No es un mundo desconocido para él. En 2010 abandonó Pontevedra, donde ejercía como fiscal antidroga. Lo hizo para trasladarse a la Audiencia Nacional. En los últimos ocho años ha participado en numerosos procesos relacionados con ETA, algunos con el Grapo y no pocos relacionados con delitos de carácter económico. Ahora el reto al que se enfrenta el fiscal Marcelo De Azcárraga es mucho mayor: arrojar luz sobre gran parte de la historia criminal de la banda. El pasado 22 de junio la Audiencia Nacional lo designó para coordinar la investigación de cuantos crímenes han sido cometidos por organizaciones terroristas desde 1978 y hasta la actualidad y aún no han sido esclarecidos.

La nueva figura creada por la Fiscalía de la AN era una vieja reclamación de las asociaciones de víctimas del terrorismo. Sin duda los crímenes de ETA que se deberán esclarecer serán los más numerosos, más de 350. Pero no serán los únicos. Azcárraga señala que no habrá “discriminación” entre organizaciones. Lo hace a pregunta de El Independiente, tras ser cuestionado si también se esclarecerán los crímenes no resueltos de la ‘guerra sucia’ de los GAL, la Tripla A, el Batallón Vasco Español o los Grapo.

Dice no tener muchas esperanzas en la colaboración por parte de los presos de ETA para aclarar sus crímenes, “no es algo que me preocupe ni va a ser el ‘caballo de batalla’ de nuestra actuación”, asegura. Advierte de que se debe ser “realista”. En muchos casos será imposible aclarar qué ocurrió o quién cometió un atentado. El paso del tiempo es su principal enemigo, no sólo por la prescripción de delitos que provoca sino también por la desaparición de pruebas y vestigios para el esclarecimiento de atentados que conlleva. A las víctimas les asegura que se llegará “hasta donde sea posible” y que para ello se comprobará de modo “exhaustivo” todos y cada uno de los crímenes sin resolver de los últimos 40 años.

Pregunta.- Acaba de ser designado para ocupar un puesto de nueva creación en la Fiscalía. Su labor pasa por coordinar la investigación de los cientos de asesinatos y crímenes de ETA sin autoría conocida. ¿Cuántos diría que son?

Respuesta.- Creo que hay que desterrar la conceptuación del problema como un problema de cifras para centrarlo en las personas cuyos crímenes no han sido esclarecidos. Desde este punto de vista el trabajo parte de los nombres de estas personas, con independencia del número que resulte.

P.- ¿Tiene ya una fotografía aproximada de la magnitud del reto al que se enfrenta? Tipo de delitos que se van a investigar, periodo temporal que abarcará la investigación, etc.

R.- El período lo marcará las fechas de comisión de atentados terroristas cuya autoría no ha sido determinada hasta ahora, desde el año 1978.

P.- Muchos de los atentados ya han prescrito, sus autores han fallecido o localizar pruebas puede ser complicado. ¿Qué se puede esperar realmente de una investigación en este contexto y con estas características? Las esperanzas de poder esclarecer autorías, ¿cómo las describiría o cuantificaría?

R.- No se pueden establecer conclusiones previas al análisis de cada caso. La experiencia nos dice que en ocasiones se encuentran datos o elementos que anteriormente no habían podido ser relacionados con una concreta causa penal. En todo caso, sin perjuicio de que debemos de ser realistas y las dificultades son obvias, ello no nos va a impedir desplegar todos nuestros esfuerzos para llegar hasta donde sea posible partiendo siempre del gran y encomiable trabajo desarrollado hasta ahora.

Debemos ser realistas, las dificultades son obvias. Llegaremos hasta donde sea posible”

P.- ¿Tiene definido cómo se abordará el trabajo, por dónde se comenzará, por qué tipo de atentados?

R.- Lo primero, vamos a tratar de elaborar un listado de personas víctimas de actos terroristas sin esclarecer, para lo cual la aportación de las Asociaciones va a ser fundamental. A partir de allí haremos una exhaustiva comprobación de cada uno de ellos para confirmar el hecho y, en su caso, desarrollar las pesquisas que se considere oportuno.

P.- ¿Con qué medios se dota a su oficina? ¿Qué potestad tendrá para llevar a cabo la investigación, hasta dónde podrá investigar?

R.- Mi oficina como tal es la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional con todos sus integrantes, cuyo apoyo es fundamental

P.- Su labor es de coordinación y requerirá poner en una misma senda de investigación a muchos agentes: Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, instituciones del Estado, Servicios de Información, asociaciones de víctimas… ¿Qué papel jugará cada una de ellas?

