Uno llegó a ‘generalísimo’, el otro a simple teniente general, sin maximalismos. El primero murió en la cama 40 años de férrea dictadura después, el segundo en un accidente de avión cuando se disponía a iniciar el golpe militar que debían dar juntos. Unidos en vida, ocho décadas después también sus trayectorias post mortem pueden seguir caminos semejantes. Francisco Franco y el general navarro José Sanjurjo Sacanell descansaban en mausoleos y criptas erigidas en honor a los caídos y sufragadas con fondos públicos y con el trabajo de los perdedores.

Lugares de descanso eterno que la historia y la España democrática siempre han querido reconsiderar y ahora se disponen a ejecutar. El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez ya ha anunciado que está dispuesto a sacar del letargo una de sus viejas aspiraciones: que los restos de figuras como las de Franco no merezcan ni honores ni lugares preminentes y sean entregados a sus familias.

En el 2018 que nunca imaginaron, tanto Franco como Sanjurjo pueden ganar ‘guerras’ juntos después de muertos. En el caso del general navarro ya lo ha hecho. Y ahora, la familia del ‘caudillo’ ha anunciado que también está dispuesta a intentarlo.

Esta vez el campo de batalla en el que librarán sus fuerzas será judicial. Como ya reivindicaron los Sanjurjo, los Franco no están dispuestos a que los restos de su abuelo sean exhumados del Valle de los Caídos. Menos aún que sea como primer gran gesto simbólico del Gobierno Sánchez. Lo avanzó el nieto mayor, Francis Franco Martínez Bordiú, a El Independiente: “Nos negamos a que se juegue con los restos de nuestro abuelo, no hay realmente necesidad”, dijo. No habrá por tanto consentimiento familiar para que el dictador descanse lejos del mausoleo en el que reposa. Señalan que fuera de El Valle de los Caídos será casi imposible asegurar que los restos del dictador no fueran profanados.

Sanjurjo regresa a la cripta

Tienen espejo en el que mirarse. El precedente es reciente, de hace apenas unos días. La familia del general que murió cuando se accidentó el avión en el que viajaba desde su exilio en Portugal -tras el fallido golpe contra la República en 1932- hacia Burgos para unirse al frente golpista de los nacionales, tampoco dio su consentimiento. No autorizarían exhumar a Sanjurjo, enterrado en la cripta del monumento a los caídos existente en Pamplona desde 1961.

La decisión del Ayuntamiento de Pamplona de retirar los restos de insignes franquistas como el general Mola o el general Sanjurjo, así como de varios combatientes requetés, abrió un frente judicial que ha terminado dando la razón a la familia Sanjurjo. Por ahora, la sentencia conocida esta semana, contra la que cabe recurso, les permitirá que sus restos puedan regresar a Pamplona, a la cripta de la que salieron tras ser exhumados. Desde marzo de 2017 se encuentran en un panteón de héroes regulares del cementerio cristiano de Melilla. Un entierro que suscitó cierta polémica por la presencia del presidente de Melilla, Juan José Imbroda, así como de alto cargos militares y los honores que se le rindieron al general dos veces golpista.

El pasado día 2, cuando el Gobierno del PSOE ultimaba la fórmula para exhumar a Franco del Valle de los Caídos, un juzgado de Pamplona, el contencioso administrativo número 2, resolvía a favor de la familia Sanjurjo que había recurrido la decisión del Consistorio de retirar los restos del general. La Justicia sentenciaba que podían ser restituidos en el mismo lugar del que fueron retirados el 16 de noviembre de 2016, previo acuerdo entre el Consistorio y el Arzobispado de Navarra. La hija de Sanjurjo, Carlota, ha visto respaldada su reprobación y podrá devolver a su padre a la cripta en la que había descansado los últimos 57 años.

