El Partido Popular ha pedido a los tres presidentes de las instituciones europeas, Consejo, Comisión y Parlamento, Donald Tusk, Jean-Claude Junquer y Antonio Tajani, respectivamente, que no reciban ni den ningún tipo de cobertura a la delegada de la Generalitat en Bruselas, la prófuga y ex consejera de la Generalitat Meritxell Serret. En una carta firmada por el vicepresidente del PPE y líder de la delegación española popular, Esteban González Pons, les ruega que no acepten «ninguna petición para reunirse, ni de la señora Serret ni de su equipo, puesto que, a partir de ahora, sus acciones podrían volver a ser constitutivas de delito. Le pido por favor que no abra las puertas de los despachos europeos a la gente que está tratando de romper mi país».

Alerta sobre el riesgo  de que las instituciones europeas «sean usadas para propósitos
políticamente inaceptables. Le pido por favor que no permita que el Estado de Derecho sea debilitado, ni que la Constitución española y los tratados europeos sean objeto de burla. Lo que le pido en definitiva es que por favor proteja el honor de mi país, España, una gran nación europea con siglos de historia a sus espaldas».

Su nombramiento como delegada en Bruselas sólo persigue «dividir, dice González Pons

Tras explicar que Serret, ex consejera de Agricultura del Gobierno de Carles Puigdemont y nombrada ahora por Quim Torra, es una fugitiva de la justicia española y está siendo procesada por el Tribunal Supremo «por los crímenes de desobediencia a la autoridad y malversación de fondos públicos», explica el eurodiputado popular que su nombramiento como delegada en Bruselas sólo persigue «dividir una vez más a la sociedad catalana provocando un nuevo enfrentamiento judicial».

Y aunque no oculta que ha habido un cambio de Gobierno en España, el poder judicial, sin embargo, «sigue siendo tan independiente como lo era antes. El proceso
legal continúa abierto y este nombramiento podría ser ilegal y tener consecuencias penales», advierte.

Gonzálezs Pons ha sido muy activo durante estos años en las instituciones europeas para intentar desmontar el discurso del independentismo, realizando una labor de pedagogía muchas veces superior al del propio Gobierno de Mariano Rajoy, consciente de que es Europa el principal activo para frenar a los secesionistas.