La visita de Quim Torra a La Moncloa, y el carácter de escenificación simbólica del «nuevo tiempo» en las relaciones entre Gobierno y Generalitat que los dos protagonistas del encuentro quieren dar a esa entrevista será la primera auténtica prueba de fuego del nuevo presidente catalán. Torra acude a La Moncloa consciente de que el mayor rédito que podía sacar de la entrevista ya se ha conseguido: poner sobre la mesa del presidente del Gobierno el derecho de autodeterminación. Y que el mayor riesgo es, ahora, entrar en una dinámica de acuerdos sectoriales que sean vistos por el independentismo «pata negra» como una renuncia.

Practicar el famoso «peix al cove» de Jordi Pujol -la versión catalana del «pájaro en mano»- que el nuevo independentismo desprecia ahora como un ejemplo de falta de ambición, sería visto como una traición. Torra sentirá hoy en Moncloa la mirada vigilante de Carles Puigdemont, del que aseguró ser «presidente custodio», y su máxima aspiración será no ofrecer a Pedro Sánchez ningún triunfo, en forma de acuerdo, que pueda ser leído como una renuncia a lo que el núcleo duro de JxCat ha fijado como objetivos prioritarios.

Por eso el menú planteado por Torra para el encuentro no se sale de esos objetivos: reconocimiento del derecho a la autodeterminación, vía referéndum pactado; libertad para los políticos presos, con el archivo de la causa del 1-O que permita también regresar a los huidos; y denuncia de la persistencia del franquismo, el único punto de encuentro que Sánchez podrá encontrar en la propuesta de diálogo planteada por Torra. Un diálogo, eso sí, que el president aspira a repetir en septiembre en el Palau de la Generalitat, una invitación no pactada en el orden del día que trasladará hoy a Pedro Sánchez.

Torra debe vender en Moncloa que el independentismo ha avanzado algo tras el dramático octubre catalán

Torra se ha impuesto una gruesa línea roja, dejar todas las cuestiones de gestión, incluso demandas ampliamente compartidas como la financiación autonómica, las Cercanías de Renfe o la infra financiación de la sanidad, en manos de las comisiones bilaterales. El president debe hacer «alta política» bilateral con el presidente del Gobierno, es la única manera de marcar distancias con los 45 puntos de Puigdemont, no para corregirlos, sino para vender la ilusión de que se ha avanzado tras el dramático octubre catalán. El president ya no se ocupa de esas cosas.

La moción de la CUP

El gran ejemplo de esos miedos es el apoyo de JxCat y ERC a la moción planteada por la CUP en el Pleno celebrado esta semana. Un texto que supone, de hecho, volver al punto de partida del procés. El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ya reconoció en el Parlament que se trataba de una «gesticulación simbólica inútil» pero aún así votó a favor del texto, que su compañero Roger Torrent se vio obligado a admitir a trámite incurriendo por primera vez desde que es presidente del Parlament en riesgos jurídicos personales.

El Govern y los partidos que le dan apoyo sabían que sería una piedra en el zapato a cuatro días de visitar La Moncloa. Pero no se atrevieron a rechazar la moción de la CUP precisamente a escasos días de ese encuentro. Elsa Artadi intentaba justificarlo el viernes señalando que «la moción dice esencialmente que nuestro objetivo es la independencia, no es ninguna novedad». Pero sabe que esa moción contraviene una sentencia y varias advertencias del Tribunal Constitucional, a las que se remitió el Consejo de Ministros para recurrir el texto.

«Será una mala noticia y la constatación de que el actual Gobierno no es diferente del anterior» señaló poco antes de que la portavoz, Isabel Celaá, anunciara la presentación del recurso. Tras confirmarse el recurso, el Govern repitió la queja, defendiendo la «soberanía» del Parlament para plantear los debates que estime oportunos.

La negativa a hablar de financiación

La segunda prueba de esos temores es la negativa de Torra y su ejecutivo a hablar de financiación autonómica. Ha sido la gran batalla de todos los gobiernos autonómicos catalanes, nacionalistas, socialistas e incluso independentistas. Hasta ahora. «Es usted el único nacionalista que respeta la voluntad de un presidente del Gobierno español a no hablar de financiación» le ha recriminado en repetidas ocasiones el líder de los comunes, Xavier Doménech, con ironía.

De hecho, Torra no tiene intención de plantear ninguna de las reivindicaciones históricas del catalanismo, esas que fundamentan la desafección anunciada en su día por José Montilla. Pero la financiación menos que ninguna otra. «Esto ya no es una cuestión de dinero» repite insistentemente el independentismo cuando se argumenta que una mejora en la financiación podría solventar buena parte del problema. Y lo hacen, precisamente, porque el argumento del dinero ha sido durante años su gran baza, y perder esa baza podría ser definitivo para empezar a perder adeptos.

Y aún en esta línea de marcar distancias, la decisión de comparecer en el Centro Blanquerna, sede de la Delegacion de la Generalitat en Madrid, y no en La Moncloa, como hacen todos los presidentes autonómicos. Torra sigue así el protocolo impuesto por Artur Mas en 2012 para oficializar su ruptura con el Gobierno de Mariano Rajoy por negarse a hablar del pacto fiscal que reclamaba Cataluña. Una escenificación que Puigdemont repitió en febrero de 2017. El equipo de Presidencia ha debatido esta semana qué hacer, pero finalmente se ha impuesto la tesis de los «halcones» de Palau, y Torra abandonará a La Moncloa para atender a la prensa en «su» casa.

Mientras, el Govern nombra miembros en las comisiones bilaterales y la mayoría independentista aprueba una propuesta del PSC

Pero el Govern también ha dado pasos en la dirección contraria. El más trascendente, además de mantener el diálogo con un encuentro en el Palau de la Generalitat, es la designación de los miembros de las cuatro comisiones bilaterales derivadas del Estatut de 2006, alguna de las cuales no se ha reunido nunca. Se trata en primer lugar de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, que presidirá el conseller de Acción Exterior y Relaciones Institucionales, Ernest Maragall, pero en la que también participarán Artadi y el vicepresidente Pere Aragonés, auténticos pesos pesados del Govern.

Pero también de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, presidida por Aragonés, a la que Esquerra quiere derivar el debate de la financiación, la Bilateral de Infraestructuras y la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Generalitat. Este será el escenario en el que Gobierno y Generalitat negocien los acercamientos reales y tangibles. Parece poco probable que la designación de sus miembros sea ajena al intercambio de papeles que Artadi y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, han protagonizado en las últimas semanas.

Otra señal de distensión se vio el jueves en el Parlament. Poco antes de dejarse arrastrar por la CUP al punto de origen del procés JxCat y ERC se sumaron a una propuesta del PSC, secundada también por CatEC, en favor de la recuperación del «consenso político y social sobre los grandes temas». Una declaración de intenciones cuyo gran avance está, precisamente, en que se trata de la primera votación compartida por los partidos independentistas y el PSC desde el pleno de la ruptura del 6 y 7 de septiembre.

Se trata de señales contradictorias que permiten vislumbrar la tensión que se vive en el seno del actual gobierno catalán, presionado a partes iguales por el «exilio» -Carles Puigdemont- y las prisiones -Oriol Junqueras- Que es tanto como decir tensionado por quienes quieren mantener a toda costa la confrontación con el Estado y quienes buscan vías de acercamiento y distensión.