La Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha sido la encargada de abonar los 75.000 euros de fianza impuestos por la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein a Carles Puigdemont para abandonar la cárcel de Neumünster mientras dure su proceso de extradición. La entidad ha acudido una vez más al rescate de los líderes del proceso independentista, que dejan en manos de la ANC y de Òmnium Cultural el gasto de sus costosas defensas jurídicas. Desde el mes de noviembre, ambas organizaciones han desembolsado ya cerca de un millón de euros en fianzas. En total, desde el inicio del procés, la cantidad asciende a prácticamente cuatro millones.

El grueso de ese gasto corresponde a las multas impuestas por el Tribunal de Cuentas a los responsables de la consulta ilegal del 9-N de 2014, especialmente dolorosas para el ex presidente Artur Mas, al que se le reclamaron 5,25 millones. La ANC contribuyó a ese pago, junto al de las ex consejeras Ortega y Rigau y el de Francesc Homs, con 2,8 millones de euros en total. Una andanada que dejó temblando las cuentas de las ‘cajas de solidaridad’ de las entidades soberanistas, que volvieron a llamar a las aportaciones de sus simpatizantes en previsión de las nuevas causas se abrirían tras el 1 de octubre y la posterior Declaración Unilateral de Independencia.

En esta nueva causa, el primer y principal gasto se produjo el pasado 10 de noviembre de 2017, cuando la ANC desembolsó los 150.000 euros de fianza impuestos a la ex presidenta del Parlament, y también de esta asociación, Carme Forcadell. El tesorero de la organización, Marcel Padrós, actuó como fiador del cheque de la Caja de Ingenieros utilizado en aquella ocasión. En ese primer envite, también se desembolsaron los 25.000 euros de las fianzas de Lluís María Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet, todos miembros de la mesa. Otros 100.000 euros, en total.

El principal gasto se produjo en diciembre: 600.000 euros para conseguir la libertad de los seis ex consejeros encarcelados

Casi un mes después, el 4 de diciembre de 2017, la ANC y Òmnium volvieron a la carga, esta vez en un acto escenificado en una oficina del Banco Santander en Barcelona. Ese día se depositaron los 100.000 euros de la fianza de cada uno de los ex consejeros puestos en libertad entonces: Raúl Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borrás y Carles Mundó. A esos 600.000 euros se sumaron posteriormente otros 60.000 euros para costear la fianza de la número dos de ERC, Marta Rovira, procesada más tarde y puesta en libertad con medidas cautelares.

A esos 910.000 euros se han sumado en las últimas horas los 75.000 euros abonados en Alemania para permitir la libertad de Carles Puigdemont. 985.000 euros, en los que no se incluye las cantidades que estas entidades están recaudando para costear los gastos derivados de la defensa de los consejeros fugados, que ahora afrontan sus procesos de entrega a España desde Alemania, Escocia, Bélgica o Suiza.

Aportaciones para las defensas

Prácticamente cada día, la ANC se encarga de recordar a través de sus redes sociales que mantiene abiertos canales de colaboración para recaudar fondos destinados a este fin. A través de una página web específica, recaban donaciones desde 25 a 2.500 euros, aunque es posible destinar cualquier otra cantidad, a voluntad.

La entidad, que en sus últimos informes económicos aseguraba contar una caja de resistencia de 5,8 millones de euros, no ha hecho público hasta el momento cuánto ha recaudado por esta vía. No obstante, la capacidad de colaboración del independentismo se ha puesto de relevancia en casos como el de la ex consejera Clara Ponsatí, que recurrió al crowdfounding en Escocia y ha conseguido reunir más de 260.000 euros en menos de una semana.