El final de ETA ha dejado tras de sí un saldo de más de 350 asesinatos de la banda sin resolver. Una cuestión en la que las víctimas quieren que el Gobierno y la Justicia española se impliquen y den una respuesta cuanto antes. Durante la reunión mantenida por el presidente Mariano Rajoy y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, el pasado jueves en el Palacio de La Moncloa con más de una veintena de asociaciones de víctimas del terrorismo, el Ejecutivo se comprometió a abordar la cuestión.

La principal asociación de víctimas, la AVT, con cerca de 4.600 asociados, quiere que esta cuestión no se limite a buenas palabras sino que se adopten medidas que contribuyan a que se produzcan avances. Por ello, mantendrá próximamente un encuentro con el ministro Zoido, así como con el Fiscal General del Estado, Julio Sánchez Melgar y el presidente de la Audiencia Nacional para impulsar el esclarecimiento de los crímenes de la banda con un renovado impulso desde el Ejecutivo y la Fiscalía y la Justicia. El plan contempla que todas las instituciones estudien la posibilidad de crear una oficina específica en la Fiscalía de la Audiencia Nacional dedicada exclusivamente al esclarecimiento de crímenes de ETA.

El encuentro entre la AVT e Interior aún no tiene fecha pero está previsto que no se demore más de semana y media. En él, se abordará con detalle las medidas que desde la Administración se puedan adoptar para contribuir a que prosperen investigaciones que faciliten el esclarecimiento de los numerosos asesinatos y atentados sin culpables con los que ETA se ha disuelto.

La AVT ultima encuentros con Zoido, el Fiscal General del Estado y el presidente de la Audiencia Nacional

Junto a ello, se quiere abordar otra de los aspectos que más preocupan a las asociaciones de víctimas y que pasa por los recibimientos que se brindan a los presos de ETA que salen de prisión y que son recibidos con actos públicos en numerosos municipios de Euskadi y Navarra. Ciudadanos propuso recientemente que ante la dificultad de que se pueda prohibir por la vía penal, al estar autorizados por la Justicia española, se establezcan al menos mecanismos y sanciones de carácter administrativo para sancionar a las instituciones que colaboren en su celebración.

Impulso a la investigación

Precisamente, uno de los primeros encuentros celebrados por la recién nombrada presidenta de la AVT, Maite Araluce, ha sido con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, partidario de un cambio en la Ley de Víctimas para que corresponda a los delegados del Gobierno la imposición de sanciones administrativas a quienes promulguen este tipo de bienvenidas a presos etarras. Sanciones que según la formación naranja deberían llegar hasta los 250.000 euros.

Ambas cuestiones serán tratadas durante el encuentro con el ministro Zoido, así como con el Fiscal General del Estado, Julián Sánchez Melgar, en la reunión que Araluce y su equipo están ultimando. Desde la AVT aseguran que la labor que están llevando a cabo desde la asociación es intentar evitar que los casos que estén cercanos a su prescripción, -tras haber transcurrido 20 años desde la comisión del atentado-, no lo hagan al poder frenar la misma con algún trámite.

Junto a ello reclaman que se dé un nuevo impulso, tras el final de ETA, a las investigaciones por parte de los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de la Justicia para lograr que se puedan producir avances en el esclarecimiento de los cientos de asesinatos sin resolver. Una aspiración que se retomar con fuerza con los encuentros que el nuevo equipo de dirección de la AVT mantendrá con Interior, la Audiencia Nacional y la Fiscalía General del Estado en los próximos días.

La Guardia Civil tiene ya casi cerrados dos investigaciones de casos sin resolver para remitir a la Fiscalía

A este respecto, la AVT ya trasladó a Rajoy y Zoido que cualquier cambio en la política penitenciaria que se aplique a los presos de ETA, en aras a su posible acercamiento a cárceles de Euskadi, deberá tener como condición previa el respeto a la ley, un tratamiento individualizado de cada caso y siempre que el recluso colabore con la Justicia. Un requisito con el que confían en que se puedan aclarar muchos de los casos pendientes.

Actualmente la Guardia Civil lleva a cabo varias investigaciones sobre casos sin resolver. El Cuerpo tiene prácticamente cerrados dos casos de crímenes cometidos por ETA y con las que confía poder remitir a la Fiscalía para que se proceda a su reapertura. No es la primera ocasión en la que la Guardia Civil logra que se retome un crimen olvidado de ETA. Uno de los expedientes más conocidos y que continúa investigándose en la justicia tras un informe de la guardia Civil es el referido al caso del agente Ignacio Mateu Isturiz, asesinado el 26 de julio de 1986 y por el la Justicia investiga a José Antonio López Ruiz, alias ‘Kubati’.