La Generalitat no confía en cerrar acuerdos en la reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, que se reúne este miércoles por primera vez en siete años en Barcelona. Sí confían, sin embargo, en fijar un calendario y los puntos prioritarios de negociación entre ambas administraciones en ámbitos sectoriales, según ha señalado la portavoz y consellera de Presidencia, Elsa Artadi. El objetivo: activar las comisiones de Infraestructuras, Mixta y Traspasos y establecer un plan de trabajo que permita cerrar acuerdos en la próxima Bilateral, que el ejecutivo catalán confía en volver a reunir el próximo otoño.

En otras palabras, afianzar la relación bilateral con el Estado que los independentistas reclaman desde la reforma del Estatut, al margen de las mesas multilaterales con el resto de las comunidades. El Govern aspira a dar este miércoles el primer paso en ese sentido con una imagen de alto contenido político, la de la reunión en el Palau de la Generalitat que presiden la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, y el conseller de Acción Exterior y Relaciones Institucionales, Ernest Maragall.

En el encuentro participarán también, por parte del Gobierno, los secretarios de Estado de Política Territorial, Ignacio Sánchez Amor; Hacienda, Inés María Bardón; Infraestructuras, Pedro Saura, y Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla, y la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera. Frente a ellos, el vicepresidente y conseller de Economía, Pere Aragonés, Artadi, y el delegado de la Generalitat en Madrid, Ferran Mascarell, además de Maragall. Un grupo escogido para poner las bases de la relación bilateral con el Gobierno y fijar un calendario de encuentros que certifique esa relación.

Artadi matiza las prisas de Puigdemont

En este contexto, Artadi ha intentado rebajar la presión impuesta el fin de semana por Carles Puigdemont, cuando afirmó que se acaba «el tiempo de gracia» concedido por el independentismo al Gobierno de Pedro Sánchez, al que reclaman contrapartidas políticas a su apoyo en la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de La Moncloa. La portavoz del Govern pidió este martes «paciencia» y abogó por «dar un margen» al Gobierno «para ver qué pasos dan», consciente de que no se van a cerrar acuerdos porque los trabajos preparatorios que han liderado los equipos de Batet y Maragall sólo han permitido fijar el orden del día.

Un orden del día en el que estará, de nuevo, la cuestión de los líderes independentistas procesados por su participación en el 1-O y lo que el Govern define como «represión del Estado», en referencia a las investigaciones a maestros o las advertencias y denuncias de la anterior Delegación del Gobierno contra ayuntamientos por su pertenencia a la AMI o la ausencia de símbolos oficiales. Aunque en la Generalitat son conscientes de que ese apartado corresponde a la negociación «al más alto nivel», es decir, a las conversaciones entre el presidente Pedro Sánchez y Quim Torra.

Más allá de la reivindicación política sobre los presos y el derecho de autodeterminación, que también se planteará este miércoles, el Govern confía en cerrar un calendario y una agenda de prioridades sectoriales entre las que destacan dos puntos: activar las tres comisiones sectoriales y recuperar las leyes catalanas recurridas por el Gobierno anterior. En el primer punto, desde la Generalitat señalan que el Gobierno todavía no ha designado a sus representantes en las comisiones de Traspasos, Mixta e Infraestructuras, mesas en las que debe centrarse la negociación técnica de aspectos tradicionalmente prioritarios para Cataluña como la financiación, la mejora de las infraestructuras o los traspasos competenciales pendientes.

Respecto a las leyes recurridas, Gobierno y Generalitat han hecho una clasificación de normativas en función de si ya han sido suspendidas, total o parcialmente, o si están pendientes de dictamen del Tribunal Constitucional para estudiar caso por caso las opciones de recuperación de esos textos. Quim Torra prometió en su investidura recuperar las 16 leyes suspendidas por el Constitucional en la anterior legislatura a petición del Gobierno, entre las que se encuentran la ley de cambio climático, la de pobreza energética, la de igualdad o la de vivienda, que en muchos casos recibieron el apoyo del PSC en el Parlament. Pero también se refirió a las leyes de ruptura -la ley de referéndum y la de transitoriedad jurídica- que quedan fuera del programa negociador del Gobierno.

No nos vamos a pasar un año hablando de Cercanías» advierten desde el Govern para apremiar a Sánchez a abordar también su reivindicación sobre el derecho a la autodeterminación

Por ello, la número tres del Govern se declara dispuesta a negociar cuestiones sectoriales, pero advierte también de que «no nos vamos a pasar un año hablando de Cercanías» para apremiar a Sánchez a abordar también su reivindicación sobre el derecho a la autodeterminación. Los independentistas tienen claro que la Bilateral no se cerrará este miércoles con el acuerdo para crear una comisión sobre un referéndum de independencia, como sueñan algunos de sus fieles, pero advierten que su «apuesta por la responsabilidad» al abrirse a negociar una agenda sectorial con el Gobierno no significa un cheque en blanco para que Pedro Sánchez pueda agotar la legislatura.

«Hay reticencias, la distancia es grande pero eso no implica rendirnos y no explorar todas las opciones. Quien debe dar pasos adelante es el Gobierno, porque en Cataluña existe un consenso amplio sobre votar y esto se tiene que poder ejercer» concluía este martes Artadi. El juego no ha hecho más que empezar.