El fiscal general del Estado. Foto cedida por FGE.
La Fiscalía española ha hecho en las últimas semanas un importante esfuerzo recopilando documentación que han remitido a sus homólogos alemanes para poder acreditar que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, cometió un delito de rebelión cuando el pasado mes de octubre decretó la declaración unilateral de independencia de Cataluña.
Sin embargo, pese a la estrecha colaboración que ha mantenido el departamento que dirige Julián Sánchez Melgar con la Fiscalía de Alemania -viaje a la sede del Eurojust (La Haya) mediante- en el Ministerio Público ven “difícil” que el ex número uno del Govern vaya a ser entregado a nuestro país por el delito más grave por el que ha sido procesado, según informan fuentes fiscales a El Independiente.
En primer lugar, porque por ahora la Fiscalía española no tiene “certeza absoluta” de que sus colegas alemanes vayan a defender en la vista -donde se resolverá el fondo del asunto respecto la entrega de Puigdemont- los dos delitos por lo que le ha propuesto juzgar el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena: rebelión y malversación de caudales públicos. Aunque consideran probable que sí lo hagan, y confían en que así sea, de momento, en las conversaciones mantenidas en los últimos días con los mismos estos se han limitado a señalar que dicha cuestión “continúa en estudio”.
Por otro lado, porque a la Fiscalía del Alto Tribunal no se le escapa que los mismos tres jueces de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein -Martin Probst, Matthias Hohmann y Matthias Schiemann- que el pasado mes de marzo no apreciaron la rebelión y pusieron en duda la malversación son los que tienen que volver a decidir en las próximas dos semanas sobre dicha cuestión. Un dato que consideran que juega en contra de los intereses de la justicia española.
En estos momentos, los escenarios contemplados por el Ministerio Público son tres: que se cumplimente la euroorden por los dos delitos, solo por uno o incluso por ninguno. En el caso de que Alemania sólo esté dispuesta a enviar a nuestro país a Puigdemont por malversación tanto la Fiscalía como el juez Llarena lo tienen claro: se rechazaría esa entrega ya que la responsabilidad del ex presidente del Govern en este asunto no puede ceñirse a un delito patrimonial.
Además, las fuentes fiscales consultadas son partidarias en estos momentos de no cerrar la instrucción que dirige Llarena hasta que se haya atado mejor el uso fraudulento de fondos de la Generalitat en el ‘procés’. De lo contrario, con la malversación sin amarrar consideran que estaríamos ante un “cierre en falso” de la causa que podría tener consecuencias de cara al juicio oral.
Las mismas fuentes calculan que en el plazo de 15 o 20 días puede estar ya resuelta la euroorden de Puigdemont por parte de Alemania.
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