a la igualdad. Lo haremos en el futuro con más fuerza porque este en su tema que nos preocupa mucho a todos».

En conclusión, el Gobierno «mira positivamente las movilizaciones» que ha considerado «transversales» y anunciado que «vamos a continuar, viendo el respaldo y la concienciación que existe, pero lo ha demostrado con hechos».