El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha rechazado incluir en la causa del procés, seguida por delitos de rebelión y otros, a Josep María Jové, considerado organizador del referéndum del 1-O, y a Lluis Salvadó, ambos diputados del Parlament por ERC y ex altos cargos del Govern. El magistrado considera que no hay indicios de que ambos participaran en el delito de rebelión que él investiga en el Supremo, dado que fueron detenidos antes de los sucesos del 20 de septiembre, cuando una multitud se enfrentó a la comisión judicial que registró la Consellería de Economía de la Generalitat.

El magistrado rechaza así la petición que le hizo el juez del Juzgado 13 de Barcelona que investiga el referéndum ilegal, aunque lo hace «sin perjuicio» de que las actuaciones de Jové y Salvadó puedan ser investigadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dado que son diputados. Es decir: el juez dice, por un lado, que los hechos del 20 de septiembre son un eje fundamental en su investigación y que no hay indicios de que Jové y Salvadó «realizaran alguna actuación con posterioridad a ese momento».

Fue la violencia acontecida en la sede de la Consejería de Hacienda el día 20 de septiembre de 2017 «la que sin ninguna duda permitió que todos los involucrados en el proceso se imaginaran el riesgo de que futuras movilizaciones pudieran estallar con episodios violentos de fuerte lesividad y daño en el grupo social», dice.

‘No hay pruebas’

Y añade que «la exposición razonada muestra que ambos investigados, por más que actuaran con el ideario de conseguir la independencia de la comunidad autónoma de Cataluña o con la aspiración de dotarla de los instrumentos administrativos que le permitieran actuar con soberanía tan pronto como se constituyera la república, fueron detenidos previamente a los sucesos acontecidos el día 20 de septiembre».

Por ese motivo, dice, no hay pruebas de que participaran en el delito de rebelión investigado en el Supremo, por más que la actuación de ambos haya podido constituir otros delitos, que en su caso deberá investigar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dada la condición de ambos de diputados del Parlamento de Catalunya.

Josep María Jové fue mano derecha del exvicepresident del Govern Oriol Junqueras (en prisión preventiva por esta causa) en Economía. A él se le incautó la agenda Moleskine, en la que figuraba la estrategia para el «procés» y el referéndum del 1-O, uno de los indicios documentales claves en la investigación contra el «procés».