Jueces para la Democracia (JpD) ha calificado de «correcta y ajustada a derecho» la personación del Gobierno en el procedimiento judicial que se sigue ante los tribunales de Bélgica por la demanda presentada por Carles Puigdemont contra el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

La única asociación judicial que hasta ahora no había opinado sobre este asunto ha hecho público un comunicado en el que coincide con las demás en «su compromiso en defensa de la soberanía e integridad de la jurisdicción española».

También expresa su «rotunda oposición al uso de las normas y mecanismos judiciales» para lograr «el enjuiciamiento ante tribunales extranjeros de un magistrado español por los actos realizados en ejercicio de sus funciones».

«Por ello, consideramos correcta y ajustada a derecho la personación de España en el procedimiento que se sigue ante los tribunales de Bélgica, tal y como ha anunciado el Ministerio de Justicia».

El departamento que dirige Dolores Delgado informó de que contrataría un bufete privado de abogados que defienda «la soberanía e inmunidad jurisdiccional» de España en el procedimiento abierto contra Llarena si el tribunal belga cuestiona la causa del «procés» que instruye este juez.

Así, la postura del Gobierno es la de defender la jurisdicción de España en este procedimiento pero dejando el amparo legal y el apoyo al juez, que debe comparecer el día 4 de septiembre ante el tribunal belga, al propio Poder Judicial, según subrayó el pasado viernes la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo.

El resto de asociaciones han exigido al Gobierno que asuma ante la justicia belga la defensa del magistrado

Pero el resto de asociaciones judiciales -la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente- y la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, han exigido al Gobierno que asuma ante la justicia belga la defensa del magistrado del Tribunal Supremo.

La Unión Progresistas de Fiscales no secundó el comunicado conjunto de las anteriores y emitió ayer el suyo propio. En él, mostraba su «unidad en defensa» de Llarena y «la necesidad de que el estado español se persone en el procedimiento judicial iniciado en Bélgica a fin de alegar, como cuestión previa, la inmunidad de jurisdicción en relación al libre ejercicio de su funciones en el ámbito del proceso penal iniciado en España».

El informe elaborado por la Abogacía del Estado sobre la forma de actuar ante la demanda civil en Bélgica contra Llarena, defiende que concurren los requisitos para que España se persone en dicho procedimiento sin los reparos añadidos por el Ministerio de Justicia, que condiciona dicha personación a los términos en los que resulte admitida la demanda.

El Ministerio de Dolores Delgado anunció este jueves que los Servicios Jurídicos del Estado defenderían la soberanía de la jurisdicción de los tribunales españoles ante la justicia belga pero que «en ningún caso» ello debía entenderse como una defensa personal del magistrado del alto tribunal por «actos privados que se le atribuyen» en la demanda, que ha sido promovida por el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros.

COMUNICADO ÍNTEGRO DE JUECES POR LA DEMOCRACIA

A la vista de la demanda presentada ante los Tribunales de Bélgica frente al Magistrado Pablo Llarena la asociación Juezas y jueces para la Democracia quiere poner de manifiesto su compromiso en defensa de la soberanía e integridad de la jurisdicción española.

Manifestamos igualmente nuestra rotunda oposición al uso de las normas y mecanismos judiciales para lograr el enjuiciamiento ante tribunales extranjeros de un magistrado español por los actos realizados en ejercicio de sus funciones.

Por ello consideramos correcta y ajustada a derecho la personación de España en el procedimiento que se sigue ante los tribunales de Bélgica, tal y como ha anunciado el Ministerio de Justicia.