Las respuestas del ministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre le varapalo de la justicia alemana a España respecto a la extradición de Carles Puigdemont transcurrían por una vía más o menos anodina hasta que en respuesta al portavoz del PdeCat en la Cámara, Carles Campuzano le ha espetado que el lazo amarillo que el diputado independentista llevaba puesto en la solapa «es ofensivo».

Y es «ofensivo», ha proseguido el ministro, «porque en España no hay presos políticos sino políticos presos» y «aquí puede decir tranquilamente lo que estime oportuno y a otros les escrachan o les pintan sus casas» ante el silencio de los diputados independentistas, ha añadido en referencia a los actos de violencia, amedrentación y señalamiento que se está produciendo en Cataluña de la mano de los autodenominados comités de defensa de la república (CDR). Además ha lamentado el ministro el clima de «confrontación y amenazas» en Cataluña e ironizado sobre «la revolución de las sonrisas».

Con anterioridad,  en respuesta a la diputada de En Comú Podem Lucía Martín ha defendido la posición de la justicia española respecto al resto de los países de la Unión Europea. Lejos de cuestionar el espacio Schengen, como hizo el fin de semana pasado el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha recordado las disculpas de su homóloga alemana en el sentido de que «no tenía ninguna crítica que hacer a la justicia española».

España es el país que menos condenas tiene por vulneración de los Derechos Humanos, ha alegado el titular de Justicia para señalar que su existe alguna anomalía en España es la de esos partidos  populista, euroescépticos y ultras que se han puesto del lado del independentismo catalán. Y, de colofón, ha recordado que el gobierno, a diferencia de ese independentismo, «aceptamos todas y cada una de las sentencias», tanto las que les gustan como las que no.