«La gran pregunta es si vamos a elecciones o van a poner un Govern que cumpla las leyes. ¿Esto es el último acto Puigdemont para formar gobierno o el primer acto de la precampaña?». Inés Arrimadas ha fijado el punto sobre el que han vuelto después todos los líderes de la oposición. La convicción de que el de hoy es un debate vacío a la espera de que Carles Puigdemont decida si permite la formación de un gobierno viable o fuerza una nueva convocatoria electoral.

La líder naranja ha criticado además una ley que es «un traje a medida» para Puigdemont y ha comparado esta situación con la ley impulsada por Silvio Berlusconi para zafarse de la acción de la justicia italiana. «También la ley de Berlusconi fue tumbada por el Tribunal Constitucional, les suena» ha ironizado Arrimadas, quien se ha mostrado convencida de que «vienen aquí a que les tumben la ley» para escenificar la confrontación con el Estado.

¿Los miembros del Consejo de Garantías también son fachas?» ha preguntado Arrimadas a JxCat tras recordar que rechazaron de forma unánime la reforma

El sentido común ha sido el argumento más recurrido, infructuosamente, por la oposición catalana para rechazar la legalización de la investidura telemática o en ausencia del candidato. Tanto el líder del PSC, Miquel Iceta, como el popular Santi Rodríguez o Xavier Domènech (CatEC) han recordado a los partidos independentistas que ningún parlamento del mundo se ha planteado nunca una investidura en ausencia porque «el sentido común» exige la presencia del candidato.

Pero ni el sentido común ni las advertencias de los letrados del Parlament, el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) y el Tribunal Constitucional han servido para evitar la aprobación de la reforma impulsada por el grupo de JxCat. «¿Los miembros del CGE que ustedes nombraron también son fachas?» se ha preguntado Arrimadas con ironía para recordar que la ley no tiene tampoco ningún aval jurídico.

Son solo 34 diputados

Junto a Arrimadas, el morado Xavier Domènech ha protagonizado la intervención más dura contra JxCat, grupo al que ha acusado de poner el Parlament al servicio de Puigdemont, recordando que «Cataluña no es presidencialista». Dicen, ha recordado Doménech, que «se han ganado el derecho, no la responsabilidad, de gestionar el tiempo del pueblo de Cataluña con 34 diputados, no con 68, 70 o 135. Gestionar el tiempo para hacer qué. ¿Lo sabremos sábado? Me temo que tampoco».

Domènech ha coincidido con Arrimadas en que no saben qué hacer y ha apuntado que «Es dramático que ustedes no lo sepan, podríamos creer que lo sabe Puigdemont, pero quizá tampoco porque ya hemos visto que por un tuit cambia todo» ha concluido refiriéndose al 26 de octubre, cuando tenía que convocar elecciones y acabó proclamando la república.

Incluso el portavoz de ERC, Antoni Castellà, ha reconocido que la ley «probablemente no sirva para nada» pero ha defendido la necesidad de dejar en evidencia una vez más que «el Estado y una parte de esta cámara no han aceptado el resultado de las elecciones». El partido de Carles Puigdemont ha hecho de la reivindicación del ex presidente el principal eje de su discurso político y ya en las reuniones de la Mesa y la Junta de Portavoces de esta semana habían dejado claro que no piensan dejar pasar ni un mecanismo susceptible de escenificar esa confrontación.

El portavoz de JxCat, Albert Batet, ha asegurado en este sentido que «con esta modificación dejamos claro que en Cataluña el presidente el presidente lo eligen los catalanes en las urnas» y se ha preguntado, «¿Quien manda en Cataluña, los catalanes o el Rey?».

El Gobierno ha hecho público ya que los servicios jurídicos de La Moncloa tienen a punto el recurso a la reforma legislativa aprobada hoy, que se presentará ante el Tribunal Constitucional de forma inmediata. Un recurso al que se sumarán los anunciados por C’s y el PSC en la cámara catalana, acogiéndose al dictamen negativo del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE). El del gobierno será, sin embargo, el único que tenga el efecto inmediato de suspender la ley aprobada hasta que el Constitucional adopte una decisión definitiva.

La reforma de la Ley de Presidencia propuesta por JxCat argumenta que, puesto que la citada ley prevé la ausencia por «enfermedad o impedimento» del president en el funcionamiento ordinario del Govern, debe incluirse esa opción en el caso de la investidura. Y la añade afirmando que «en caso de ausencia por enfermedad o impedimento del candidato el Pleno del Parlament podrá autorizar por mayoría absoluta la celebración del debate de investidura sin su intervención» presentando el programa por escrito.

Añade además que el Govern se puede «constituir, convocar, celebrar sesiones y adoptar acuerdos de forma presencial o a distancia, excepto si su reglamento interno dice el contrario», habilitando así, también, el funcionamiento telemático del ejecutivo autonómico.