Política

Lesmes y Catalá se enrocan en una guerra abierta por el juez de ‘La Manada’

La pésima relación que tienen ambos dirigentes saltó a relucir a raíz del voto discrepante de Ricardo González contra la sentencia

Rafael Catalá y Carlos Lesmes, en un acto.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),  Carlos Lesmes, se enrocaron este lunes en una crisis institucional a cuenta de las declaraciones que hizo el miembro del gabinete de Mariano Rajoy señalando que el juez Ricardo González, que emitió un voto discrepante contra la sentencia condenatoria de ‘La Manada’, tenía “un problema singular”.

A lo largo de este lunes desde el departamento de Catalá se defendió que el citado magistrado era conocido en Navarra por sus problemas con compañeros de profesión y el resto de operadores jurídicos mientras desde el órgano de gobierno de los jueces se señaló, por activa y pasiva, que no consta expediente disciplinario abierto contra el juez González ni ninguna petición por parte de la Audiencia Provincial de Navarra de “seguimientos e inspecciones” en relación a la actuación profesional de este magistrado; que emitió un voto a favor de la absolución de los miembros de La Manada.

La pésima relación que tienen ambos dirigentes, Lesmes y Catalá, saltó a relucir este lunes en una jornada donde los siete colectivos de jueces y fiscales de este país solicitaron al unísono la dimisión “inmediata” del ministro.

Desde el Ministerio que dirige Rafael Catalá se reprochó al CGPJ que “negara la realidad” mientras que desde el Poder Judicial se insistió en la idea de que “no consta” que el promotor de la Acción Disciplinaria de dicho órgano haya recibido ninguna petición de investigar al magistrado por parte de los órganos gubernativos de Navarra.

Las palabras de Catalá

En declaraciones a la Cadena Cope, Rafael Catalá sostuvo a primera hora de la mañana que “todos saben que tiene un problema –en referencia al citado juez- y la labor del Consejo es ver si está en plenas facultades para ejercer su labor”. Mientras tanto, el Consejo en emitió a lo largo de este lunes tres comunicados de prensa donde señaló que en los últimos cuatro años no consta que se haya incoado ningún expediente disciplinario contra dicho togado y que, de haber existido actuaciones disciplinarias anteriores, la Ley establece la cancelación de dicho expediente.

Asimismo, el órgano de gobierno de los jueces, a través de la Comisión Permanente, reprochó al Ejecutivo la utilización política de la sentencia de ‘La Manada’. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que preside Lesmes apeló ayer a “la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional” para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial y que trabajan para lograr una Justicia de calidad”.

Sin embargo, las declaraciones Catalá contaron con el reproche de la Carrera Judicial más allá del gobierno del Poder Judicial. En un comunicado conjunto de los siete colectivos asociativos recalcaron que “en unas nuevas declaraciones con motivo de la denominada sentencia de ‘La Manada’, el ministro de Justicia ha insinuado públicamente que debería haberse actuado preventivamente contra el magistrado que dictó el voto particular, verbalizando que el magistrado tiene un problema y que todos los saben, sembrando públicamente dudas sobre la capacidad y condición de dicho magistrado”.

Desde la Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia, Asociación Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales se subrayó que “la intromisión del Ejecutivo en las labores que le corresponden exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial (tales como la tutela o el impulso de la labor disciplinaria) y los comentarios acerca de la capacitación o no de un magistrado son una temeridad por quien ejerce como ministro de Justicia” por lo que solicitaron su “inmediata dimisión”.

El apoyo del PSOE

Desde el departamento de Justicia se aferraron a la necesaria reforma del Código Penal en delitos sexuales y a que el CGPJ estaba ocultando información sobre el juez discrepante de ‘La Manada’, que tuvo dos expedientes abiertos por sentencias injustificadas a lo largo de sus 36 años en el ejercicio de la función jurisdiccional.

Durante la jornada de este lunes, ningún miembro del Ejecutivo salió a apoyar públicamente al ministro Catalá si bien la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, sí que arremetió contra el Consejo porque  cuando este órgano «ve un retraso evidente y claro como el que se estaba produciendo, tenía que haber hecho algún tipo de actuación o de seguimiento». «Ahora el CGPJ no puede ponerse de perfil», remachó la dirigente socialista.

El magistrado Ricardo González fue sancionado en cuatro ocasiones por retrasos en sus resoluciones entre finales de los años noventa y principios de los 2000, cuando era titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao, según informa Europa Press. Según las sentencias del Tribunal Supremo, las sanciones impuestas a González sumaron más de 350.000 pesetas de multa y una de ellas, del año 2003, supuso la suspensión por un periodo de seis meses debido a la comisión de una falta muy grave de retraso injustificado y reiterado en la tramitación y resolución de procesos.

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