Los cuatro acusados lo han negado todo. Ni se beneficiaron de modo irregular de los contratos de intermediación para la gestión de las listas de espera de la sanidad vasca, ni incurrieron en ilegalidad alguna y ni siquiera obtuvieron beneficios de tal actividad. Más aún, algunos de ellos han detallado cómo gracias a su intervención se pudo corregir una difícil situación de saturación de las listas de espera en Vizcaya. La primera sesión del llamado ‘caso Margüello’ ha sido un trámite relativamente cómodo para los acusados para los que la Fiscalía reclama penas de entre 11 y 6,5 años por delitos de prevaricación, fraude, malversación y negociaciones prohibidas para funcionarios.

Ni la Fiscalía ha apretado en sus interrogatorios, breves e imprecisos, y la acusación particular ejercida por el Gobierno vasco ha estado completamente ausente, sin realizar preguntas a los acusados. Mañana será turno de los testigos de la acusación, entre ellos la del ex consejero de Sanidad, Rafael Bengoa y su viceconsejero, Jesús María Fernández, quienes impulsaron una investigación durante su etapa al frente de la consejería y que concluyó que se produjeron numerosas irregularidades.

Transcurrida casi una década desde que estalló el caso, hoy se iniciaba la primera vista de un caso que afecta a tres ex altos cargos con el Gobierno de Juan José Ibarretxe y una cuarta imputada, a los que se les acusa de haberse beneficiados de la adjudicación de contratos por un importen total de 6,8 millones de euros para la gestión de las listas de espera de la sanidad vasca. Un caso en el que se trata de esclarecer por qué el Gobierno vasco alteró en 2006 el sistema de gestión de sus listas de espera sanitarias para proceder a subcontratar con una empresa de reciente creación, sin medios propios ni recursos, la gestión y derivación de pacientes a la red concertada. En la vista, que se prolongará hasta el jueves se tendrá que esclarecer sí el proceso reunió las garantías legales exigidas, primero para la constitución de la citada sociedad de intermediación, Gestión de Servicios Sanitarios XXI (Gestión XXI) y las posteriores adjudicaciones de contratos, por procedimientos puestos en cuestión por la Fiscalía, por un total de casi siete millones de euros hasta el año 2009.

6 meses para constituirse y contratar

La secuencia de hechos que hoy ha quedado clara en la vista revela que el origen se sitúa en un clima de saturación de las listas de espera a comienzos de 2006. El 6 de febrero de ese año se constituyó la sociedad Gestión de Servicios Sanitarios XXI, que carecía de medios y personal sanitario propio. Su labor se limitó a acordar de modo individualizado con médicos de otros centros hospitalarios o de la propia red privada cada una de las intervenciones que a su vez correspondían a derivaciones de la lista de espera.

Mes y medio después, el 21 de marzo de ese año el Gobierno aprobó un decreto para fijar plazos máximos de espera en sus listas de espera. En junio la sociedad logra la autorización sanitaria con la que poder optar a contrataciones públicas, autorización cuya legalidad se pone en cuestión por la Fiscalía, y el 26 de junio la empresa obtiene su primer contrato para gestionar las listas de espera. En seis meses se había completado el proceso desde su constitución hasta la obtención del primer contrato.

El viceconsejero ha reconocido que no conocía la empresa a la que derivaría las listas de espera hasta que lacio en la resolución que debía firmar

La primera en declarar ha sido María Nieves Fernández, socia del principal encausado, el doctor José Carlos Margüello, vinculado a las empresas que se beneficiaron de contratos de la sanidad pública. En su declaración ha asegurado que fue a ella a la que se le ocurrió la posibilidad de ofrecer a la consejería los servicios de una nueva empresa para gestionar las listas de espera. Ha negado en todo momento que el doctor Margüello, amigo personal del entonces consejero de Sanidad, Gabriel Inclán, jugara ningún papel determinante en la sociedad.

Sobre Mari Nieves Fernández pesa la acusación de haber actuado como testaferro de Margüello, facultativo de la sanidad pública y por tanto incurso en incompatibilidad para acceder a contratación con la sanidad pública. Margüello poseía sólo una de las 501 acciones de la sociedad Gestión XXI. “Se lo pedí de modo testimonial para que no fuese una sociedad unipersonal”. Pese a ello Margüello contaba con plenos poderes de Gestión XXI y fue quien firmó el gran contrato que logró con una clínica la sociedad. Fernández ha justificado que fuera Margüello quien lo firmara aduciendo que ella se encontraba fuera. Ha señalado que era la ella la que gestionaba el día a día de la empresa y la que logró el cuadro de médicos con el que actuó la empresa y pudo realizar cada una de las intervenciones.

Una empresa «sin beneficios»

Gestion de Servicios XXI realizó casi 100.000 intervenciones médicas, primero en solitario y utilizando las instalaciones de la Clínica San Francisco Javier, y después, tras romper ésta el acuerdo de colaboración, en forma de UTE con otra clínica, -la Clínica Indautxu- y otra de las empresas de Margüello, Rehabilidom.
En su declaración María Nieves ha afirmado que en los tres años de actividad nunca repartieron beneficios. Ha insistido en desmarcar a Margüello de la actividad habitual de la sociedad señalando que “no me asesoró en ningún momento”. En contra de lo reflejado en el escrito de la Fiscalía, Fernández ha asegurado que la “dirección efectiva” de la empresa la llevaba ella en persona.

