La Alta Inspección de Educación ha registrado ya 134 denuncias por adoctrinamiento en las aulas catalanas desde el pasado septiembre. Así lo ha denunciado hoy la diputada del PP Andrea Levy, que ha anunciado una propuesta de resolucion parlamentaria de «condena a la instrumentalización política de las escuelas catalanas».

El anuncio coincide con la entrevista que esta tarde mantendrán los secretarios de Estado de Educación e Interior con padres de alumnos del Instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), que han denunciado ante la justicia el señalamiento de alumnos por ser hijos de guardias civiles. Un encuentro que fue anunciado por el Gobierno, pero que ahora se quiere mantener en privado.

Populares y Ciudadanos han anunciado además la petición de comparecencia del Sindic de Greuges -defensor del pueblo- catalán, Rafael Ribó, quien ayer relativizó estas denuncias y defendió la actuación de los profesores catalanes.

El portavoz de C’s, Carlos Carrizosa, ha considerado de «extrema gravedad que el síndic haya dado la espalda a la defensa de los menores afectados por los graves hechos que se investigan en Sant Andreu». Carrizosa ha recordado que los profesores presuntamente «coaccionaron y humillaron a alumnos por ser hijos de guardias civiles» y ha advertido que «no toca despachar el asunto diciendo que es un ataque a la escuela catalana» tras lamentar que Ribó «no dedica ni una línea» a los menores acosados.

Denuncias anónimas

«Cada vez conocemos mas casos de presión sobre estudiantes en las escuelas en las que se señala al discrepante y se acosa a los que piensan diferente al nacionalismo» ha añadido Levy. En su propuesta, el PP reclamará que el Parlament «condene la instrumentalización política en las escuelas catalanas» e instará a que los educadores investigados por estos casos «puedan concluir en inhabilitación de los que incurran en conductas que adoctrinen».

Levy ha advertido además que los grupos que no apoyen la condena al adoctrinamiento «quedarán retratados» y ha apuntado que «espero que la parte nacionalista del PSC explique muy bien si está a favor o en contra de la instrumentalización escuela».

En este contexto, la portavoz del PP ha abogado por habilitar un sistema de «denuncias anónimas» sobre esta cuestión para «romper la espiral del silencio» que a su juicio se había impuesto en Cataluña y «ahora se está rompiendo». Denuncias que en su opinión deberían dirigirse a la Inspección de Educación de la Generalitat o a las concejalías de educación municipales.

Una propuesta que ha sido rechazada por C’s, que ha recordado que ya existen las vías para denunciar este tipo de comportamientos y ha recomendado al PP que «active la Alta Inspección de Enseñanza» que depende del Gobierno, en vez de presentar iniciativas «desde el grupo mixto, que son papel mojado».