El independentismo ha manipulado la demanda ante el Comité de Derechos Políticos de la ONU, que en ningún caso habilita al Parlament a dar órdenes a la justicia. El debate del pleno catalán ha derivado en una discusión sobre los básicos de la separación de poderes recordados por los partidos no independentistas, lo que no ha impedido que JxCat, ERC y la CUP aprobaran una resolución que exige la liberación de los políticos presos. «¿Decidirá el Parlament quién sale y quién entra de la cárcel?», se ha preguntado impotente Inés Arrimadas.

Así, tanto Inés Arrimadas (C’s) como Ferran Pedret (PSC) han recordado a los grupos independentistas que la ONU ni siquiera ha admitido a trámite la denuncia de Jordi Sánchez y Carles Puigdemont. No existen las medidas cautelares a las que apelan JxCat y ERC, porque el Comité no es un tribunal, ha recordado Pedret, «es soft low, hace recomendaciones que se usan de forma bastante general siempre que puede haber derechos en riesgo» y abre un plazo de seis meses para que las partes se posicionen.

La comunicación de la ONU «en ningún caso supone posicionarse sobre el fondo de la cuestión», ha recordado Arrimadas quien ha advertido que «pretenden decidir en el Parlament quién tiene que salir de la cárcel, ¿lo próximo será decidir quién entra?».

Su propuesta equivale a que el Parlament andaluz vote que Chaves y Griñán no entren en prisión, advierte Arrimadas

«No podemos decir a la justicia española y alemana lo que tienen que hacer», ha añadido la líder naranja, quien ha recordado al independentismo que su propuesta equivaldría a que el Parlamento andaluz votara en contra de un eventual encarcelamiento de Manuel Chaves y Antonio Griñán haciendo valer los votos del PSOE.

La detención de Carles Puigdemont ha tenido hoy una derivada inesperada incluso para sus socios de Esquerra, la petición de delegación de voto para el expresidente catalán, que hoy ha formalizado JxCat en la reunión de la Mesa del Parlament. Una delegación que no ha sido aceptada todavía. Sí han delegado su voto Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sánchez.

Una petición que se ha sumado a la reivindicación de los recursos del independentismo ante el Comité de Derechos Humanos del Naciones Unidas como vía para recuperar el intento de investir a Carles Puigdemont. Una pretensión que la CUP quiere hacer efectiva ya, por la vía de la desobediencia, como ha insistido hoy su líder, Carles Riera.

Los Comunes, por su parte, han insistido en la petición de un gobierno transversal que supere el bloqueo institucional, aunque ha reconocido sus escasas expectativas al respecto, y ha rechazado la intención de volver a la candidatura de Puigdemont. «El momento pide respuestas, no más preguntas» en referencia a las incógnitas que abre la reivindicación de Puigdemont. «En la lucha por los derechos nos encontraremos, pero para seguir dándonos cabezazos contra la misma pared no».

Voto delegado

Una vez que el juez Pablo Llarena ha dado a Puigdemont por personado en la causa y que la justicia alemana estudia el caso para ponerlo a disposición de la española, JxCat considera que ya no se puede tratar a su líder como un fugado de la justicia, por lo que tiene derecho a delegar su voto, tal como han venido haciendo en los últimos plenos Oriol Junqueras y Jordi Sánchez.

La petición de JxCat ha sorprendido al propio presidente del Parlament, Roger Torrent, que ha dejado la petición sobre la mesa. La petición de delegación de voto ha sido aceptada por la Mesa pero no debatida, por lo que el ex presidente no podrá votar en la sesión que debe comenzar en unos minutos.

El voto de Puigdemont no será determinante en el pleno de hoy, puesto que las dos resoluciones independentistas han sido firmadas por JxCat, ERC y la CUP, que cuentan con mayoría para sacarlas adelante. Sin embargo, en el caso de un nuevo pleno de investidura la delegación de voto solicitada por Puigdemont dejará al bloque de JxCat y ERC a un voto de la mayoría simple, el que representa el ex conseller Antoni Comin, fugado en Bruselas.

Sobre Puigdemont, como sobre el resto de los imputados por la causa abierta por el Tribunal Supremo, pende la amenaza de suspensión de sus cargos públicos, pero esta suspensión no será efectiva hasta que el Supremo no haya visto y, en su caso, rechazado, el recurso presentado por los letrados por ex president.