José Antonio Griñán y Manuel Chaves, accediendo a la sala de la Audiencia de Sevilla donde se celebra el juicio del 'caso ERE'.

José Antonio Griñán y Manuel Chaves, accediendo a la sala de la Audiencia de Sevilla donde se celebra el juicio del 'caso ERE'. EFE

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Chaves y Griñán: de la teoría de "los cuatro golfos" a reconocer un "gran fraude"

Política LOS EX PRESIDENTES ANDALUCES DECLARAN LA PRÓXIMA SEMANA EN EL JUICIO DEL 'CASO ERE'

Chaves y Griñán: de la teoría de "los cuatro golfos" a reconocer un "gran fraude"

«No hubo un gran plan [para defraudar] pero sí un gran fraude». El 9 de abril de 2015, tras declarar como investigado durante cuatro horas en el Tribunal Supremo, el entonce senador José Antonio Griñán brindó a los periodistas una frase que causó estupefacción en el PSOE. El sucesor de Manuel Chaves al frente del Gobierno andaluz reconocía abiertamente que una parte importante de los fondos públicos con los que la Administración salió en auxilio de trabajadores de empresas en crisis se había ido por el sumidero de las canalizaciones de conseguidores, intermediarios e intrusos, admitiendo que «alguno de los controles pudo fallar».

Justo al cabo de tres años, Griñán tiene otra comparecencia por la misma causa judicial pero mucho más decisiva. El presidente andaluz entre 2009 y 2012 declarará la próxima semana -previsiblemente el martes, una vez termine el interrogatorio al que la defensa somete al ex consejero de Empleo Antonio Fernández- en la vista oral por el «gran fraude» de los ERE, en cuyo banquillo de los acusados se sienta como presunto autor de delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación y por los que se enfrenta a una petición de pena de seis años de prisión y 30 de inhabilitación.

Es la primera pieza de esta macrocausa de corrupción que se enjuicia y en la que se dilucida la responsabilidad de los políticos en la ideación, diseño, organización, establecimiento y mantenimiento del procedimiento específico por el que la Administración andaluza concedió ayudas por 855 millones de euros a prejubilados y ayudas en crisis entre los años 2000 y 2010. El Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla continúa con la investigación de otras decenas de piezas del caso a las que, según doctrina de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, ya no podrán ser llamados ninguno de los 22 ex altos cargos que ahora están siendo juzgados.

A falta de que la Justicia emita su veredicto, la investigación de los hechos que la juez Mercedes Alaya inició en enero de 2011 ya ha supuesto una ‘condena’ para José Antonio Griñán y Manuel Chaves: el fin anticipado de sus carreras políticas y su salida del PSOE, partido en el que llevaban décadas de militancia y del que llegaron a ser presidentes a nivel federal. Serán los dos últimos de los 22 procesados en declarar en el juicio del caso ERE, antes de que empiecen a desfilar las decenas de testigos propuestos por las partes. ¿Cuáles son los indicios reunidos durante la instrucción por los que Griñán y Chaves se enfrentan a una posible condena? ¿Cuál es la responsabilidad que le han atribuido a estos dos ex altos cargos los jueces que han instruido el caso?

Más que por su condición de presidente, el reproche penal al inmediato antecesor de Susana Díaz al frente de la Junta de Andalucía se deriva de su condición de consejero de Economía y Hacienda, cargo que ocupó entre abril de 2004 y abril de 2009. «Mantuvo el procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones, conociendo tanto los mecanismos destinados a ello (transferencias de financiación y modificaciones presupuestarias), como la falta de un procedimiento dotado de las mínimas y elementales garantías para el reparto de ayudas y subvenciones», sostuvo el juez Álvaro Martín en el auto por el que dio por terminada la instrucción.