R.- Todos estamos convencidos de la finalidad que se pretende que, en última instancia, es idéntica para todos los que indica y actuando en la misma dirección. Cada uno lo hará desde su función y posición.

P.- ¿Cuál es la mayor complejidad, la que más le preocupa, de una investigación como ésta?

R.- El tiempo transcurrido juega en contra. Lo hace no sólo por el hecho de la posible prescripción del delito sino, fundamentalmente, por la pérdida de datos, elementos y vestigios que pudieran obtenerse para su esclarecimiento.

Trataremos de elaborar un listado de víctimas de atentados sin esclarecer y a partir de ahí haremos una exhaustiva comprobación”

P.- Expertos en la lucha contra ETA e investigadores sobre la historia del terrorismo han asegurado que mucha de la documentación e información de los atentados de los años 70 y 80 no se custodió del modo más adecuado, se almacenó en lugares inapropiados, se destruyó o simplemente ha desaparecido. ¿Le preocupa? ¿Habrá que poner al día este tipo de archivos o información?

R.- No me consta la realidad de dicha aseveración

P.- ¿Qué papel van a jugar, o le gustaría que jugasen, los propios presos y ex presos de ETA? ¿Se va a explorar de algún modo que puedan colaborar en ese esclarecimiento de los crímenes pendientes? Ellos siempre han defendido que la delación es la línea roja que jamás cruzarán…

R.- No tengo muchas esperanzas en ello, no lo descarto absolutamente aunque tampoco es algo que me preocupe ni va a ser el “caballo de batalla” de nuestra actuación

P.- Recientemente trascendió que gracias ‘los papeles de ETA’ entregados por Francia se podrá reabrir un caso pendiente, el del funcionario de prisiones, Máximo Casado. Hace algo más de un año se reabrió el caso del agente de la Guardia Civil, Ignacio Mateu. ¿Cuál es el margen para que se puedan reabrir más casos?

R.- La información relativa al asesinato de D. Máximo Casado es errónea. En realidad, el procedimiento ya estaba abierto y con elementos bastantes para sostener la acusación. Lo único que se ha hecho ha sido aportar una documentación original y que ya obraba en copia testimoniada en la causa. Es muy importante ser especialmente cuidadoso cuando se publica este tipo de información en la medida en que se generan falsas expectativas en las víctimas, ocasionando con ello un mal mayor.

El tiempo juega en contra, no sólo por la prescripción sino por la perdida de datos, elementos y vestigios para el esclarecimiento”

P.- Desde el entorno de la lucha antiterrorista o incluso de las asociaciones de víctimas siempre se ha asegurado que no se pueden generar falsas expectativas, que resolver los crímenes pendientes será, en la mayoría de los casos, imposible. ¿Lo comparte?

R.- Estoy totalmente de acuerdo con esta afirmación y para ello me remito a lo anteriormente expuesto.

P.- ¿Se investigarán sólo los crímenes que no estén prescritos o el propósito es que se arroje luz sobre todos ellos, que aunque no se determine el culpable sí se pueda esclarecer lo qué ocurrió?

R.- El derecho a la verdad no prescribe. El derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas exige desarrollar las investigaciones con miras a su total esclarecimiento, tal y como se ha hecho hasta ahora, sin que sea óbice para ello su posible prescripción.

P.- ¿Qué opinión tiene de los actos de homenaje y recibimiento que en el País Vasco y Navarra se brinda a presos de la banda? ¿Habría que prohibirlos? ¿Son actos de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas?

Un delito de enaltecimiento requiere no sólo adular al terrorista sino acreditar un riesgo para la seguridad colectiva”

R.- La jurisprudencia actual exige que para que exista un delito de enaltecimiento es preciso no sólo acreditar la voluntad de justificar o adular al terrorista o a sus actos, sino también el riesgo que tal acto supone para la seguridad colectiva. Bajo estos parámetros debemos de proceder.

P.- La investigación de crímenes sin autoría conocida se extenderá a casos de otros grupos armados? ¿A qué organizaciones?

R.- No hay, en principio, discriminación respecto de la organización terrorista autora del atentado.

P.- ¿También se investigará la ‘guerra sucia’ contra ETA, los casos relacionados con los GAL, la triple AAA o el Batallón Vasco Español, por ejemplo?

R.- Me remito a la contestación anterior.