JxCat, ERC y la CUP han dado el primer paso para impulsar una votación de investidura de Carles Puigdemont en el Parlament, como respuesta a su detención por parte de la policía alemana tras la activación de la euroorden de la justicia española. En una propuesta de resolución centrada oficialmente en exigir la puesta en libertad de los líderes políticos del independentismo, los tres partidos del bloque independentista se acogen a las medidas cautelares dictadas por el Comité de Derechos Humanos de NN.UU. al admitir la petición de amparo de Jordi Sánchez.

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La propuesta de resolución independentista señala que el Comité requiere a España que «adopte las medidas necesarias para garantizar que pueda ejercer sus derechos políticos en cumplimiento del artículo 25» del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y se acoge a esa petición para anunciar que «adoptará las medidas necesarias para garantizar que Puigdemont o Jordi Turull», ambos propuestos oficialmente como candidatos a la investidura, puedan ejercer sus derechos políticos.

«Incluido el derecho a someterse al debate y votación plenaria de su candidatura para ser investido presidente de la Generalitat». En otras palabras, JxCat esgrime la admisión a trámite del Comité de la ONU para presionar al Tribunal Supremo a que permita a Jordi Turull o Carles Puigdemont la asistencia a un pleno de investidura.

El partido de Puigdemont despeja así el otro escenario abierto tímidamente por el presidente del Parlament, Roger Torrent, quien el pasado domingo insistió tras la detención de Puigdemont en la necesidad de articular un «frente común» al que pretenden incorporar a los Comunes de Ada Colau para romper el bloqueo en la formación de gobierno. Xavier Domènech, sin embargo, ha dejado claro que no votarán a un candidato de JxCat, y ha apuntado a la posibilidad de un candidato de Esquerra. Una opción descartada por la portavoz de JxCat, Elsa Artadi, quien también ha rechazado un pacto de legislatura con el partido de Colau.

Reforma de la Ley de Presidencia

De momento, el bloque independentista ha urgido a Torrent a convocar un pleno de urgencia antes del 5 de abril, en el que además de la propuesta de resolución presentada este lunes podrían intentar debatir la reforma de la Ley de la Presidencia reactivada en la última reunión de la Mesa. Esa propuesta pretende reformar el marco legal para legalizar la posibilidad de votar una investidura telemática o en ausencia del investido.

El PSC ya ha anunciado que pedirán dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) sobre el texto y, sobre todo, la intención del bloque independentista de aprobarla por vía de urgencia y en lectura única, pese a suponer una reforma de calado del marco institucional catalán. El texto propuesto en enero por JxCat propone además modificar la ley para que el gobierno de la Generalitat se pueda reunir de forma telemática, abriendo la puerta a la participación de los ex consellers fugados en un nuevo ejecutivo.