Griñán y Chaves cerrarán la próxima semana las declaraciones de los 22 procesados en la vista oral de la pieza del ‘caso ERE’ en la que se juzga la responsabilidad de los políticos

Cuando Griñán regresó al Gobierno andaluz en 2004 hacía ya casi tres años que se estaba empleado el sistema que la tesis acusatoria sitúa en el origen del fraude de los ERE. En virtud de un convenio marco firmado el 17 de julio de 2001, la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social (Consejería de Empleo) era la que concedía las ayudas sociolaborales pero la materialización del pago se la encomendaba al ente Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) o a su heredera la Agencia de Desarrollo e Innovación de Andalucía (IDEA), a la que le hacía llegar el dinero mediante el mecanismo presupuestario de las transferencias de financiación. Ese procedimiento generaba una ‘zona de sombra’ que impedía conocer el destino final del dinero al propiciar la elusión de los controles previos.

Pero sí pudo haber frenado el «gran fraude» el entonces consejero de Economía y Hacienda de haber atendido su departamento el Informe adicional al informe definitivo de auditoría de cumplimiento del ejercicio 2003, emitido el 25 de julio de 2005 y en el que la Intervención General de la Junta de Andalucía concluía que se estaba prescindiendo de manera total y absoluta del procedimiento establecido en la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la concesión de subvenciones.

«Hasta ese momento, todos los implicados en la puesta en marcha y funcionamiento del ‘procedimiento específico’ podrían pretender ampararse en la ignorancia de sus nefastas consecuencias, de modo que, si bien incurrían en un delito de prevaricación, por ser su conducta del todo contraria a Derecho, cabía la posibilidad de que estuvieran haciéndolo por un mal entendido sentido de atención a los intereses colectivos. Sin embargo, a partir de ese informe, esa posibilidad queda descartada de modo absoluto», razonó Álvaro Martín.

«No hubo un gran plan [para defraudar] pero sí un gran fraude», reconoció ante la prensa Griñán tras declarar ante el juez del Supremo que investigó a los aforados

Todas las advertencias lanzadas por el interventor general, uno de los 22 altos cargos encausados en la pieza principal del caso, fueron desatendidas. La número dos de Griñán y también procesada en esta pieza, Carmen Martínez Aguayo, había mantenido en la fase de instrucción que ella nunca dio traslado de esos informes al titular de la Consejería a pesar de que el interventor así la instaba por escrito. En su declaración ahora en el juicio, la ex viceconsejera de Economía y Hacienda cambió su relato y aseguró que dichos informes «no pasaron» por su mesa, que eran los técnicos quienes los leían y que éstos no le alertaron de «ilegalidad alguna».

Cuando la juez Mercedes Alaya elevó la exposición razonada al Tribunal Supremo en agosto de 2014 al encontrar indicios delictivos contra nueve aforados, entre ellos Chaves y Griñán, la instructora veía «imposible» que los presidentes autonómicos desconocieran que su Gobierno utilizaba un sistema ilegal y opaco para pagar ayudas «de forma absolutamente libérrima». También descartaba que aquéllos ignoraran las advertencias sobre ilegalidad que lanzó reiteradamente la Intervención y consideró que tenían que conocer las sobrecomisiones que la Administración andaluza estaba pagando por la formalización de pólizas de prejubilaciones.

La hoy magistrada de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla llegó a esa conclusión apoyada en declaraciones de algunos imputados con altas responsabilidades, caso del ex consejero de Empleo Antonio Fernández. En la primavera de 2012, antes de entrar en prisión preventiva, éste aseguró que el Consejo de Gobierno «conocía» el sistema que se venía utilizando desde julio de 2001 porque «no había nada ilegal». A petición de la acusación popular que ejerce el PP, ante la negativa del encausado de contestar a esta parte y responder sólo a la Fiscalía y a su abogado, esa declaración se leyó esta semana en la vista oral y por tanto queda incorporada al juicio.

