La Fiscalía ha interpuesto una querella por coacciones y falsedad documental contra tres regidores socialistas del Ayuntamiento de Pineda de Mar (Barcelona) por presionar a los dueños de dos hoteles para que expulsaran de sus instalaciones a los agentes de la Policía Nacional que formaban parte del contingente destinado a Cataluña por el Ministerio del Interior para impedir la celebración del referéndum del 1 de Octubre. Se trata de la primera teniente de alcalde, Carme Aragonés, el responsable de urbanismo, Jordi Masnou, y la de comunicación, Silvia Biosca, que acompañados por el jefe de Policía Local, Carles Santacreu, y una concejal de ERC, Mónica Palacín, amenazaron al dueño de los hoteles con cerrar los establecimientos cinco años si no echaba esa misma noche a los policías.

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Tras los enfrentamientos de la Policía y la Guardia Civil con organizadores del referéndum del 1-O, diversos municipios del litoral catalán en los que se encontraban alojados agentes desplazados a Cataluña sufrieron escraches y en algunos, como Pineda, los responsables políticos locales se pusieron al frente de las manifestaciones para echar a los policías de sus localidades. Los momentos más tensos se vivieron en Calella, donde la alcaldesa convergente, Montserrat Candini, se puso al frente de la manifestación. Sin embargo, los ayuntamientos de Pineda o Reus (Tarragona) también fueron especialmente activos a la hora de expulsar de sus municipios a los representantes de fuerzas y cuerpos de seguridad de ámbito nacional.

El Juzgado de Instrucción 2 de Arenys de Mar (Barcelona) ha admitido la querella e incoado diligencias previas por la actuación de los responsables municipales, que el 3 de octubre se presentaron en el Hotel Checkin de Mont Palau para exigir la expulsión de los policías. Según el escrito de la Fiscalía, fue Aragonés quien exigió la expulsión de los agentes, y ante la negativa del responsable de la cadena Checkin, propietaria de dos hoteles en los que se alojaban agentes del CNP, Masnou advirtió que «si no echaba a los policías le iba a cerrar el hotel al día siguiente e iba a estar cerrado cinco años».

Tras la reunión, el gerente de la cadena remitió una carta a los responsables de la dotación policial instalada en sus hoteles en la que les pedía que abandonaran sus instalaciones tras relatar la amenaza del Ayuntamiento. Paralelamente, Aragonés intervenía en La Sexta para asegurar que «no hemos necesitado ninguna medida de fuerza, pensamos que el diálogo es lo mejor y así hemos llegado a un acuerdo» tal como recoge el escrito de Fiscalía.

Al día siguiente, sin embargo, al ver cómo trascendía en los medios la amenaza de cierre de los locales, los mismos responsables municipales intentaron obligar a los responsables de la cadena hotelera a firmar un comunicado de prensa en el que se aseguraba que la decisión de echar a los policías se había adoptado de mutuo acuerdo «para garantizar la convivencia» y se desmentían las coacciones. Comunicado que los responsables de Checkin se negaron a firmar, pese a lo cual el Ayuntamiento lo distribuyó a la prensa.