La justicia ha decretado que los restos de Sanjurjo regresen a la cripta de la que fueron exhumados en 2016

La sentencia firmada por el juez Antonio Sánchez revoca el acuerdo y lo justifica señalando que para exhumar los restos no es de aplicación la Ley de Memoria Histórica cuando las menciones existentes en la cripta sean “de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley”. Considera que la cripta no puede considerarse más que un lugar “de culto privado” y en ningún caso un símbolo franquista. Recuerda además que se trata de un lugar protegido y por tanto cualquier intervención debería respetar “la integridad de sus elementos de interés”, incluido el “lugar de enterramiento”.

Es precisamente la apelación al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica una de las justificaciones empleadas por el Gobierno de Sánchez para situar la exhumación de los restos de Franco como una de sus primeras medidas. Apenas tres semanas después de acceder a La Moncloa el presidente ya anunció la pretensión del Ejecutivo de sacar a Franco del Valle de los Caídos y de hacerlo pronto, antes de agosto. Recordó que una moción aprobada en mayo pasado en el Congreso ya lo solicitaba, además de ampliar y hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica, paralizada y sin presupuesto durante el Gobierno de Rajoy. Los servicios jurídicos del Gobierno trabajan ya para estudiar cómo exhumar al dictador, incluso pese a tener la familia Franco en contra.

Una decisión “tomada”

Sin duda, el precedente del caso de la Familia Sanjurjo será tenido en cuenta. Cuando el Ayuntamiento de Pamplona anunció su intención de retirar los restos de la Cripta de los Caídos de Pamplona, tanto los del general Sanjurjo como los del general Mola y varios luchadores requeté, iniciaron una batalla en los tribunales que ha terminado por derrocar las pretensiones del consistorio pamplonés.

La familia Franco ya ha anunciado que no dará su consentimiento para exhumar al dictador. Tampoco los Sanjurjo lo otorgaron. Tan sólo unos días después de anunciar la medida, los Sanjurjo hicieron pública una misiva en la que reprobaban el acuerdo que concibieron como un mensaje de odio “a la fe, a la historia, a la nación, al diálogo y al respeto entre los españoles”. Ya entonces apuntaron que la exhumación era contraria al derecho y a la Ley de Memoria Histórica. Cosa distinta es que el Estado renuncie a su propósito sólo por la resistencia de la familia.

El Gobierno ha anunciado su intención de realizar la exhumación de Franco para este mismo mes de julio

En el Ejecutivo recuerdan que la decisión “está tomada” y que sólo resta buscar el amparo legal para llevarla a cabo. Y en esas están los servicios jurídicos del Gobierno a todos los niveles. La vicepresidenta, Carmen Calvo, ha insistido en que el traslado se realizará y que será pronto y con “todo el respeto” hacia la familia. Una exhumación de la que podría quedar fuera el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, que pese a estar enterrado en el Valle de los Caídos no lo hace en un lugar preminente. Además, Primo Rivera continuaría descansando en el mismo lugar, al tener la consideración de víctima de la Guerra Civil tras ser fusilado por el bando republicano.

El enterrador de Franco, Gabino Abánades ha recordado estos días que desenterrar el féretro donde reposa franco será un proceso sencillo, apenas una hora. Elevar la losa de tonelada y media que cubre la sepultura será la fase más compleja pero bastaría, como se hizo el 23 de noviembre de 1975, con un sencillo equipo de 4 personas para poder completar la operación.

Ahora sólo resta conocer si la negativa de la familia Franco a facilitar que el dictador sea exhumado será sólo el inicio de una batalla legal que termine en la mesa de un juez. Quizá entonces sepamos que los argumentos empleados para deshacer el caso del teniente general Sanjurjo pueden repetirse para enredar aún más un caso que aún solivianta las dos Españas. Si bastará con retirar posibles referencias o enaltecimientos del franquismo del Valle de los Caídos para que una sentencia autorice a la familia a regresar al lugar que simbolizó cuatro décadas de dictadura.