La Mesa del Parlament ha acordado la presentación de una querella por prevaricación contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, por su negativa a autorizar la asistencia de Jordi Sánchez al pleno de su investidura. La mayoría independentista se ha impuesto de nuevo en el órgano de gobierno de la cámara autonómica, pese a la oposición de C’s, PSC y PP y las reservas de los letrados. Una decisión que ha recibido el apoyo de CatEC-Podemos, sin representación en la Mesa, pero cuya portavoz ha dado todo el respaldo a la querella anunciada ya ayer por JxCat y ERC.

Los cuatro miembros de JxCat y ERC han acordado solicitar a los servicios jurídicos del Parlament la presentación de una querella en nombre de la cámara autonómica, pese a que los letrados han puesto en cuestión que la institución pueda abrir ese frente jurídico. Los letrados han apuntado la oportunidad de que sea el propio Sánchez, como directo perjudicado, o su grupo parlamentario, JxCat, quienes presenten la querella.

Han advertido además de que no son expertos penalistas, sino que su especialidad es el derecho constitucional, tributario y administrativo, reticencias que no han evitado que los cuatro miembros independentistas de la Mesa acordaran llevar adelante la amenaza anunciada ayer por el presidente de la cámara, Roger Torrent.

C’s y PP amenazan con una denuncia por malversación contra Torrent si prospera la querella desde el Parlament

Tanto el PP, como PSC y C’s han rechazado la decisión de la Mesa que insiste en el «enfrentamiento institucional» con la que se incurre en un uso partidista del Parlament, mientras los Comunes han apoyado la medida y se han limitado a apuntar que la medida debería ser estudiada primero por un penalista ajeno a la Cámara ha asegurado su portavoz, Elisenda Alamany, matizando la postura de su representante en la Mesa, Marta Ribas.

La Mesa ha acordado además presentar una queja contra la actuación de Llarena ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta precisamente de los comunes, para buscar vías intermedias a la defensa de los derechos de Jordi Sánchez.

Amenaza de malversación

La decisión de la Mesa será recurrida vía petición de reconsideración por parte de C’s, cuya líder, Inés Arrimadas, ha matizado hoy la posibilidad de presentar a su vez una querella contra Torrent por un posible delito de malversación de recursos públicos si se dedican esos recursos a la defensa de los intereses particulares de un diputado. Una posibilidad que también estudiará el PP, mientras los socialistas, que también han criticado la iniciativa de la Mesa, han cuestionado esta opción si la querella se presenta con los servicios jurídicos de la cámara.

El presidente del Parlament anunció ayer su intención de plantear esta querella tras anunciar la suspensión del pleno convocado para esta mañana, en el que debía votarse la investidura de Jordi Sánchez. Es la segunda vez que JxCat propone al ex presidente de la ANC como candidato a la presidencia de la Generalitat, pese a que lleva encarcelado en prisión provisional desde el pasado 16 de octubre, y la segunda vez que el juez Llarena rechaza la petición.

El bloque independentista considera que la negativa de Llarena es especialmente grave porque consideran que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas avala su petición al recordar a España que debe respetar los derechos políticos de Sánchez, en la admisión de la queja presentada por el número dos de JxCat.