Despolitizar la justicia o romper con esa imagen de politización de la misma que flaco favor hace a los jueces y magistrados. Se trata de un objetivo prioritario. Por esta razón, el pasado 5 de marzo la Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia, Asociación Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales emitieron un comunicado conjunto donde criticaron que el Gobierno no haya cambiado el sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial -para que sean elegidos por los propios jueces- así como que este órgano tampoco haya variado su política sobre nombramientos judiciales para que se hagan “conforme a criterios de mérito, capacidad, igualdad de género y transparencia”. Los magistrados exigen mayor transparencia en la cúpula del Poder Judicial y amenazan con ir a la huelga si no se atienden sus peticiones.

Esta vez los togados van a por todas y ya cuentan con un calendario movilizaciones para el jueves 5 de abril a las 13.00 horas en las sedes judiciales de todo el país. Además, está programada una concentración en Madrid el 14 de abril y, a continuación y si siguen sin ser atendidas sus reclamaciones, anuncian paros parciales de una hora los jueves de cada semana durante un mes. Como última medida los jueces y fiscales ya han anunciado que irán a la huelga el próximo 22 de mayo.

“Sí, consideramos que la situación de la administración de justicia es crítica y requiere medidas de presión incluida la huelga. Tanto los grupos parlamentarios como el Ministro de Justicia se mostraron receptivos a las 14 propuestas formuladas por las asociaciones judiciales. Ya no bastan las buenas palabras. Los jueces y magistrados debido a nuestro carácter ponderado, moderado y reflexivo nos hemos mantenido como meros espectadores ante los continuos cambios que se producían en la administración de justicia. Cambios que, sin contar con nosotros, no solo no solucionaban los problemas, sino que los han empeorado gravemente. Pensamos que pasó el tiempo de ver cómo cambian las cosas y llegó el momento de hacer que cambie y mejore la administración de justicia”, subraya la presidenta de Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez.

“Mantenemos el calendario de movilizaciones por el desinterés del Gobierno con nuestras reivindicaciones que son justas y medidas”, añade Emilio Fernández, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales.

Regulación de las puertas giratorias

Por su parte, Celso Rodríguez Padrón, portavoz de la APM, también en conversación con El Independiente, explica que desde la asociación mayoritaria de la Carrera Judicial “hemos venido propugnando cuatro medidas esenciales en orden al refuerzo de la credibilidad del sistema judicial, que dirigimos no sólo al Gobierno, sino al conjunto de partidos que conforman el arco parlamentario: la consecución de un Pacto de Estado real y estable sobre la Justicia; la reforma del sistema de elección de los Vocales de procedencia judicial del CGPJ (para que responda al verdadero espíritu constitucional); la regulación de lo que han dado en llamarse las “puertas giratorias”; y, una regulación más actualizada de la figura del indulto”.

Y es que, mientras se defiende la independencia de los jueces que integran la Magistratura, las asociaciones entienden que la imagen proporcionada por el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces perjudica al poder judicial.

Por ejemplo, desde Foro Judicial Independiente creen que “hay que promover la elección democrática de los doce vocales de procedencia judicial en el CGPJ. También la elección democrática de las presidencias de las Audiencias Provinciales por los magistrados del órgano colegiado tal y como existía antes de la reforma de 2003. Que la designación de los magistrados del Tribunal Supremo esté previamente regulada, reglamentada y reglada, para que sea motivado el nombramiento y cualquier miembro de la carrera judicial pueda enfocar su vida profesional al Alto Tribunal”.

Distorsionada politización

Desde la APM se considera que existe una idea distorsionada de la politización de la Justicia.  “En España no existe un problema de independencia judicial. De ninguna manera. Lo que existe es una percepción social de politización que no responde a la indudable independencia con la que ejercen su función constitucional los miembros del Poder Judicial. Esta percepción dimana de varias causas, entre las cuales entiendo que la elección por los grupos políticos de la totalidad de los miembros del CGPJ es la más destacada. Deberíamos también hacer un esfuerzo de comunicación para explicarle a la sociedad con más detalle en qué consiste la labor de los tribunales y de este modo esclarecer algunas dudas que no contribuyen en absoluto a esa idea de politización que considero distorsionada”, subraya Rodríguez Padrón.

Jueces y fiscales denuncian al unísono que “no parece haber una mayoría clara en el Parlamento favorable a reformar el órgano de gobierno de la judicaturaconforme a lo propuesto por las cuatro asociaciones judiciales, ni tampoco un proyecto de independencia del Ministerio Fiscal, ni un compromiso firme de los grupos parlamentarios por alcanzar un Pacto de Estado por la Justicia”.

“Un principio fundamental de toda democracia es la independencia Judicial, la elección democrática por jueces y magistrados de los doce vocales de procedencia judicial sería un requisito imprescindible para que exista independencia judicial en nuestro país. Ello es así porque lo democrático no es que un poder del Estado controle otro poder del Estado como sucede ahora, lo democrático es que los gobernados elijan a sus gobernantes.  Aclarando que una cosa es la imparcialidad de jueces y magistrados, otra la politización del Órgano de Gobierno de los Jueces, es decir del CGPJ. No solo lo perciben los ciudadanos, sino que es una realidad denunciada año a año en el informe del Grupo de Estados contra la corrupción (GRECO).  No basta con la independencia del órgano de gobierno de los jueces, sino que también es necesaria una autonomía presupuestaria que garantice la separación del poder judicial de los otros poderes, el legislativo y el ejecutivo”, recalca la presidenta de Foro Judicial Independiente.

“Hay que eliminar cualquier sombra de injerencia del poder político en el judicial. Es esencial evitar intentos de control, especialmente en reformas legales y en nombramientos”, añaden desde la UPF. “Es necesario desvincular el Ministerio Fiscal del Gobierno y en particular del Ministerio de Justicia. Necesitamos autonomía funcional y órganica, así como un presupuesto propio”, enfatiza Emilio Fernández.

El Gobierno mueve ficha

De momento, el Gobierno se ha mostrado abierto a llevar a cabo una reforma tímida del CGPJ – el Ejecutivo sopesa volver al sistema de elección de vocales del CGPJ del año 2001, antes de que Ruiz Gallardón implantara la última reforma- y a crear 300 nuevas plazas judiciales. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha señalado que su departamento tratará además de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar los tiempos de respuesta y que sea más eficaz en la persecución del delito y de que la Fiscalía cuente con un nuevo Estatuto Orgánico que atienda a las necesidades formativas, operativas y profesionales del Cuerpo.

Asimismo, Catalá se ha comprometido a crear 75 nuevas unidades judiciales, así como a trabajar para mejorar la percepción de independencia de la Justicia suprimiendo la posibilidad de que los parlamentos autonómicos propongan magistrados de los tribunales superiores de Justicia y regulando las situaciones de tránsito profesional entre la Justicia y la política.

Sin embargo, las fuentes consultadas por este medio coinciden en que es una batería de propuestas muy necesaria y ambiciosa pero quizás “poco realista” teniendo en cuenta que las elecciones generales serán con casi toda seguridad en 2019. La reforma de la Administración Justicia sigue siendo una asignatura pendiente.