Preguntada por las razones por las que ese primer contrato se le adjudicó por la vía de “emergencia”, reservada para situaciones extremas como las catástrofes, Fernández se ha limitado a decir que “se la encontró” durante el proceso. Ha explicado que el Servicio vasco de Salud les facilitaba “vía mensajero” los expedientes médicos de los pacientes derivados y que ellos los devolvían por la misma vía, “los custodiábamos nosotros”. Una sociedad que integraban únicamente tres personas, ella y dos administrativas, ha señalado, entre ellas una hermana de Margüello.

Elorriaga: «Era una oportunidad que había que aprovechar, de las que no se da todos los días»

En el juicio se ha detallado cómo se pagó el segundo de los contratos recibidos, de casi 5 millones de euros. 1,5 millones habrían ido a parar a la Clínica Indautxu, 0,4 millones a la segunda sociedad (Rehabilidom) y 1,6 millones al pago de los médicos que realizaron los casi 66.000 proceso médicos que llevo a cabo la UTE.
En segundo lugar ha declarado el ex viceconsejero de Sanidad, Rafael Cerdán, para quien la Fiscalía pide la menor pena, 6,5 años de prisión frente a los 11 años que solicita para los otros tres acusados. Ha asegurado que fue el director territorial de Sanidad en Vizcaya, José Ramón Elorriaga –también acusado- quien le hizo llegar la resolución y el nombre de la empresa a la que se debía otorgar la gestión de las listas de espera. Cerdán ha apuntado que “la redactó” Elorriaga y que anteriormente ya le había apuntado que “se estaba gestando una empresa”, en referencia a Gestión XXI, para abordar la cuestión de las listas de espera.

Ha reconocido que nunca había visto, en sus ocho años de experiencia como responsable sanitario, una empresa que se ofreciera a intermediar para la gestión de las listas de espera, “era una cosa que no había visto antes”. También ha afirmado que no conocía a Gestión XXI, “no conocía ni el nombre, hasta que lo vi en la resolución”. Preguntado si, como se había hecho en ocasiones anteriores, se llegó a plantear acordar directamente la derivación de pacientes desde la red pública con la clínica San Francisco Javier, prescindiendo de la intermediación de Gestión XXI, Cerdán ha afirmado que “no sé los motivos pero se me dijo que tenía que ser a través de Gestión XXI”.

El ‘plan Tangarte’

Al ser interpelado por la razón que le llevó a autorizar una adjudicación por el procedimiento de emergencia, ha apuntado que lo consultó con los responsables de régimen jurídico y contratación y le convencieron de que era una práctica que se había realizado en ocasiones anteriores. Un año antes, en 2005, hasta en diez expedientes con ocho clínicas se había empleado, “era razonable lo que me dijeron y lo firmé”. Por último, ha situado la presión en Elorriaga, el director en Vizcaya “me dijo que Gestión XXI era la única empresa que encontraba en Vizcaya y que podía salvar las listas de espera”.

José Ramón Elorriaga, sobre el que pesa la sospecha de haber autorizado de modo irregular el funcionamiento de Gestión XXI y haber presionado para la adjudicación de contratos a esta sociedad, ha afirmado que la propuesta que le presentó Fernández para gestionar las listas de espera fue “una novedad”. “Lo que hicimos fue aprovechar una oportunidad de las que no se dan todos los días”, ha asegurado ante el juez. Incluso se ha jactado de cómo funcionó la gestión durante aquellos años, “me honra decir que funcionó fantásticamente”.

«Me dijo que esa empresa era la única que encontró en Vizcaya para salvar las listas de espera»

Ha detallado todo el proceso de autorización de la sociedad –sin la cual no podía contratar con la administración-, ante la que inicialmente trasladó que no requería ser autorizada como empresa sanitaria “porque no lo era” pero a la que finalmente otorgó una autorización como tal que no figuraba en el registro. Una autorización que los técnicos del propio departamento negaron y se opusieron a conceder. Ha sembrado la sospecha de que con la documentación referida a esta cuestión “han pasado cosas raras” y “desapariciones interesadas”.

Para Elorriaga la situación delicada en la que se vivía en 2006, tras un periodo de huelgas de los facultativos, había complicado las listas de espera. Una situación que les llevó a idear el plan “Tangarte” con el que aliviar las listas. El juez ha reclamado mayor detalle a Elorriaga sobre la “novedad” que ha esgrimido de modo reiterado en la intermediación que planteaba Gestión XXI entre la red pública y la concertada y que hasta entonces era inexistente. Se ha limitado a decir que ofrecían “todo un hospital, todos sus recursos”.

El último en intervenir, y por un periodo más breve, ha sido el facultativo y empresario, José Carlos Margüello. Ha asegurado que su papel dentro de Gestión XXI era “simbólico, un 1%”. Ha afirmado que la amistad entre Fernández y ella venía de lejos y es lo que le llevó a colaborar con ella “para que no fuera una sociedad unipersonal”. Sin embargo, ha reconocido que tenía plenos poderes en la misma y que firmó el contrato con la Clínica San Francisco Javier, donde se derivaban los pacientes inicialmente, “porque ella no estaba”.