Tanto Alaya como el magistrado del Supremo concluyeron que los presidentes de la Junta de Andalucía «conocían» el sistema ilegal que se utilizó para pagar las ayudas

En parte, el planteamiento de la juez que inició la investigación del caso ERE lo respaldó el magistrado del Supremo Alberto Jorge Barreiro, instructor de la causa que afectaba a los aforados: «Es claro que concurren datos indiciarios consistentes de que el imputado José Antonio Griñán, en contra de lo que manifestó al instructor, conocía que las transferencias de financiación se estaban utilizando como sistema descontrolado e ilegal para la concesión de subvenciones» y también que «el procedimiento mediante el que se aplicaba ese instrumento presupuestario era tachado de ilegal (en su lenguaje eufemístico, ‘irregular’) por los informes de la Intervención General de Andalucía».

Así lo exponía en el auto -fechado el 24 de junio de 2015- en el que planteaba mantener la competencia para seguir instruyendo pese a haber renunciado el acusado como senador nueve días antes, dado que tres diputados en Cortes mantenían sus actas y en su opinión la causa era inescindible. En dicha resolución, aludiendo a la estructura «claramente jerárquica y piramidal» existente en la Junta de Andalucía, Barreiro descartaba también que las alarmas del interventor no se hubieran hecho sonar en los oídos de Griñán: «No sólo es que la falta de entrega por la viceconsejera de los informes que se dirigen al consejero contradiga de forma patentemente irrazonable lo que sucede en casos similares, sino que, de acogerse la versión del imputado, en la Junta de Andalucía habría un sector de altos funcionarios (de viceconsejerías hacia abajo) que estarían realizando una especie de complot o de conspiración del silencio dentro de las Consejería de Empleo, Economía y Hacienda para ocultar a los respectivos consejeros los informes relevantes y alarmantes que les llegaban referentes al sistema de aplicación de las transferencias de financiación».

Por todo ello, el magistrado de la Sala Segunda del Supremo veía motivos para continuar el procedimiento contra Griñán por la presunta comisión de un delito de prevaricación. No por malversación, delito por el que también acabó procesándolo el juez que terminó la instrucción del caso después de que todos los aforados renunciaran a sus actas como diputados en Cortes y la competencia recayera nuevamente en el juzgado de Sevilla.

El ex interventor general se ha ratificado en el juicio en lo que dijo al alto tribunal: el Gobierno andaluz hizo «oídos sordos» a sus informes en los que alertaba de irregularidades

También compromete a Griñán la declaración que el ex interventor general de la Junta de Andalucía hizo cuando, a petición propia, declaró en el Tribunal Supremo el 28 de abril de 2015 para desmontar el «cúmulo de invenciones» que -en su opinión- habían relatado los ex presidentes al juez Barreiro. «La Intervención emitió informes en los que pusieron de manifiesto irregularidades y deficiencias los suficientemente graves como para que el Gobierno hubiera tomado medidas, pero durante 10 años se ha hecho oídos sordos y se ha mirado para otro lado», señaló Manuel Gómez Martínez, que ya en la fase de instrucción había enviado un escrito al Parlamento andaluz en el que acusaba a los imputados en el caso de haber «cebado sin descanso la partida de los ERE». En su declaración en el juicio, a preguntas del fiscal, el interventor ratificó la declaración que hizo ante el alto tribunal.

Cuando declaró como imputado en el Tribunal Supremo en abril de 2015, Griñán dijo que no conocía el convenio marco de julio de 2001 que dio pie al nacimiento del fondo de reptiles y defendió que el mecanismo de transferencias de financiación es un «procedimiento adecuado en todas las administraciones». También señaló que si la viceconsejera no le elevó las observaciones formuladas por el interventor fue porque éste «no proponía la actuación del consejero» para su subsanación y destacó que fue él -ya como presidente de la Junta- quien dio instrucciones al consejero de Empleo para que abriera una información reservada en el momento en que se tuvo conocimiento de «comportamientos irregulares».

Acta de declaración como imputado de José Antonio Griñán en el Tribunal Supremo el 9 de abril de 2015.

Acta de la declaración de José Antonio Griñán como imputado en el Tribunal Supremo el 9 de abril de 2015.

