Las comisiones bilaterales Estado-Generalitat serán el escenario en el que realmente se gestione la distensión entre ambas administraciones. Lo habían pedido tanto el PSC como los Comunes en Cataluña y el Govern avanzó en ese objetivo el pasado martes, cuando aprobó la composición de la parte catalana de las cuatro comisiones, con el objetivo de que sea en su seno donde se debatan soluciones concretas a las reivindicaciones catalanas en materias de financiación, infraestructuras, y transferencias competenciales.

Un ámbito en el que el papel protagonista lo asumirán Elsa Artadi, consejera de Presidencia y principal representante de JxCat en el Govern, y Pere Aragonés, vicepresidente económico y líder de ERC. Tras la insistencia de Artadi en que Quim Torra sólo debía hablar con Pedro Sánchez de «alta política», es decir, de autodeterminación, el Gobierno negociará en las bilaterales con quienes, según el anterior ejecutivo, fueron sus mejores colaboradores en la aplicación del 155. Ambos conocen al dedillo la administración de la Generalitat y tienen suficiente peso en sus partidos para marcar la negociación y los avances que puedan permitir a Pedro Sánchez ganar tiempo en Cataluña.

Cuatro comisiones, la promesa de bilateralidad de Zapatero

El Estatuto de 2006 tenía dos grandes objetivos políticos: solventar el problema de financiación de la Generalitat y dar a Cataluña un especial encaje en España con la creación de cuatro comisiones Estado-Generalitat que institucionalizaban la relación bilateral de la administración autonómica con el Gobierno. La realidad, sin embargo, se impuso especialmente a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional, en 2010. El trabajo de las comisiones, que apenas había empezado, quedó bloqueado.

La Comisión Bilateral Estado-Generalitat es el principal de ese ámbito de relación bilateral. Según el Estatut debía reunirse dos veces al año para analizar el estado de las relaciones entre ambas administraciones, pero no se reúne desde 2011. El Estatut otorga a la Generalitat su presidencia, que el Govern acordó poner en manos del conseller de Asuntos Exteriores y Relaciones Internacionales, Ernest Maragall, aunque es la única comisión integrada por tres consejeros: Maragall, Artadi y Aragonés, además del delegado de la Generalitat en Madrid, Ferran Mascarell.

Comisión económica, de infraestructuras y transferencias

La Comisión Mixta de Asuntos Económicos Estado-Generalitat será el ámbito en el que se concrete la propuesta de financiación autonómica para Cataluña, tanto en lo que respecta al modelo de financiación que debe aprobar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que están presentes todas las comunidades de régimen común, como sobre todo la financiación de políticas concretas como la sanidad, la dependencia o la seguridad, en las que la Generalitat reclama deudas pendientes al margen de la financiación ordinaria.

Pere Aragonés será la voz del Govern en esta comisión, en la que también estará la secretaria de Presidencia, Meritxell Massó, miembro del equipo de Artadi.

Por contra, será Artadi la que presida la Comisión Mixta de Transferencias, cuyo objeto son los traspasos de servicios inherentes a competencias autonómicas. Aunque Aragonés también estará en esa comisión, en la que también participa el «comisionado del 155» Pau Villória, cuyo primer objetivo en el Govern será hacer un balance de las consecuencias de la aplicación del artículo 155, según anunció en su momento Artadi.

Por último, la Comisión Bilateral de Infraestructuras, presidida por el conseller de Territorio, Damià Calvet, que integrará también a representantes de las dos asociaciones de municipios catalanas. Creada en 2010, solo se reunió una vez, el dia de su constitución. En ella debía hacerse el seguimiento de la aplicación de la Disposición Adicional Tercera del Estatut, que comprometía al Gobierno a invertir un mínimo del 16% del presupuesto de infraestructuras en Cataluña, y que fue uno de los artículos anulados por el Tribunal Constitucional.