La distensión entre Gobierno y Generalitat puede tener efectos positivos también para Carles Puigdemont, adalid de la confrontación. La administración catalana ha iniciado ya la tramitación de los permisos necesarios para  el traslado de una escolta de los Mossos d’Esquadra a Hamburgo, donde reside Puigdemont, como parte de la Oficina del Expresidente que el ex inquilino del Palau de la Generalitat requirió hace tres semanas. Una oficina que ya tiene responsable, el historiador Josep Lluís Alay. El mismo que acompañaba a Puigdemont junto a su fiel Josep María Matamala cuando fue detenido en Alemania.

El DOGC publica hoy el nombramiento, la primera decisión efectiva del Govern para atender a la petición de Puigdemont, en la que el ejecutivo trabaja oficialmente desde hace dos semanas. Alay, junto a Matamala y los dos mossos que acompañaban al ex president, está siendo investigado por la Audiencia por encubrimiento de ese episodio.

Ahora el historiador dejará un cargo público, comisionado de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona, presidida por el PDeCat, para hacerse cargo de la oficina que Puigdemont quiere convertir en base de operaciones de su particular campaña de “internacionalización del conflicto”.

Un mes y medio después de la toma de posesión del nuevo Govern, el efectivo, sigue sin haber noticias de dotación o apoyo para el “Espacio Libre de Bruselas” que debía tejer un colchón de apoyo a Carles Puigdemont y justificar su labor de “internacionalización del conflicto”. Pero sí prospera la Oficina del Expresident, ajena a la decisión de la Justicia alemana de entregarle a España por malversación.

La oficina, de momento en Barcelona

Puigdemont ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional alemán, y el Tribunal Supremo tiene serias dudas sobre aceptar la extradición en estas condiciones, por lo que la decisión del Tribunal de Schleswig-Holstein no parece que vaya a tener efectos inmediatos. Y mientras no se resuelve el futuro judicial del interesado, el Govern ha optado por alojar la Oficina en Barcelona, probablemente en el Palau Centelles, muy próximo a la Generalitat, que también acoge el Consell de Garanties Estatutaries.

Allí será donde Alay empiece a montar el equipo y la nueva agenda del ex president, que volverá a contar de este modo con una plataforma de difusión de su mensaje. Con la esperanza, probablemente, de que el Tribunal Constitucional alemán atienda su recurso y poder volver a la casa de Waterloo, en Bélgica, donde sus denuncias contra España han tenido especial eco en los últimos meses.

Elsa Artadi confirmó el pasado 2 de junio desde el Palau de la Generalitat que el ejecutivo catalán ya ha empezado a trabajar para atender la petición del ex president, situando como prioridad la escolta de seguridad, que los Mossos d’Esquadra volverán a cubrir de forma oficial, aunque agentes del cuerpo autonómico han ejercido de escoltas “oficiosos” durante estos meses, teóricamente aprovechando libranzas y vacaciones.

Oficina, jefe de gabinete, dos administrativos y coche oficial con chófer, la dotación para los ex presidentes de la Generalitat

El Decreto de régimen estatutario de los expresidentes aprobado en 2003 por el último gobierno de Jordi Pujol establece la asignación de tres puestos de trabajo con asignación de nivel máximo en la administración catalana para uno de ellos -el puesto que ocupará Alay-, adscritos al Departamento de Presidencia.  Además de una dotación presupuestaria para la oficina que se fija anualmente en los Presupuestos de la Generalitat. Los ex presidentes tienen derecho también a coche oficial con chófer y “los servicios de seguridad necesarios”.

La ley de Presidencia fija además para los ex presidentes una asignación del 80% del sueldo de president durante los cuatro años posteriores a haber ocupado el cargo, y una pensión vitalicia del 60% después. Pero Puigdemont ha renunciado de momento a ese asignación, porque cobra un sueldo público como diputado del Parlament -su grupo ha reclamado además que cobre las dietas, pese a no haber pisado el hemiciclo esta legislatura, como es notorio-. Sin embargo, si se hace efectiva la suspensión dictada por el juez Pablo Llarena podría reclamar el sueldo de ex president para sufragar sus gastos en Alemania.