El ex jefe del Ejecutivo andaluz consideró «irreprochable» la actuación de la Consejería de Hacienda, si bien reconoció que el fraude de los ERE merece «una responsabilidad penal». A preguntas del fiscal, Griñán reconoció que asumió su responsabilidad política renunciando al cargo tras estallar el escándalo. «Lo que ha sucedido con este asunto es una barbaridad; todas estas ayudas concedidas de forma aleatoria y sin control merecen una responsabilidad política e incluso penal», dijo el ex secretario general del PSOE de Andalucía, que se ratificó en su declaración ante el alto tribunal cuando en marzo de 2016 fue llamado a comparecer por el juzgado de Sevilla tras haber entregado ya su acta de senador.

Griñán declaró en el Supremo que la concesión de ayudas «de forma aleatoria y sin control» merece una «responsabilidad penal»

A diferencia de su sucesor en el cargo, Manuel Chaves es enjuiciado tan sólo por un delito de prevaricación, que acarrea inhabilitación -está retirado de la vida pública desde hace casi tres años- pero no pena de prisión como la malversación. En su caso, el juez lo mandó al banquillo de los acusados por «impulsar la implantación» de un procedimiento «irregular» para el reparto del dinero público desde su condición de «responsable máximo del gobierno de la comunidad».

Como en el caso de Griñán, el magistrado del Supremo concluyó que Chaves tenía que conocer necesariamente el sistema de concesión de ayudas considerado ilegal por los jueces de instrucción, la Fiscalía Anticorrupción y los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Alberto Jorge Barreiro otorgó plena credibilidad a la declaración que Antonio Fernández había hecho a la juez Alaya tres años antes. «El presidente de a Junta de Andalucía, ya sea Manuel Chaves o ya sea José Antonio Griñán, eran conocedores de la operativa de la Consejería de Empleo con las transferencias de financiación para la concesión de ayudas públicas» y «conocían el procedimiento establecido porque estaba en el presupuesto», mantuvo Fernández.

«Cúpula de la pirámide»

«Del conjunto de respuestas que dio a la juez de instrucción el imputado Antonio Fernández se desprende algo que parece razonable: que el presidente de la Junta conocía el nuevo sistema de ayudas implantado a partir del año 2000 merced a las transferencias de financiación. Y también que Manuel Chaves era conocedor del favorecimiento especial que en las ayudas a empresas en crisis se estaba otorgando a la zona de la Sierra Norte de Sevilla», planteó Barreiro en el auto por el que pedía al Congreso el suplicatorio para continuar el procedimiento contra los entonces aforados Chaves y los ex consejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Viera. Y concluyó: «Resulta incoherente que el convenio marco de 17 de julio de 2001 y el nuevo sistema de concesión de ayudas/subvenciones a través de las transferencias de financiación fuera conocido por los viceconsejeros, los directores generales y los subdirectores de varias consejerías y, en cambio, no lo conocieran los integrantes de la cúpula de la pirámide que integra el conjunto de la Administración de la Junta de Andalucía».

El magistrado llegó a esa conclusión tras no conceder credibilidad a la declaración que el 14 de abril de 2015 prestó Chaves ante él. Éste había negado que conociera el procedimiento de concesión de ayudas bajo sospecha -«los convenios no pasan por el Consejo de Gobierno; había multitud de convenios y ningún consejero le informó de ninguno», justificó- y aseguró que nunca tuvo conocimiento de los informes en los que el interventor advertía de irregularidades en el sistema que se estaba utilizando porque ni el consejero de Empleo ni el titular de Economía le informaron de «ninguna ilegalidad».

Manuel Chaves, que al inicio de la instrucción trató de minimizar la importancia del caso a la actuación de «cuatro o cinco golfos», también tendrá que escuchar sentado desde la silla de los acusados la declaración como testigos de dos antiguos trabajadores de la planta que la empresa Bilore tenía en la localidad cordobesa de Lucena y que lo implicaron en la concesión de una ayuda de los ERE.

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