El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha reclamado al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, «lealtad, responsabilidad y madurez» para mantener el pacto de estado en torno a la aplicación del artículo 155 en Cataluña, lo que permitió la intervención de una Generalitat declarada en rebeldía.

Durante una breve comparecencia ante la prensa para dar cuenta de la presentación de la interposición del recurso de inconstitucionalidad de la ley de presidencia aprobada por el Parlament para investir a Carles Puigdemont en la distancia, Méndez de Vigo ha explicado que el Gobierno aplicó el 155 «con responsabilidad porque el momento era grave y exigía una política de Estado. Exigía el acuerdo del Senado donde tenemos mayoría, sin embargo -continuó- quisimos contar con otros partidos, incluso con los que ponían determinadas condiciones».

Desde ese día el Gobierno ha presentado 25 recursos, por lo que «nadie puede tener ninguna duda sobre la voluntad» del mismo a la hora de afrontar un conflicto que está rentabilizando sin duda alguna Ciudadanos. «Este es un tema de Estado, es importante la lealtad, responsabilidad y madurez», ha insistido en referencia a la amenaza de Rivera de romper la unidad en torno al 155.

Quien quiera trabajar con nosotros, bienvenido sea», dice Mendez de Vigo

Respecto a la queja de Rivera de que Mariano Rajoy ha cortocircuitado los contactos con él, el ministro portavoz asegura que en este tema «siempre ha buscado el consenso y la estabilidad. Siempre hay voluntad de pactar, hablar y dialogar con el señor Rivera y otros». «Quien quiera trabajar con nosotros, bienvenido sea, quien no quiera, que explique porqué  compromete esa senda de estabilidad», ha retado para agregar que son los españoles los que tienen que juzgar el comportamiento de los líderes políticos.

Moncloa recurre además que se puedan reunir órganos de la Generalitat a distancia

Ademas, el Ejecutivo no se ha limitado a recurrir solo la ley de presidencia, sino, también, previo informe preceptivo del Consejo de Estado, el hecho de que esta modificación se ha tramitado en lectura única, en una materia reservada al reglamento de la Cámara autonómica y, lo que es más llamativo, ha impugnado la posibilidad de permitir la celebración de sesiones y de reuniones órganos colegiados de la Generalitat a distancia.

Pese a las advertencias del gobierno, de los letrados del Parlament y de su consejo de garantías estatutarias, los independentistas aprobaron una modificación de la ley de presidencia para permitir «la investidura de un prófugo de la justicia sobre el que pesa una orden detención y entrega». Ningún candidato puede ser investido si no está presente y el TC se pronunció en esta línea en enero y adoptó cautelares en abril.

«Desde la aplicación del 155 el Gobierno ha conseguido restablecer el orden constitucional y estatutario, recuperar la convivencia, devolver la confianza en las instituciones y poner la generalidad al servicio de todos los catalanes y frenar el deterioro económico», ha sentenciado el ministro.

El TC -cuyo pleno se encuentra reunido desde ayer- podría admitir a trámite hoy mismo, lo que supondría la suspensión automática de la ley.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicado la Ley de modificación de la Presidencia de la Generalitat, aprobada en el Parlament con la intención de poder investir a distancia a Carles Puigdemont, y que será recurrida por el Gobierno ante el TC esta misma mañana. La ley publicada en el DOGC, que en aplicación del artículo 155 viene firmada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, señala que «en caso de ausencia, enfermedad o impedimento» del candidato a president, el Pleno del Parlament puede autorizar, por mayoría absoluta, que el debate de investidura se celebre sin su presencia y que pueda solicitar la confianza de la cámara por escrito o cualquier otro medio previsto en el Reglamento.

La modificación de la ley contó con el apoyo de la mayoría de diputados de JxCat, ERC y la CUP -un total de 70 votos, incluidos los delegados del propio Puigdemont, Antoni Comín y los diputados en prisión-, mientras que se opusieron a ella los 64 parlamentarios de Ciudadanos, PSC-Units, Catalunya en Comú-Podem y PPC.